Cuatro claves para entender por qué negaron a Eleuberto Martorelli su principio de oportunidad

Un ambiente tenso se vivió en la sala de audiencias A319 del Complejo Judicial de Paloquemao cuando la juez sexta de garantías de Bogotá, en una intervención que sobrepasó las dos horas, dejó sin efectos uno a uno los argumentos de la Fiscalía, la defensa del expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, y hasta el Ministerio Público que solicitaron la aprobación de un principio de oportunidad, contrario a lo que pensaba la Contraloría, construida como víctima, que se opuso a ese acuerdo.

El principio de oportunidad que Martorelli suscribió con la Fiscalía consiste en la suspensión por dos años de cualquier acción penal en su contra por el delito de tráfico de influencias de particulares, el deber de mostrar un buen comportamiento individual, familiar y social, estar presto para servir de testigo en contra de otros investigados como Otto Nicolás Bula y, también, pagar los daños y perjuicios tasados en una cifra cercana a los $14.000 millones. Dineros que, de acuerdo con el proceso, serán destinados para las víctimas. Sin embargo, dichos acuerdos quedaron en el limbo. (Le podría interesar: Presidente de Odebrecht en Colombia admite pagos a campañas presidenciales de 2014)

Mientras la juez expresaba sus consideraciones, tanto la Fiscalía como la defensa de Martorelli, Vicente Gaviria, empezaron a sacar de sus portafolios y maletines documentos que contenían reposiciones y apelaciones. Tomaban apuntes en sus notas y, además, solicitaban escritos a funcionarios y personas que los acompañaban en la diligencia. En Brasil, a través de videoconferencia, Martorelli y otras personas tomaban apuntes y aguardaban pacientes la providencia de la juez que, finalmente, terminó siendo contraria a lo que deseaban.

Luego de explicar los argumentos que cada una de las partes presentó para pedir del por qué debe o no ser aprobado el principio de oportunidad, la juez tuvo en consideración cuatro argumentos principales en su decisión. El primero, básicamente, es que la Fiscalía no sustentó debidamente qué beneficios tendrá la justicia, la sociedad y las víctimas producto de ese principio de oportunidad, y que este sea superior al que tendrá el investigado. “Adolece esa argumentación” dijo la juez.

La segunda consideración que la juez tuvo en cuenta es el derecho que tienen las víctimas, en este caso, la Contraloría. Si bien la Fiscalía expresó que el dinero será destinado al organismo de control fiscal –sumado a los intereses legales–, la funcionaria judicial precisó que “se sebe especificar concretamente ¿qué daños se causó?  ¿Qué daño se causó a la sociedad? ¿Por qué? ¿En qué consiste esa afectación? ¿A qué equivale?  (…) pero aquí lo que se puede observar, por parte de esta funcionaria, es que brillan esos aspectos por su ausencia”. (Lea también: Los "herederos" de Odebrecht que buscan una curul en el Congreso 2018)

Por otro lado, como tercer argumento, es el derecho a la igualdad que tiene cada una de las partes en el proceso. La jueza manifestó que delegado de la Contraloría había argumentado que la indemnización era “mínima” y habló “ocultismo” en el proceso, contrario a lo suscrito por la Fiscalía cuando dijo que a las víctimas se les dio garantías. “Pero, según la intervención del señor contralor, parece ser que no se llevo a cabo este aspecto que acabo de señalar. Esto violaría flagrantemente el derecho fundamental a la igualdad porque es que un preacuerdo, así sea a menara de suspensión, tiene unas obligaciones que hay que cumplir en un futuro (…). Por eso el señor contralor hacía referencia al ocultismo en esta audiencia. A él (contralor) hay que a darle la oportunidad y la igualdad de condiciones que se le dio también a la defensa”, precisó la jueza.

La jueza, por último, le llamó la atención que el principio de oportunidad que presentó la Fiscalía fuera casi un año después de que Eleuberto Martorelli expresara su deseo de colaborar con la justicia. “Objetivamente se puede ver que ha trascurrido un tiempo considerable y ese tiempo, sumado a dos años más de suspensión por el principio de oportunidad, estaría en contra de esos principios fundamentales de celeridad y eficacia en la justicia”, declaró la funcionaria. (Lea: Los datos de tres brasileños claves de Odebrecht ante la justicia colombiana)

Un ambiente tenso se vivió en la sala de audiencias A319 del Complejo Judicial de Paloquemao cuando la juez sexta de garantías de Bogotá, en una intervención que sobrepasó las dos horas, dejó sin efectos uno a uno los argumentos de la Fiscalía, la defensa del expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, y hasta el Ministerio Público que solicitaron la aprobación de un principio de oportunidad, contrario a lo que pensaba la Contraloría, construida como víctima, que se opuso a ese acuerdo.

El principio de oportunidad que Martorelli suscribió con la Fiscalía consiste en la suspensión por dos años de cualquier acción penal en su contra por el delito de tráfico de influencias de particulares, el deber de mostrar un buen comportamiento individual, familiar y social, estar presto para servir de testigo en contra de otros investigados como Otto Nicolás Bula y, también, pagar los daños y perjuicios tasados en una cifra cercana a los $14.000 millones. Dineros que, de acuerdo con el proceso, serán destinados para las víctimas. Sin embargo, dichos acuerdos quedaron en el limbo. (Le podría interesar: Presidente de Odebrecht en Colombia admite pagos a campañas presidenciales de 2014)

Mientras la juez expresaba sus consideraciones, tanto la Fiscalía como la defensa de Martorelli, Vicente Gaviria, empezaron a sacar de sus portafolios y maletines documentos que contenían reposiciones y apelaciones. Tomaban apuntes en sus notas y, además, solicitaban escritos a funcionarios y personas que los acompañaban en la diligencia. En Brasil, a través de videoconferencia, Martorelli y otras personas tomaban apuntes y aguardaban pacientes la providencia de la juez que, finalmente, terminó siendo contraria a lo que deseaban.

Luego de explicar los argumentos que cada una de las partes presentó para pedir del por qué debe o no ser aprobado el principio de oportunidad, la juez tuvo en consideración cuatro argumentos principales en su decisión. El primero, básicamente, es que la Fiscalía no sustentó debidamente qué beneficios tendrá la justicia, la sociedad y las víctimas producto de ese principio de oportunidad, y que este sea superior al que tendrá el investigado. “Adolece esa argumentación” dijo la juez.

La segunda consideración que la juez tuvo en cuenta es el derecho que tienen las víctimas, en este caso, la Contraloría. Si bien la Fiscalía expresó que el dinero será destinado al organismo de control fiscal –sumado a los intereses legales–, la funcionaria judicial precisó que “se sebe especificar concretamente ¿qué daños se causó?  ¿Qué daño se causó a la sociedad? ¿Por qué? ¿En qué consiste esa afectación? ¿A qué equivale?  (…) pero aquí lo que se puede observar, por parte de esta funcionaria, es que brillan esos aspectos por su ausencia”. (Lea también: Los "herederos" de Odebrecht que buscan una curul en el Congreso 2018)

Por otro lado, como tercer argumento, es el derecho a la igualdad que tiene cada una de las partes en el proceso. La jueza manifestó que delegado de la Contraloría había argumentado que la indemnización era “mínima” y habló “ocultismo” en el proceso, contrario a lo suscrito por la Fiscalía cuando dijo que a las víctimas se les dio garantías. “Pero, según la intervención del señor contralor, parece ser que no se llevo a cabo este aspecto que acabo de señalar. Esto violaría flagrantemente el derecho fundamental a la igualdad porque es que un preacuerdo, así sea a menara de suspensión, tiene unas obligaciones que hay que cumplir en un futuro (…). Por eso el señor contralor hacía referencia al ocultismo en esta audiencia. A él (contralor) hay que a darle la oportunidad y la igualdad de condiciones que se le dio también a la defensa”, precisó la jueza.

La jueza, por último, le llamó la atención que el principio de oportunidad que presentó la Fiscalía fuera casi un año después de que Eleuberto Martorelli expresara su deseo de colaborar con la justicia. “Objetivamente se puede ver que ha trascurrido un tiempo considerable y ese tiempo, sumado a dos años más de suspensión por el principio de oportunidad, estaría en contra de esos principios fundamentales de celeridad y eficacia en la justicia”, declaró la funcionaria. (Lea: Los datos de tres brasileños claves de Odebrecht ante la justicia colombiana)