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El secuestro y posterior asesinato a sangre fría del equipo periodístico de El Comercio, perpetrados por la disidencia Oliver Sinisterra entre marzo y abril de 2018, ya tiene su primer condenado. Se trata de Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, quien aceptó haber participado en el plagio en zona ecuatoriana y, además, haber custodiado a los tres hombres hasta que Walter Patricio Arízala, alias Guacho, ordenó asesinarlos en medio de la selva nariñense.
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“Ante la contundencia de los elementos de prueba recopilados por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, alias Reinel aceptó su responsabilidad en los hechos y, desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá) donde permanece privado de la libertad, realizó un acto virtual de perdón con los familiares de las víctimas”, informó la Fiscalía.
Ante el Juzgado Primero Penal de Circuito de Tumaco (Nariño), alias Reinel aceptó su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado. Tras pactar un preacuerdo con la Fiscalía y recibir el aval de un juez, el exdisidente de la Oliver Sinisterra fue condenado a 28 años y ocho meses de prisión y, además, se le impuso una multa de más de $4.500 millones. Las víctimas fueron el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.
#HayJusticia | La Fiscalía General de la Nación obtuvo condena de 28 años y 8 meses de prisión contra Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, por el secuestro y homicidio de un equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador. pic.twitter.com/AorPBAnYO1
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 30, 2021
De acuerdo con la Fiscalía, todavía se está verificando otro preacuerdo con el exdisidente Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, quien salpicó a Reinel en interrogatorios pasados. Además, el ente investigador aseguró que pronto iniciará el juicio contra a Gustavo Ospina Hernández, alias Barbas, quien fue dejado en libertad en junio de 2020, pues la misma Fiscalía no aportó, dentro del proceso, la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Oliver Sinisterra como grupo armado organizado.
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Por otro lado, el ente investigador anunció que imputará a otros dos presuntos participantes del crimen ordenado por alias Guacho, quien comandó el Frente Oliver Sinisterra hasta su muerte, que se dio en un operativo de las Fuerza Pública, el 21 de diciembre de 2018. Quienes serán vinculados a la investigación son Jesús Alfredo Segura Arroyo, alias Roberto, y Juan Carlos Portocarrero, alias Chucky, ambos presos mientras se desarrolla su proceso penal por la muerte de tres investigadores del CTI en La Guayacana, en 2018, en Tumaco (Nariño).
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), por su parte, reaccionó a la condena de alias Reinel indicando que la Fiscalía no debería “vanagloriarse” por la decisión, pues sería el resultado de la persistencia de la familia de las víctimas. Además, la fundación denuncia que habría elementos que evidenciarían que la Fuerza Pública adelantó acciones militares en la zona donde posiblemente se encontraba el equipo periodístico, lo cual habría sido clave para romper las negociaciones de liberación.
“La condena es solo una pieza del rompecabezas de esta lamentable historia. Como lo manifestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -en el informe final del equipo de seguimiento especial que se constituyó para el caso- siguen existiendo hipótesis que no han sido investigadas, el Estado ha negado el acceso a información relevante sobre el manejo del secuestro y no se ha garantizado una reparación integral a las víctimas, lo cual resulta indispensable para las familias de Javier, Paúl y Efraín”, agregó la Flip.
El crimen de los periodistas de El Comercio
En marzo de 2018, un equipo periodístico de El Comercio viajó a Esmeraldas, una provincia ecuatoriana que colinda con el departamento de Nariño, en búsqueda de pistas sobre el periodo de violencia que estaba viviendo la región. El 27 de enero de 2018, un cuartel policial de San Lorenzo fue atacado con un carro-bomba que dejó alrededor de 14 heridos. El responsable, se sabría después, era Guacho. Tres semanas después, los diarios registraron un enfrentamiento entre militares ecuatorianos y grupos armados ilegales. El 20 de marzo de 2018, seis días antes del secuestro, en Esmeraldas estalló un artefacto explosivo cerca de una unidad militar.
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Tal era la magnitud de la oleada criminal que el equipo periodístico de El Comercio se desplazó a la región y, en medio de la trayectoria, fueron advertidos en un retén militar sobre la presencia de grupos armados provenientes de Nariño. El 26 de marzo de 2018, miembros de las disidencias de las Farc los secuestraron mientras se desplazaban por el río Mataje, a pocos kilómetros de la frontera entre Ecuador y Colombia. Ese mismo día se perdió toda comunicación con los periodistas, los cuales fueron declarados como víctimas de secuestro.
Una vez el gobierno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno activó el protocolo de búsqueda, todos los reflectores se posaron sobre Wálter Patricio Arízala, alias Guacho, quien entonces era el jefe de la estructura Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc. Ese mismo año, el 22 de diciembre, las autoridades colombianas confirmaron su muerte tras una operación militar llevada a cabo en la vereda Peña Cataño, en cercanías de Tumaco (Nariño). Durante todo el 2018 fue uno de los hombres más buscados del país, pues fue señalado como el principal perpetrador del asesinato de Ortega, Rivas y Segarra.
Regresando a la historia, los días pasaron tras la desaparición del equipo y en Ecuador se adelantaron marchas con las que la sociedad civil de ese país (que nunca había vivido una tragedia de esta magnitud) exigía al expresidente Lenín Moreno agilizar la liberación. El 3 de abril de 2018, siete días después del secuestro, Noticias RCN divulgó la única prueba de supervivencia entregada por los disidentes de las Farc. “Señor presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras (vidas)”, dijo el reportero Javier Ortega en un audio. Además, el comunicador aseguró que los secuestros, para entonces, “no iban a parar”.
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El 12 de abril de 2018, en medio de la incertidumbre por los escasez de información, de nuevo el medio televisivo reveló imágenes que supuestamente pertenecían a los cadáveres del equipo periodístico de El Comercio. Al día siguiente, el entonces presidente Moreno confirmó la prueba, explicándole a ambos países bajo tensión que los periodistas habían sido “ejecutados”. En Ecuador, tras la confirmación del hecho, se declararon cuatro días de duelo. El expresidente Juan Manuel Santos viajó al vecino país para coordinar operaciones en la zona fronteriza y ofrecer una recompensa de hasta $400 millones por información de alias Guacho.
El 8 de julio de 2018, un juzgado de garantías de Cali envió a la cárcel de Combita, en Boyacá, a Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, quien desde el principio fue señalado por las autoridades como el hombre cuyo trabajo fue custodiar a los periodistas del El Comercio, mientras se encontraban en cautiverio. La información fue compartida por Pedro Vaca, para esa época presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Alias Reinel, en ese momento, fue imputado en audiencias concentradas por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado, cargos que no había aceptado hasta hoy. De acuerdo con la hipótesis investigativa, Reinel estaba al mando de 300 personas con armamento.
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Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, un presunto miembro del frente Oliver Sinisterra, rindió testimonio durante el proceso de alias Reinel, asegurando que el hoy condenado participó en el asesinato de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Desde entonces, la Fiscalía también imputó por el delito de homicidio a Reinel. Alias Cherry, por su parte, fue imputado el pasado 15 de noviembre también por el asesinato de tres agentes del CTI en Tumaco. La Fiscalía le abrió una investigación por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, hurto calificado y agravado y daño en bien ajeno.