Hoy se cumple un mes de la muerte de Lorena Inmaculada Gelis Palomino, de 37 años, como consecuencia de un aborto clandestino en un consultorio irregular del sur de Barranquilla. Tenía 13 semanas de embarazo y la convicción de que en ese momento de su vida no podía tener un bebé. También se cumplen más de 500 días desde que la Corte Constitucional recibió la demanda presentada por el movimiento Causa Justa para eliminar por completo el aborto del Código Penal.
Medios amarillistas titularon la noticia de la muerte de Lorena como una “decisión fatal”, en una costumbre que no se pierde de satanizar a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos porque no se sienten listas para ser madres. “Otra vez se aplaza la decisión”, como si no fuera de vida o muerte, se refieren los medios al hablar de otro aplazamiento por parte de la Corte para fallar sobre un asunto que a las mujeres colombianas se nos hace urgente.
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La decisión fatal de Lorena no fue abortar, sino tener que hacerlo en condiciones que no garantizaban su vida y su bienestar. Su muerte no es sólo culpa de la mala praxis, sino de un sistema judicial y de salud que no ofrece las garantías para defender la vida de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo en pleno ejercicio de sus derechos reproductivos. Lorena murió por una lista interminable de razones morales, políticas y de procedimientos ajenos a sus circunstancias y su conciencia, que por años se han puesto por encima de la dignidad y la salud de las mujeres.
Sin duda, el paso del tiempo no se percibe de igual manera desde las salas de la Corte que desde las salas de emergencia de hospitales como el San Luis de Barranquilla, al que llegó Lorena con hemorragia por ruptura del útero luego de que le negaran atención en otra clínica. Las peticiones por recusación contra el conjuez Juan Carlos Henao –quien fue elegido para desempatar la votación de cuatro votos a favor y cuatro en contra el pasado 20 de enero– abusan de los procedimientos de la corte para comprar tiempo a quienes pretenden que defienden la vida, mientras cada día aumentan las cifras de muerte en mujeres y niñas por abortos clandestinos.
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Pensando en el valor de la vida de tantas mujeres que todos los días sienten miedo, sufren el abandono, la persecución legal y la discriminación de sus familias y del estado, hago un llamado urgente a la Corte Constitucional de Colombia para que no postergue un día más la decisión de eliminar el aborto del Código Penal. La Corte no debe permitir dilatar más la resolución de un tema que, como el caso de Lorena lo demuestra, es de vida o muerte.
Hacerlo sí que sería una decisión fatal.
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