Cuestionan balance positivo de solicitudes de restitución tierras en el país

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) cuestionó que el balance de resultados dado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) haya tenido un incremento del 120 % en el procesamiento de solicitudes durante el periodo 2015-2017. (Le podría interesar: La reforma a la ley de víctimas que propone María Fernanda Cabal)

“Para el cierre de gestión del 2017, la URT reportó en su informe de gestión el procesamiento de 57.284 solicitudes de restitución de tierras. Este resultado, de acuerdo con la entidad, se enmarca en la meta de 41.212 solicitudes procesadas para diciembre del 2017”, señaló en un fragmento del documento.

Así lo plasmó la Comisión en su informe "Cumplir metas, negar derechos: balance de la implementación del proceso de restitución de tierras en su fase administrativa 2012-2017", que presentó este lunes en Bogotá.

No obstante, la organización afirmó que la Unidad consideró solicitudes tramitadas administrativamente, la inscripción de pedidos de restitución de tierras y la negativa de inscripción de pedidos. De igual forma, la entidad incluyó en sus balances la negación del inicio formal del estudio de cada caso y los actos administrativos que "decretan el desistimiento de la solicitud". (Lea también: Así se utiliza blockchain para garantizar la restitución de tierras)

"Este informe se concentra en ese 63 % de negaciones a las solicitudes de restitución de tierras, pues llama la atención cómo de 88.489 solicitudes de inscripción en el registro de tierras despojadas habilitadas por razones de seguridad para proseguir en el trámite, solo 22.711 han sido inscritas de forma efectiva", agregó el texto.

Por esto, la Comisión señaló que los avances presentados por la Unidad "no son precisos" y afirmó que durante el periodo 2012-2014 esa entidad mostró "avances insuficientes" en el procesamiento de solicitudes, mientras que en el periodo 2015-2017 esos resultados "cambiaron de forma drástica".

Por lo anterior, instaurará una demanda de "nulidad por inconstitucionalidad" contra un decreto firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos en el que ordena recortar a octubre próximo el plazo para que las víctimas presenten su solicitud de restitución de tierras. (Le sugerimos: Restitución de tierras en Colombia es admirada en otros países)

Según el Gobierno, esta medida se puede aplicar porque la Unidad "cuenta con un aumento gradual, progresivo y sostenido en el tiempo de los casos tramitados y resueltos". El decreto fue firmado en julio de este año por los entonces ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas, y Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, y con él se ordenó que las víctimas tenían plazo hasta el próximo 11 de octubre para presentar sus solicitudes de restitución de tierras.

Con esta decisión el Gobierno recortó el periodo otorgado a las víctimas inicialmente a través de la "Ley de víctimas y restitución de tierras", con el que se estableció como fecha inicial el año 2021.

También le puede interesar: "Decomisar la dosis mínima: ¿Populismo o necesidad?"

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) cuestionó que el balance de resultados dado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) haya tenido un incremento del 120 % en el procesamiento de solicitudes durante el periodo 2015-2017. (Le podría interesar: La reforma a la ley de víctimas que propone María Fernanda Cabal)

“Para el cierre de gestión del 2017, la URT reportó en su informe de gestión el procesamiento de 57.284 solicitudes de restitución de tierras. Este resultado, de acuerdo con la entidad, se enmarca en la meta de 41.212 solicitudes procesadas para diciembre del 2017”, señaló en un fragmento del documento.

Así lo plasmó la Comisión en su informe "Cumplir metas, negar derechos: balance de la implementación del proceso de restitución de tierras en su fase administrativa 2012-2017", que presentó este lunes en Bogotá.

No obstante, la organización afirmó que la Unidad consideró solicitudes tramitadas administrativamente, la inscripción de pedidos de restitución de tierras y la negativa de inscripción de pedidos. De igual forma, la entidad incluyó en sus balances la negación del inicio formal del estudio de cada caso y los actos administrativos que "decretan el desistimiento de la solicitud". (Lea también: Así se utiliza blockchain para garantizar la restitución de tierras)

"Este informe se concentra en ese 63 % de negaciones a las solicitudes de restitución de tierras, pues llama la atención cómo de 88.489 solicitudes de inscripción en el registro de tierras despojadas habilitadas por razones de seguridad para proseguir en el trámite, solo 22.711 han sido inscritas de forma efectiva", agregó el texto.

Por esto, la Comisión señaló que los avances presentados por la Unidad "no son precisos" y afirmó que durante el periodo 2012-2014 esa entidad mostró "avances insuficientes" en el procesamiento de solicitudes, mientras que en el periodo 2015-2017 esos resultados "cambiaron de forma drástica".

Por lo anterior, instaurará una demanda de "nulidad por inconstitucionalidad" contra un decreto firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos en el que ordena recortar a octubre próximo el plazo para que las víctimas presenten su solicitud de restitución de tierras. (Le sugerimos: Restitución de tierras en Colombia es admirada en otros países)

Según el Gobierno, esta medida se puede aplicar porque la Unidad "cuenta con un aumento gradual, progresivo y sostenido en el tiempo de los casos tramitados y resueltos". El decreto fue firmado en julio de este año por los entonces ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas, y Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, y con él se ordenó que las víctimas tenían plazo hasta el próximo 11 de octubre para presentar sus solicitudes de restitución de tierras.

Con esta decisión el Gobierno recortó el periodo otorgado a las víctimas inicialmente a través de la "Ley de víctimas y restitución de tierras", con el que se estableció como fecha inicial el año 2021.

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