Crímenes de Jaime Garzón y Eduardo Umaña fueron declarados de lesa humanidad

El Espectador pudo establecer que la Fiscalía acaba de declarar como crimen de lesa humanidad el caso de Jaime Garzón. La decisión se produce después de 17 años de haber sido asesinado cuando iba camino a su trabajo en Radionet, el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. De igual manera, según fuentes de alta credibilidad, la Fiscalía dejó lista la resolución con que declaró de lesa humanidad el crimen del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña, quien fue ejecutado en su propia oficina por tres sicarios el 18 de abril de 1998.

“Las circunstancias que rodearon la muerte de Jaime Garzón Forero, tal cual y como quedaron plasmadas, se produjeron en medio de un ataque generalizado y sistemático, propiciado y/o auspiciado desde la institucionalidad estatal, en contra de un grupo determinado de individuos con características políticas comunes”, se lee en el documento de la Fiscalía conocido por este diario.

En abril de este año, la Fiscalía empezó a revisar los casos de los asesinatos de Eduardo Umaña, Jesús María Valle, Mario Calderón y Elsa Alvarado para hallar puntos en común con el de Jaime Garzón. Hoy, tras varios meses de investigación, la Fiscalía por fin declaró que el homicidio del periodista Garzón y el abogado Umaña fueron crímenes de lesa humanidad. Lo mismo hará en los próximos días con los casos del defensor de derechos Valle y de los investigadores del Cinep, Calderón y Alvarado.

Todos murieron en un contexto de violencia extrema contra periodistas y defensores de derechos humanos en manos del paramilitarismo y con participación de agentes del Estado. Los primeros en morir fueron Mario Calderón y Elsa Alvarado, asesinados el 19 de mayo de 1997. El siguiente fue Valle, el 27 de febrero de 1998. Luego fue Umaña, el 18 de abril de 1998. Y finalmente, Garzón, el 13 de agosto de 1999. La Fiscalía le dijo a Noticias Caracol el 9 de marzo de este año que se trató de un crimen de Estado.

De acuerdo con la resolución de la Fiscalía, tanto Garzón, como Umaña, Valle, Calderón y Alvarado eran considerados por las Fuerzas Militares como enemigos internos, una teoría que desde los años 60 se venía fomentando dentro del Ejército. Decían, además, que personas de ese perfil, "inconformes", debían tratarse como traidores o como guerrilleros en potencia. Bajo esta fórmula, y con la "excusa" de estar luchando en contra de la insurgencia, señaló la Fiscalía, la Fuerza Pública declaró como objetivo legítimo a defensores de derechos humanos por su trabajo, o por tener algún tipo de postura crítica frente al Estado.  

Y los mataron a los cinco. En realidad, fueron muchos más. Según cifras de la ONU, que recoge la propia Fiscalía, entre 1998 y 2014 se cometieron 1.293 homicidios de defensores en el país. En el caso de Garzón, Umaña, Valle, Calderón y Alvarado, los crímenes tuvieron varios patrones criminales en común que la propia Fiscalía se dedicó a investigar. Algunos parecidos entre estos casos los enunció El Espectador en su edición del 18 de abril pasado.

Por una parte, en los años 90, el trabajo de ellos cinco incomodaba al Estado y, especialmente, a las Fuerzas Militares. Garzón, por su lado, había empezado a mediar entre la guerrilla y familiares de secuestrados. Umaña estaba denunciando con firmeza las atrocidades que se cometían en nombre de la justicia sin rostro. Valle, desde Antioquia, había sido etiquetado por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, como un “enemigo de las Fuerzas Militares” por sus denuncias sobre la participación del Ejército en las masacres de Ituango (Antioquia). Y Calderón y Alvarado eran investigadores del Cinep, organización que lleva décadas documentando, entre otras cosas, los alcances del paramilitarismo.

La Fiscalía explicó en la resolución en la que declaró que el crimen de Jaime Garzón de lesa humanidad, que también había un modus operandi común en la ejecución los homicidios de defensores de derechos humanos: una vez se declaraban como objetivo legítimo, la información se la transmitían los militares a Carlos Castaño Gil, máximo jefe de las Auc, y él era quien ordenaba a la banda sicarial La Terraza para que apretara el gatillo. El documento menciona que además de darle la información a Castaño, los propios militares y paramilitares elaboraban listas con los nombres de sus víctimas. (Lea más sobre este modus operandi aquí)

El exjefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, aceptó la responsabilidad de los "paras" en estos cinco asesinatos e incluso habló de la participación de oficiales de las Fuerzas Militares. La justicia, sin embargo, poco ha hecho para esclarecer en todos estos casos quiénes estuvieron detrás de los crímenes. El caso de Jaime Garzón es el más adelantado: ya están en juicio por ejemplo José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, y el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo. En los otros casos, la impunidad ha sido la reina.   

El Espectador pudo establecer que la Fiscalía acaba de declarar como crimen de lesa humanidad el caso de Jaime Garzón. La decisión se produce después de 17 años de haber sido asesinado cuando iba camino a su trabajo en Radionet, el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. De igual manera, según fuentes de alta credibilidad, la Fiscalía dejó lista la resolución con que declaró de lesa humanidad el crimen del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña, quien fue ejecutado en su propia oficina por tres sicarios el 18 de abril de 1998.

“Las circunstancias que rodearon la muerte de Jaime Garzón Forero, tal cual y como quedaron plasmadas, se produjeron en medio de un ataque generalizado y sistemático, propiciado y/o auspiciado desde la institucionalidad estatal, en contra de un grupo determinado de individuos con características políticas comunes”, se lee en el documento de la Fiscalía conocido por este diario.

En abril de este año, la Fiscalía empezó a revisar los casos de los asesinatos de Eduardo Umaña, Jesús María Valle, Mario Calderón y Elsa Alvarado para hallar puntos en común con el de Jaime Garzón. Hoy, tras varios meses de investigación, la Fiscalía por fin declaró que el homicidio del periodista Garzón y el abogado Umaña fueron crímenes de lesa humanidad. Lo mismo hará en los próximos días con los casos del defensor de derechos Valle y de los investigadores del Cinep, Calderón y Alvarado.

Todos murieron en un contexto de violencia extrema contra periodistas y defensores de derechos humanos en manos del paramilitarismo y con participación de agentes del Estado. Los primeros en morir fueron Mario Calderón y Elsa Alvarado, asesinados el 19 de mayo de 1997. El siguiente fue Valle, el 27 de febrero de 1998. Luego fue Umaña, el 18 de abril de 1998. Y finalmente, Garzón, el 13 de agosto de 1999. La Fiscalía le dijo a Noticias Caracol el 9 de marzo de este año que se trató de un crimen de Estado.

De acuerdo con la resolución de la Fiscalía, tanto Garzón, como Umaña, Valle, Calderón y Alvarado eran considerados por las Fuerzas Militares como enemigos internos, una teoría que desde los años 60 se venía fomentando dentro del Ejército. Decían, además, que personas de ese perfil, "inconformes", debían tratarse como traidores o como guerrilleros en potencia. Bajo esta fórmula, y con la "excusa" de estar luchando en contra de la insurgencia, señaló la Fiscalía, la Fuerza Pública declaró como objetivo legítimo a defensores de derechos humanos por su trabajo, o por tener algún tipo de postura crítica frente al Estado.  

Y los mataron a los cinco. En realidad, fueron muchos más. Según cifras de la ONU, que recoge la propia Fiscalía, entre 1998 y 2014 se cometieron 1.293 homicidios de defensores en el país. En el caso de Garzón, Umaña, Valle, Calderón y Alvarado, los crímenes tuvieron varios patrones criminales en común que la propia Fiscalía se dedicó a investigar. Algunos parecidos entre estos casos los enunció El Espectador en su edición del 18 de abril pasado.

Por una parte, en los años 90, el trabajo de ellos cinco incomodaba al Estado y, especialmente, a las Fuerzas Militares. Garzón, por su lado, había empezado a mediar entre la guerrilla y familiares de secuestrados. Umaña estaba denunciando con firmeza las atrocidades que se cometían en nombre de la justicia sin rostro. Valle, desde Antioquia, había sido etiquetado por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, como un “enemigo de las Fuerzas Militares” por sus denuncias sobre la participación del Ejército en las masacres de Ituango (Antioquia). Y Calderón y Alvarado eran investigadores del Cinep, organización que lleva décadas documentando, entre otras cosas, los alcances del paramilitarismo.

La Fiscalía explicó en la resolución en la que declaró que el crimen de Jaime Garzón de lesa humanidad, que también había un modus operandi común en la ejecución los homicidios de defensores de derechos humanos: una vez se declaraban como objetivo legítimo, la información se la transmitían los militares a Carlos Castaño Gil, máximo jefe de las Auc, y él era quien ordenaba a la banda sicarial La Terraza para que apretara el gatillo. El documento menciona que además de darle la información a Castaño, los propios militares y paramilitares elaboraban listas con los nombres de sus víctimas. (Lea más sobre este modus operandi aquí)

El exjefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, aceptó la responsabilidad de los "paras" en estos cinco asesinatos e incluso habló de la participación de oficiales de las Fuerzas Militares. La justicia, sin embargo, poco ha hecho para esclarecer en todos estos casos quiénes estuvieron detrás de los crímenes. El caso de Jaime Garzón es el más adelantado: ya están en juicio por ejemplo José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, y el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo. En los otros casos, la impunidad ha sido la reina.