“¿Cuáles son las evidencias?”: Las preguntas de HRW sobre el operativo en Putumayo
Human Rights Watch envió decenas de preguntas al Ministerio de Defensa sobre el operativo en el que murieron 11 personas. “¿Cuáles son las evidencias que tiene el Ministerio de Defensa para informar que las personas neutralizadas eran ‘narcococaleros’”?, es uno de los cuestionamientos.
¿Eran civiles o criminales? Esa es la duda que aún no ha sido resuelta tras el operativo militar que dejó 11 muertos en la vereda El Remanso, en el municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo), el pasado 28 de marzo. El Gobierno se mantiene firme en que eran “delincuentes”, “narcocaleros” y que la acción estaba legitimada en la persecución al disidente alias Bruno. La organización de derechos humanos Human Rights Watch busca esclarecer los decesos y, por tanto, envió un derecho de petición al Ministerio de Defensa.
En contexto: Lo que se sabe del operativo en Putumayo en el que denuncian que murieron civiles
En el documento conocido por El Espectador, la directora en funciones de la División de las Américas de HRW, Tamara Taraciuk, envió un total de 19 preguntas al ministro de Defensa Diego Molano. Sobre el origen de la operación miliar, la organización internacional busca conocer con precisión la fecha, el lugar y el objetivo de la operación. Asimismo, el sector Defensa fue invitado a responder cuál fue la entidad que dio la orden para la realización de la operación y cuáles fueron las labores de inteligencia preliminares.
“¿Qué unidad participó en la mencionada operación? ¿Cuántos hombres en pie de fuerza terrestre participaron en la operación? ¿Se contó con apoyo militar, naval y/o de personal en helicóptero? Narre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se desarrolló la operación militar. Precise el número de personas ‘neutralizadas’ y, si pertenecían a un grupo armado, el grupo armado al cual pertenecían y su identificación (nombres, apellidos, edades y números de cédula de ciudadanía)”, son otros de los cuestionamientos.
Lea: “El asesinato de gobernador indígena en Putumayo fracturó a todas las comunidades”
Asimismo, HRW busca conocer si las personas muertas en operación tenían órdenes de captura o antecedentes penales. Según aseguró el ministro de Defensa Molano, a los “‘inocentes civiles’ se les incautó: arsenal de guerra, granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros”. Además, explicó que se trataría de una operación legítima en su totalidad y que las operaciones militares del Ejército cumplen con los protocolos exigidos.
No obstante, por ahora se tiene confirmado que en el operativo murieron el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, Divier Hernández; su esposa, Ana María Sarria, y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche. Así lo confirmó la Defensoría del Pueblo, la cual aparte mencionó que había un joven de 16 años. La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac) alertó por un presunto caso de falsos positivos, pues supuestamente se trataría de ejecuciones extrajudiciales.
Respuesta oficial: “Los delincuentes estaban allí”: Duque defendió operativo en Putumayo
El mayor general Alberto Rodríguez Sánchez, comandante del Comando Conjunto N°3 Suroriente, informó que en operaciones militares fueron “neutralizados” más de una decena de integrantes de la Segunda Marquetalia. Por tanto, HRW solicita al Ministerio de Defensa que responda si las Fuerzas Militares tenían certeza de que los muertos pertenecían a la disidencia liderada por Iván Márquez.
Por otro lado, al sector Defensa del Gobierno Duque se le pidió responder si durante el operativo quedaron personas heridas y, de ser afirmativa esa respuesta, cómo los ayudaron. ¿En qué centro médico se encuentran? ¿Cuál es su estado actual de salud? Por último, sobre los resultados de la operación militar, HRW solicitó información sobre la cantidad del material de guerra, al parecer incautado, y probar la información que ronda sobre que los muertos eran “narcocaleros”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
¿Eran civiles o criminales? Esa es la duda que aún no ha sido resuelta tras el operativo militar que dejó 11 muertos en la vereda El Remanso, en el municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo), el pasado 28 de marzo. El Gobierno se mantiene firme en que eran “delincuentes”, “narcocaleros” y que la acción estaba legitimada en la persecución al disidente alias Bruno. La organización de derechos humanos Human Rights Watch busca esclarecer los decesos y, por tanto, envió un derecho de petición al Ministerio de Defensa.
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En el documento conocido por El Espectador, la directora en funciones de la División de las Américas de HRW, Tamara Taraciuk, envió un total de 19 preguntas al ministro de Defensa Diego Molano. Sobre el origen de la operación miliar, la organización internacional busca conocer con precisión la fecha, el lugar y el objetivo de la operación. Asimismo, el sector Defensa fue invitado a responder cuál fue la entidad que dio la orden para la realización de la operación y cuáles fueron las labores de inteligencia preliminares.
“¿Qué unidad participó en la mencionada operación? ¿Cuántos hombres en pie de fuerza terrestre participaron en la operación? ¿Se contó con apoyo militar, naval y/o de personal en helicóptero? Narre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se desarrolló la operación militar. Precise el número de personas ‘neutralizadas’ y, si pertenecían a un grupo armado, el grupo armado al cual pertenecían y su identificación (nombres, apellidos, edades y números de cédula de ciudadanía)”, son otros de los cuestionamientos.
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Asimismo, HRW busca conocer si las personas muertas en operación tenían órdenes de captura o antecedentes penales. Según aseguró el ministro de Defensa Molano, a los “‘inocentes civiles’ se les incautó: arsenal de guerra, granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros”. Además, explicó que se trataría de una operación legítima en su totalidad y que las operaciones militares del Ejército cumplen con los protocolos exigidos.
No obstante, por ahora se tiene confirmado que en el operativo murieron el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, Divier Hernández; su esposa, Ana María Sarria, y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche. Así lo confirmó la Defensoría del Pueblo, la cual aparte mencionó que había un joven de 16 años. La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac) alertó por un presunto caso de falsos positivos, pues supuestamente se trataría de ejecuciones extrajudiciales.
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El mayor general Alberto Rodríguez Sánchez, comandante del Comando Conjunto N°3 Suroriente, informó que en operaciones militares fueron “neutralizados” más de una decena de integrantes de la Segunda Marquetalia. Por tanto, HRW solicita al Ministerio de Defensa que responda si las Fuerzas Militares tenían certeza de que los muertos pertenecían a la disidencia liderada por Iván Márquez.
Por otro lado, al sector Defensa del Gobierno Duque se le pidió responder si durante el operativo quedaron personas heridas y, de ser afirmativa esa respuesta, cómo los ayudaron. ¿En qué centro médico se encuentran? ¿Cuál es su estado actual de salud? Por último, sobre los resultados de la operación militar, HRW solicitó información sobre la cantidad del material de guerra, al parecer incautado, y probar la información que ronda sobre que los muertos eran “narcocaleros”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.