¿Cuáles son las disidencias de Putumayo y por qué se enfrentan?
Las autoridades tienen en el radar a Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez. Ambas organizaciones están compuestas por disidentes de las Farc al mando de Iván Márquez e Iván Mordisco, respectivamente.
Las rutas del narcotráfico, el control territorial para la comercialización, producción y transporte de cocaína son algunas de las principales causas por las que los Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez, ambos grupos disidentes de las Farc, se enfrentan en territorio nacional, específicamente, en el departamento de Putumayo, donde el fin de semana pasado 18 personas perdieron la vida por cuenta de dichas disputas criminales.
Los Comandos de la Frontera, que tiene algunos residuos de las AUC, también cuenta con disidentes de las Farc, y son liderados por el exjefe negociador Iván Márquez, quien decidió apartarse de la implementación del Acuerdo de Paz y crear la Segunda Marquetalia. Aunque se pensaba que otros desertores se unirían a su grupo, lo que ocurrió es que se empezó a generar disputas entre sí. Ese es el caso del Frente Carolina Ramírez que está bajo el mando de Iván Mordisco.
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Los enfrentamientos que dejaron a su paso la muerte de 18 personas durante este fin de semana no son nuevos, por el contrario, la Defensoría del Pueblo, a través de una Alerta Temprana, de 2021, había mencionado el riesgo al que se enfrentaba las comunidades en ese departamento. El territorio parece ser enriquecedor en materia criminal para estas estructuras. Por ejemplo, en su análisis consideraron que existen zonas de aprovisionamiento, campamentos y áreas de repliegue que favorecen la acción armada.
Eso, a juicio de la Defensoría, facilita el movimiento de hombres, armas e insumos para el procesamiento de la hoja de coca, y en general, el desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico a escala internacional. Del mismo modo, también se destaca la posibilidad por parte de los grupos de fortalecer sus finanzas a partir de las actividades relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales, a través de la promoción de la explotación ilegal de oro o por la ubicación de refinerías artesanales.
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Esas situaciones son las que le dan vida al actuar criminal del Frente Carolina Ramírez, al mando de Iván Mordisco, que antes de la firma final del Acuerdo de Paz, dijo que se levantaba en armas. Inicialmente, su presencia estaba sobre el eje del río Caquetá en donde quedó en evidencia que durante abril de 2017 empezó su expansión entre los departamentos de Amazonas y Caquetá.
Desde entonces ha extendido sus operaciones a lo largo de este afluente a través de lo que se conoció como el Frente 1º Armando Ríos y culminó por denominarse Frente Carolina Ramírez. Para 2018 se empieza la disputa por el control del territorio con el grupo de crimen organizado Sinaloa - La Mafia. Las disputas entre ambas organizaciones trajeron riesgos para líderes sociales y campesinos que se manifestaron en contra de estos.
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“Se conoce que la citada estructura ha endilgado responsabilidades sobre la adopción de las medidas y el control de la comunidad a lideres y lideresas, a fin de garantizar el cumplimiento de las directrices impartidas de facto por el actor armado ilegal”, dijo en su momento el informe de la Defensoría. A la vez, añadió que, en algunos casos, se les endilga que expidan permisos de ingreso de terceros a la zona y salida de los habitantes de esta región.
Del mismo modo, las autoridades los ha señalado como los responsables de cobros sobre toda actividad económica como la venta de ganado y sus derivados, la venta de bienes y servicios, la explotación de hidrocarburos, las transacciones sobre la tierra y la continua imposición de multas cuya negativa genera represalias. El Frente Carolina Ramírez, según el informe, también ha establecido la prohibición de realizar transacciones, favorecer, ayudar o establecer cualquier tipo de vínculo con el autodenominado grupo Sinaloa - La Mafia.
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Esas situaciones han generado desplazamientos forzados en la comunidad. Pero esa condición no parece estar alejada de los Comandos de la Frontera, al mando de Iván Márquez. Las autoridades tienen reporte que este grupo se encuentra conformado por antiguos integrantes de lo que fueron los Frentes 32, 48 y 49 de las antiguas Farc-EP. También ha incorporado en su estructura a compradores y vendedores de coca, y paramilitares pertenecientes a La Constru.
A diferencia del grupo Sinaloa – La Mafia, Los Comandos de la Frontera ingresaron a los municipios de Puerto Guzmán, Curillo y Piamonte, con un discurso asociado a la compra de coca. Su presencia se detectó con ocasión al continuo tránsito en vehículos de alta gama y motos de alto cilindraje por estos sectores y por las inspecciones de Sabaleta, Puerto Bello y Fragüita en San José del Fragua. No obstante, su operación en el territorio se ha ido transformando en la medida en que la disputa por el control del territorio con el Frente Carolina Ramírez se ha intensificado.
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Los intereses de las ambas estructuras residuales están en el movimiento de marihuana, la compra y comercialización de coca, la ampliación de sus acciones hacia el cobro de extorsiones, las amenazas, homicidios selectivos y anuncios en que donde ambos señalan que “han llegado para quedarse”. Con la intención latente por mantenerse vivos en el mundo del crimen, la Defensoría del Pueblo, en su momento, llamó la atención sobre el riesgo que padecían las comunidades.
“Comunidades de los municipios de Puerto Guzmán y Piamonte han alertado cómo el grupo Sinaloa - La Mafia está profiriendo amenazas y obligando al desplazamiento de las familias que no siembren hoja de coca. Valga recordar que este grupo también pretende regular en su totalidad el circuito de esta economía ilegal, imponiendo sanciones económicas exorbitantes que las comunidades no están en condiciones de pagar”, explicó en su momento el órgano defensor.
Las disputas
Hasta el primer semestre de 2020, las pretensiones de control del territorio por parte del Frente Carolina Ramírez y el grupo Sinaloa – La Mafia no supuso una intención sobre el control de la población. Mientras el Frente de Iván Mordisco dispuso de una serie de normas para el control de la vida cotidiana, el acceso de personas extrañas a las comunidades y prohibiciones generales sobre el apoyo o colaboración al grupo Sinaloa, este último realizó anuncios sobre su interés en la economía ilegal de la coca.
Los ataques contra la vida y la integridad de quienes se oponían a esa situación derivó un temor generalizado en la población. No obstante, esa condición comenzó a cambiar desde julio de 2020, cuando se anuncia la presencia de los Comandos de la Frontera en el sector de Puerto Leguízamo (Putumayo) sobre el río Caquetá. El giro que se registró, en ese caso, según las autoridades es que el grupo Sinaloa – La Mafia mutó o hizo parte de los liderados por Iván Márquez.
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Y mientras eso ocurrió el Frente Carolina Ramírez concentró sus acciones en los territorios de Piamonte, Puerto Guzmán, San José del Fragua, Curillo y algunas veredas. Aunque, de alguna manera, las organizaciones tienen territorios definidos para su actuar criminal, algunas actuaciones por defender sus zonas los ha llevado a tomar confrontaciones en medio de la población civil.
Para principios de 2021, la Defensoría consideró que la disputa entre las estructuras ha generado un incremento en la ola de violencia y, por ende, en la vulneración de los derechos de la población. “La comisión de homicidios ejemplarizantes (en los que se dejan avisos sobre las consecuencias que tiene colaborar con uno u otro grupo), se ha constituido en uno de los eventos que mejor ejemplifica el actual repertorio de violencia en las zonas focalizadas”, explicó.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Las rutas del narcotráfico, el control territorial para la comercialización, producción y transporte de cocaína son algunas de las principales causas por las que los Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez, ambos grupos disidentes de las Farc, se enfrentan en territorio nacional, específicamente, en el departamento de Putumayo, donde el fin de semana pasado 18 personas perdieron la vida por cuenta de dichas disputas criminales.
Los Comandos de la Frontera, que tiene algunos residuos de las AUC, también cuenta con disidentes de las Farc, y son liderados por el exjefe negociador Iván Márquez, quien decidió apartarse de la implementación del Acuerdo de Paz y crear la Segunda Marquetalia. Aunque se pensaba que otros desertores se unirían a su grupo, lo que ocurrió es que se empezó a generar disputas entre sí. Ese es el caso del Frente Carolina Ramírez que está bajo el mando de Iván Mordisco.
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Los enfrentamientos que dejaron a su paso la muerte de 18 personas durante este fin de semana no son nuevos, por el contrario, la Defensoría del Pueblo, a través de una Alerta Temprana, de 2021, había mencionado el riesgo al que se enfrentaba las comunidades en ese departamento. El territorio parece ser enriquecedor en materia criminal para estas estructuras. Por ejemplo, en su análisis consideraron que existen zonas de aprovisionamiento, campamentos y áreas de repliegue que favorecen la acción armada.
Eso, a juicio de la Defensoría, facilita el movimiento de hombres, armas e insumos para el procesamiento de la hoja de coca, y en general, el desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico a escala internacional. Del mismo modo, también se destaca la posibilidad por parte de los grupos de fortalecer sus finanzas a partir de las actividades relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales, a través de la promoción de la explotación ilegal de oro o por la ubicación de refinerías artesanales.
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Esas situaciones son las que le dan vida al actuar criminal del Frente Carolina Ramírez, al mando de Iván Mordisco, que antes de la firma final del Acuerdo de Paz, dijo que se levantaba en armas. Inicialmente, su presencia estaba sobre el eje del río Caquetá en donde quedó en evidencia que durante abril de 2017 empezó su expansión entre los departamentos de Amazonas y Caquetá.
Desde entonces ha extendido sus operaciones a lo largo de este afluente a través de lo que se conoció como el Frente 1º Armando Ríos y culminó por denominarse Frente Carolina Ramírez. Para 2018 se empieza la disputa por el control del territorio con el grupo de crimen organizado Sinaloa - La Mafia. Las disputas entre ambas organizaciones trajeron riesgos para líderes sociales y campesinos que se manifestaron en contra de estos.
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“Se conoce que la citada estructura ha endilgado responsabilidades sobre la adopción de las medidas y el control de la comunidad a lideres y lideresas, a fin de garantizar el cumplimiento de las directrices impartidas de facto por el actor armado ilegal”, dijo en su momento el informe de la Defensoría. A la vez, añadió que, en algunos casos, se les endilga que expidan permisos de ingreso de terceros a la zona y salida de los habitantes de esta región.
Del mismo modo, las autoridades los ha señalado como los responsables de cobros sobre toda actividad económica como la venta de ganado y sus derivados, la venta de bienes y servicios, la explotación de hidrocarburos, las transacciones sobre la tierra y la continua imposición de multas cuya negativa genera represalias. El Frente Carolina Ramírez, según el informe, también ha establecido la prohibición de realizar transacciones, favorecer, ayudar o establecer cualquier tipo de vínculo con el autodenominado grupo Sinaloa - La Mafia.
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Esas situaciones han generado desplazamientos forzados en la comunidad. Pero esa condición no parece estar alejada de los Comandos de la Frontera, al mando de Iván Márquez. Las autoridades tienen reporte que este grupo se encuentra conformado por antiguos integrantes de lo que fueron los Frentes 32, 48 y 49 de las antiguas Farc-EP. También ha incorporado en su estructura a compradores y vendedores de coca, y paramilitares pertenecientes a La Constru.
A diferencia del grupo Sinaloa – La Mafia, Los Comandos de la Frontera ingresaron a los municipios de Puerto Guzmán, Curillo y Piamonte, con un discurso asociado a la compra de coca. Su presencia se detectó con ocasión al continuo tránsito en vehículos de alta gama y motos de alto cilindraje por estos sectores y por las inspecciones de Sabaleta, Puerto Bello y Fragüita en San José del Fragua. No obstante, su operación en el territorio se ha ido transformando en la medida en que la disputa por el control del territorio con el Frente Carolina Ramírez se ha intensificado.
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Los intereses de las ambas estructuras residuales están en el movimiento de marihuana, la compra y comercialización de coca, la ampliación de sus acciones hacia el cobro de extorsiones, las amenazas, homicidios selectivos y anuncios en que donde ambos señalan que “han llegado para quedarse”. Con la intención latente por mantenerse vivos en el mundo del crimen, la Defensoría del Pueblo, en su momento, llamó la atención sobre el riesgo que padecían las comunidades.
“Comunidades de los municipios de Puerto Guzmán y Piamonte han alertado cómo el grupo Sinaloa - La Mafia está profiriendo amenazas y obligando al desplazamiento de las familias que no siembren hoja de coca. Valga recordar que este grupo también pretende regular en su totalidad el circuito de esta economía ilegal, imponiendo sanciones económicas exorbitantes que las comunidades no están en condiciones de pagar”, explicó en su momento el órgano defensor.
Las disputas
Hasta el primer semestre de 2020, las pretensiones de control del territorio por parte del Frente Carolina Ramírez y el grupo Sinaloa – La Mafia no supuso una intención sobre el control de la población. Mientras el Frente de Iván Mordisco dispuso de una serie de normas para el control de la vida cotidiana, el acceso de personas extrañas a las comunidades y prohibiciones generales sobre el apoyo o colaboración al grupo Sinaloa, este último realizó anuncios sobre su interés en la economía ilegal de la coca.
Los ataques contra la vida y la integridad de quienes se oponían a esa situación derivó un temor generalizado en la población. No obstante, esa condición comenzó a cambiar desde julio de 2020, cuando se anuncia la presencia de los Comandos de la Frontera en el sector de Puerto Leguízamo (Putumayo) sobre el río Caquetá. El giro que se registró, en ese caso, según las autoridades es que el grupo Sinaloa – La Mafia mutó o hizo parte de los liderados por Iván Márquez.
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Y mientras eso ocurrió el Frente Carolina Ramírez concentró sus acciones en los territorios de Piamonte, Puerto Guzmán, San José del Fragua, Curillo y algunas veredas. Aunque, de alguna manera, las organizaciones tienen territorios definidos para su actuar criminal, algunas actuaciones por defender sus zonas los ha llevado a tomar confrontaciones en medio de la población civil.
Para principios de 2021, la Defensoría consideró que la disputa entre las estructuras ha generado un incremento en la ola de violencia y, por ende, en la vulneración de los derechos de la población. “La comisión de homicidios ejemplarizantes (en los que se dejan avisos sobre las consecuencias que tiene colaborar con uno u otro grupo), se ha constituido en uno de los eventos que mejor ejemplifica el actual repertorio de violencia en las zonas focalizadas”, explicó.
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