Crisis de Viva Air: un grupo de ciudadanos demandó a la aerolínea

La Corporación Foro Ciudadano, una organización defensora de los derechos humanos y colectivos, interpuso una acción popular contra la empresa Viva Air. La demanda colectiva tiene como origen la suspensión de operaciones desde el pasado lunes 27 de febrero de la aerolínea de bajo costo y que afectó los derechos de más de 30.000 pasajeros. El objetivo de la acción es obtener el pago de la reparación de los daños ocasionados a los usuarios de la aerolínea durante su cese de operaciones.

(Le puede interesar: Por crisis de Viva Air, Procuraduría citó a mesa de diálogo)

Son cuatro hechos que sustentan la acción colectiva. El primero fue el cierre repentino de los servicios de la aerolínea. El segundo, según los abogados de la demanda, es que la empresa conocía sus problemas económicos y, a pesar de ello, siguió vendiendo tiquetes aéreos. El tercero es que Viva Air dejó a la deriva a sus usuarios, pudiendo encontrar una forma que generara menor afectación que un cierre sorpresivo. Y, el cuarto hecho, se refiere al grave daño material e inmaterial al grupo de los miles de usuarios del servicio de transporte aéreo que habían comprado tiquetes y que no pudieron o no podrán utilizarlos.

“Con la conducta dañina de la empresa Viva Air, se le ha ocasionado grave daño material e inmaterial a un grupo determinado de personas identificado como los usuarios del servicio de transporte aéreo que habían comprado tiquetes de avión a la firma Viva Air y que no pudieron o no podrán utilizarlos, ante la arbitraria, abusiva e ilegal conducta de la empresa Viva Air, quien de manera unilateral decidido suspender de manera inmediata sus operaciones”, así se justifica en el documento de la acción popular.

(En contexto: Guía para entender lo que pasa con Viva Air: dueños, vuelos, costos y lo que viene)

Entre las pretensiones de los demandantes está que se ordene la reparación de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados al grupo de personas afectadas. Tales daños, dice el colectivo, están cuantificados, no solamente en la totalidad de dinero recibido de sus usuarios por el valor de tiquetes aéreos, sino en los daños colaterales por el incumplimiento en su labor de transporte, por gastos de manutención y hospedaje a causa de la interrupción de los vuelos, los retardos causados. En la demanda, el grupo de ciudadanos exige que se les pague una suma de 1.000 dólares por las anteriores causas, y la misma suma por el impacto psicológico de la suspensión de sus vuelos.

De esta manera, el colectivo afirma que estos hechos afectan a más de 20 personas y eso hace posible el ejercicio de la acción de grupo. Una acción popular como esta, puede ser interpuesta por cualquier ciudadano colombiano para exigir la protección de derechos que afectan a un grupo de personas específico. El abogado Ricardo Cifuentes y director de la organización que interpuso la demanda, invitó a los usuarios de Viva Air que deseen participar de la acción de grupo. Mediante el comunicado, dice que podrán hacerlo sin ningún costo, llenando el poder que se puede descargar de la página web de su corporación.

(Lea también: Superintendencia de Transporte le ordena a Viva compensar a los pasajeros)

Según Viva Air esta crisis fue anunciada, lo manifestó mediante un comunicado afirmando que hay demoras de más de siete meses por parte de Aeronáutica Civil, para que le permita hacer parte de un grupo de aerolíneas más fuerte y con mayor capital. Viva Air afirma que esa sería la única manera de continuar volando y han recibido ofertas de las aerolíneas: Latam, Jetsamart y Avianca. Además, los trabajadores de Viva Air, que suman más de 5.000 personas, también resultaron afectados por esta compleja situación. Incluso, enviaron una carta la semana pasada a la Aerocivil pidiéndole autorizar “una inyección de capital que salve a la empresa, sin importar de donde provenga”.

Mientras tanto, la Superintendencia de Transporte abrió una investigación en contra de Viva Air por las afectaciones generadas con su decisión de suspender operaciones. Así mismo, la entidad impuso una medida administrativa en la que le ordena a la aerolínea implementar un plan de atención a los usuarios dentro del cual se tomen “medidas compensatorias” y los reembolsos a los que haya lugar. Por su parte, la Procuraduría citó el pasado 1 de marzo a una mesa de diálogo. La idea es que, de la mano del ente de control, las cabezas del sector transporte encuentren salidas a la crisis que generó la decisión de esta compañía de cancelar todos sus vuelos a partir de esta semana.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Corporación Foro Ciudadano, una organización defensora de los derechos humanos y colectivos, interpuso una acción popular contra la empresa Viva Air. La demanda colectiva tiene como origen la suspensión de operaciones desde el pasado lunes 27 de febrero de la aerolínea de bajo costo y que afectó los derechos de más de 30.000 pasajeros. El objetivo de la acción es obtener el pago de la reparación de los daños ocasionados a los usuarios de la aerolínea durante su cese de operaciones.

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Son cuatro hechos que sustentan la acción colectiva. El primero fue el cierre repentino de los servicios de la aerolínea. El segundo, según los abogados de la demanda, es que la empresa conocía sus problemas económicos y, a pesar de ello, siguió vendiendo tiquetes aéreos. El tercero es que Viva Air dejó a la deriva a sus usuarios, pudiendo encontrar una forma que generara menor afectación que un cierre sorpresivo. Y, el cuarto hecho, se refiere al grave daño material e inmaterial al grupo de los miles de usuarios del servicio de transporte aéreo que habían comprado tiquetes y que no pudieron o no podrán utilizarlos.

“Con la conducta dañina de la empresa Viva Air, se le ha ocasionado grave daño material e inmaterial a un grupo determinado de personas identificado como los usuarios del servicio de transporte aéreo que habían comprado tiquetes de avión a la firma Viva Air y que no pudieron o no podrán utilizarlos, ante la arbitraria, abusiva e ilegal conducta de la empresa Viva Air, quien de manera unilateral decidido suspender de manera inmediata sus operaciones”, así se justifica en el documento de la acción popular.

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Entre las pretensiones de los demandantes está que se ordene la reparación de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados al grupo de personas afectadas. Tales daños, dice el colectivo, están cuantificados, no solamente en la totalidad de dinero recibido de sus usuarios por el valor de tiquetes aéreos, sino en los daños colaterales por el incumplimiento en su labor de transporte, por gastos de manutención y hospedaje a causa de la interrupción de los vuelos, los retardos causados. En la demanda, el grupo de ciudadanos exige que se les pague una suma de 1.000 dólares por las anteriores causas, y la misma suma por el impacto psicológico de la suspensión de sus vuelos.

De esta manera, el colectivo afirma que estos hechos afectan a más de 20 personas y eso hace posible el ejercicio de la acción de grupo. Una acción popular como esta, puede ser interpuesta por cualquier ciudadano colombiano para exigir la protección de derechos que afectan a un grupo de personas específico. El abogado Ricardo Cifuentes y director de la organización que interpuso la demanda, invitó a los usuarios de Viva Air que deseen participar de la acción de grupo. Mediante el comunicado, dice que podrán hacerlo sin ningún costo, llenando el poder que se puede descargar de la página web de su corporación.

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Según Viva Air esta crisis fue anunciada, lo manifestó mediante un comunicado afirmando que hay demoras de más de siete meses por parte de Aeronáutica Civil, para que le permita hacer parte de un grupo de aerolíneas más fuerte y con mayor capital. Viva Air afirma que esa sería la única manera de continuar volando y han recibido ofertas de las aerolíneas: Latam, Jetsamart y Avianca. Además, los trabajadores de Viva Air, que suman más de 5.000 personas, también resultaron afectados por esta compleja situación. Incluso, enviaron una carta la semana pasada a la Aerocivil pidiéndole autorizar “una inyección de capital que salve a la empresa, sin importar de donde provenga”.

Mientras tanto, la Superintendencia de Transporte abrió una investigación en contra de Viva Air por las afectaciones generadas con su decisión de suspender operaciones. Así mismo, la entidad impuso una medida administrativa en la que le ordena a la aerolínea implementar un plan de atención a los usuarios dentro del cual se tomen “medidas compensatorias” y los reembolsos a los que haya lugar. Por su parte, la Procuraduría citó el pasado 1 de marzo a una mesa de diálogo. La idea es que, de la mano del ente de control, las cabezas del sector transporte encuentren salidas a la crisis que generó la decisión de esta compañía de cancelar todos sus vuelos a partir de esta semana.

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