Crisis carcelaria, a examen en la Corte Constitucional

En el 2013, la Corte Constitucional determinó que había una vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en Colombia. Ese estado de cosas inconstitucionales lo reiteró en otro fallo del 2015, considerando que la política criminal colombiana "ha sido reactiva, populista, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad". Desde entonces, el alto tribunal hace seguimiento a las medidas para corregir esta situación y ahora citó a una audiencia pública el próximo 25 de octubre para analizar qué tanto se ha avanzado para superar la crisis carcelaria.

(Consulte aquí un especial de El Espectador: Radiografía carcelaria en Colombia)

Y es que a hoy, 26 de spetiembre de 2018, en las prisiones del país hay un hacienamiento del 49,42 % según el Inpec. Esto, ya que hay cupos para 80.203 personas y actualmente hay detenidas 119.840. De estas, 81.569 están condenadas y el resto a la espera de que la justicia resuelva su situación. Por si fuera poco, no es un secreto que en penales del país existen malas condiciones en materia de alimentos, agua, luz y servicios de salud.

Por eso, la Corte decidió que era hora de hacer una rendición de cuentas y en la audiencia, el Inpec, el Ministerio de Justicia, el de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Uspec, el Fiscal General de la Nación, un delegado del Congreso de la República ante el Consejo Superior de Política Criminal, entre otros, deberán explicar en qué se ha avanzado con respecto de unos mínimos que estableció la Corte, y que se deben garantizar para la vida en reclusión: infraestructura, resocialización, alimentación, salud, servicios públicos domiciliarios y acceso a la administración pública y a la justicia. 

(Le puede interesar: Las cárceles en Colombia, una historia de hacinamiento)

"La celebración de una audiencia pública constituye un aporte relevante en esta etapa del seguimiento a la superación del ECI, debido a que propicia la discusión entre los actores de la política con relación a los logros, estancamientos o retrocesos en la efectiva protección de los derechos de las personas privadas de la libertad en el país", señaló la Corte. La diligencia estará dividida en ejes temáticos: estado actual de la vida en reclusión en Colombia; medidas contingentes o de choque para la garantía de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad y la coherencia en la política criminal.

(Lea: ¿Cuánto le cuesta un preso al Estado? Así es la inversión en las cárceles de Colombia)

En el 2013, la Corte Constitucional determinó que había una vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en Colombia. Ese estado de cosas inconstitucionales lo reiteró en otro fallo del 2015, considerando que la política criminal colombiana "ha sido reactiva, populista, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad". Desde entonces, el alto tribunal hace seguimiento a las medidas para corregir esta situación y ahora citó a una audiencia pública el próximo 25 de octubre para analizar qué tanto se ha avanzado para superar la crisis carcelaria.

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Y es que a hoy, 26 de spetiembre de 2018, en las prisiones del país hay un hacienamiento del 49,42 % según el Inpec. Esto, ya que hay cupos para 80.203 personas y actualmente hay detenidas 119.840. De estas, 81.569 están condenadas y el resto a la espera de que la justicia resuelva su situación. Por si fuera poco, no es un secreto que en penales del país existen malas condiciones en materia de alimentos, agua, luz y servicios de salud.

Por eso, la Corte decidió que era hora de hacer una rendición de cuentas y en la audiencia, el Inpec, el Ministerio de Justicia, el de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Uspec, el Fiscal General de la Nación, un delegado del Congreso de la República ante el Consejo Superior de Política Criminal, entre otros, deberán explicar en qué se ha avanzado con respecto de unos mínimos que estableció la Corte, y que se deben garantizar para la vida en reclusión: infraestructura, resocialización, alimentación, salud, servicios públicos domiciliarios y acceso a la administración pública y a la justicia. 

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"La celebración de una audiencia pública constituye un aporte relevante en esta etapa del seguimiento a la superación del ECI, debido a que propicia la discusión entre los actores de la política con relación a los logros, estancamientos o retrocesos en la efectiva protección de los derechos de las personas privadas de la libertad en el país", señaló la Corte. La diligencia estará dividida en ejes temáticos: estado actual de la vida en reclusión en Colombia; medidas contingentes o de choque para la garantía de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad y la coherencia en la política criminal.

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