Crisis en Cauca: “La historia ha demostrado que el conflicto no se soluciona con ataques”

En plena búsqueda de un diálogo de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, disidencias de las FARC pertenecientes al Estado Mayor Central (EMC) atentaron contra la vida de cuatro integrantes de la Fuerza Pública en Cauca. En el video quedó registrado su propia narración de los hechos. Se nota una voz que muestra como triunfo la matanza, los chalecos ensangrentados y el material de guerra de los policías. Las reacciones no tardaron en llegar, el Presidente, ministros y los gobernadores de varios departamentos se pronunciaron con preocupaciones relacionadas con las próximas elecciones. Sin embargo, es la población local la que está en medio del conflicto y ahora también, quedan, al parecer, en el último bando de una puja política.

En plena búsqueda de un diálogo de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, disidencias de las FARC pertenecientes al Estado Mayor Central (EMC) atentaron contra la vida de cuatro integrantes de la Fuerza Pública en Cauca. En el video quedó registrado su propia narración de los hechos. Se nota una voz que muestra como triunfo la matanza, los chalecos ensangrentados y el material de guerra de los policías. Las reacciones no tardaron en llegar, el Presidente, ministros y los gobernadores de varios departamentos se pronunciaron con preocupaciones relacionadas con las próximas elecciones. Sin embargo, es la población local la que está en medio del conflicto y ahora también, quedan, al parecer, en el último bando de una puja política.

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Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina Pacífico de la Fundación Paz y de Reconciliación (Pares), señala que, “aunque hoy hay una crisis en Cauca, esto es el acumulado. Dejamos incubar unos nuevos ciclos de violencia allí y hoy lo que estamos viendo son consecuencias”. Con relación a estos efectos, la Comisión de la Verdad relató, hace un par de años, que el conflicto y la violencia en Cauca persiste porque se concentran tres factores: el despojo de la tierra, las economías ilegales (narcotráfico) y las alianzas entre las distintas fuerzas políticas y armadas. Tras la firma del Acuerdo de Paz, se revivieron los combates entre las disidencias, otros grupos armados y la Fuerza Pública, dejando en medio del fuego a la población civil.

El acribillamiento de policías

El pasado fin de semana de agosto fueron asesinados cuatro policías en ataques cometidos presuntamente por el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las antiguas FARC comandadas por Iván Mordisco y quienes iniciarán diálogos de paz con el Gobierno el próximo mes. Las autoridades confirmaron que una granada fue lanzada contra la estación de Policía del corregimiento de Timba, que se encuentra a tan solo media hora de Popayán. Igualmente, un militar de la Tercera División del Ejército colombiano fue secuestrado por desconocidos cuando se desplazaba por la carretera que une a los municipios de Caloto y Santander de Quilichao, según las autoridades estaba “en estado de indefensión”.

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Al respecto, a través de un oficio, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, le manifestó al general Willian René Salamanca su preocupación por la supuesta orden proferida por el jefe del Servicio Nacional de Policía, general Carlos Humberto Rojas Pabón, en la que indicó que los uniformados de la institución en el Cauca no podrían portar armas largas, como fusiles y ametralladoras, durante sus patrullajes. En su carta, Sarmiento pone de presente la escalada de violencia en la zona, “por cuenta de los ataques de grupos armados que delinquen en la región y que ha cobrado, entre otras, las vidas de cuatro integrantes de esa institución”.

La Defensoría del Pueblo conoció que, por ejemplo, la instalación de artefactos explosivos se estaría haciendo cerca de viviendas, lo que representa un grave riesgo para la vida e integridad de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. “Reiteramos que la población civil debe quedar siempre por fuera del conflicto, pero también, un vez más, insistimos en que las estructuras armadas al margen de la ley deben avanzar en gestos que permitan un diálogo sincero y efectivo hacia la consolidación de la paz total planteada por el Gobierno Nacional”, manifestó el defensor Carlos Camargo Assis y agregó que estos hechos vulneran los derechos humanos y ponen en grave riesgo a quienes habitan en Cauca.

Ante la oleada de ataques contra las estaciones de Policía en el Cauca, el pasado lunes hubo en Popayán un Consejo de Seguridad dirigido por el presidente Gustavo Petro, quien anunció que se aumentará el pie de fuerza de la Policía y el Ejército. Así mismo, señaló que se avanzará en la sustitución de cultivos de uso ilícito y pidió a las disidencias que cesen las hostilidades.

Las amenaza a las elecciones

Las alarmas sobre las crisis se acentuaron cuando el pasado 16 de agosto el registrador nacional, Alexander Vega, anunció que serán priorizados 12 municipios del Cauca que presentan alto riesgo electoral y problemas de orden público por presencia de grupos armados. Se trata de Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, El Tambo, La Sierra, López de Micay, Morales, PGatía, Rosas, Suárez y Timbiquí. De acuerdo con el registrador, existe el peligro de aplazar o repetir las elecciones por la compleja situación de seguridad en esta zona. “Se puede perder todo menos la democracia y las elecciones”, indicó el funcionario Vega.

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En respuesta, el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, dijo: “El doctor Vega hace ese llamado de atención, como nosotros también le hemos dicho que no se le vuelvan a perder 500 mil votos, como pasó hace unos años (...) Él hará su tarea evitando que se le pierdan los votos y nosotros nos encargamos de la seguridad”. Ante la difícil situación de seguridad en diferentes regiones como el Cauca, los gobernadores de la Federación Nacional de Departamentos (FND) se unieron a la discusión. Ellos escribieron una carta en la que critican la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro y manifiestan su preocupación de cara a las elecciones de octubre.

Los mandatarios locales explicaron que “cada segundo de su pausa es un nuevo asesinato, extorsión y agresión. Afirmar hoy que el clamor de los gobernadores tiene una intención política cuando en las últimas 24 horas se declaró un conflicto entre dos organizaciones criminales, hubo al menos tres atentados terroristas, asesinaron al patrullero Jefferson Valencia y se bloquearon carreteras con camiones bomba, es descamado y vil”. Por su parte, el ministro Velasco puntualizó: “la violencia tiene que unirnos a todos, no dividirnos”, y que, junto con las Fuerzas Militares, ya tienen un plan para acompañar y cuidar de un desarrollo de las elecciones con las mayores garantías posibles a nivel de seguridad.

Los ataques contra los ataques

Después de los atentados contra los policías, el pasado 12 de agosto, el ministro de Defensa, Iván Velasquez, escribió en su cuenta de Twitter: “La Fuerza Pública debe adelantar de inmediato operaciones ofensivas contra las estructuras criminales responsables de este hecho”. Un día después insistió: “El Estado no cederá en la persecución de esa organización criminal ni de sus finanzas ilícitas. La Fuerza Pública debe copar todo el norte del Cauca”.

Ante los hechos violentos, las disidencias de las FARC respondieron: “nuestra voluntad de paz se mantiene, pero no hay cese al fuego. Son acciones ofensivas y defensivas naturales de una organización en confrontación político-militar”.

Sobre esto, Juan Manuel Torres, coordinador de Pares en la zona, opina que las soluciones urgentes para esta problemática son dos. “Que se instalen y se pronuncien a través de esa mesa de diálogo, para saber también hasta donde atenerse; y lo otro es que se garantice la seguridad en esta temporada electoral que no vaya a recrudecer la violencia política”, explica el investigador y añade: “En el Cauca la historia ha demostrado que el conflicto no se soluciona con ataques de la fuerza pública, porque eso exacerba la violencia”.

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