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La salida del fiscal ad hoc para casos de Odebrecht, Leonardo Espinosa, ha generado más de una controversia. Con el informe ejecutivo que entregó a la Corte Suprema hace unos días, revelado por Blu Radio, se supo que Espinosa tomó ocho decisiones cruciales relacionadas con este gran expediente de corrupción. Una de ellas, pedir que se investigue a los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur “al advertir omisiones manifestadas en la no imputación de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir contra el señor Otto Nicolás Bula Bula”. Es decir, Espinosa señaló que Hernández y Betancur podrían haber faltado a su deber principal: investigar delitos.
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El fiscal general (e), Fabio Espitia, ya anunció que todas las determinaciones de Espinosa se van a valorar internamente y que en los próximos días se sabrá cuáles permanecen y cuáles se reversan o modifican. Pero, más allá de las evaluaciones que haga la nueva administración, es un hecho que el informe de Espinosa puso en la palestra pública a un funcionario que fue tan importante para la administración de Néstor Humberto Martínez como lo fue para la administración de Eduardo Montealegre: Daniel Ricardo Hernández Martínez. El hombre que se encargó de trabajar el preacuerdo con el hacker Andrés Sepúlveda y el primero en “meterle el diente” al disidente de las Farc Wálter Arizala, alias Guacho.
Fuentes que trabajaron con Montealegre y con Martínez le dijeron a este diario que Hernández se volvió, para ambos exfiscales, una especie de indispensable. “Era el kamikaze, al que mandaban como fiscal de apoyo siempre para que sacara adelante casos sensibles”, dicen esas fuentes, que hablaron bajo la condición del anonimato. Así, por ejemplo, habría logrado manejar el caso de Sepúlveda, condenado por haber interceptado ilegalmente comunicaciones de negociadores de La Habana. En 2015, un juez avaló que Sepúlveda pagara 10 años de cárcel por concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático violación de datos personales, uso de software malicioso y espionaje.
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"Todos los fiscales tienen casos de honor", explica una de esas fuentes. "Para Montealegre, por ejemplo, el caso Sepúlveda era crucial. Cuando nadie más quiso metérsele, Hernández dijo que lo hacía. Es un fiscal que nunca dice no a sus jefes, tal vez por eso se les mete en el corazón. No sé cómo hizo para que Néstor Humberto Martínez lo nombrara delegado ante el tribunal apenas llegó, porque cuando se posesionó empezó a sacar a todos los cercanos a Montealegre. Pero también por eso es criticado, dicen que su ambición no tiene límites. Yo no sé si es envidia. Tampoco puedo afirmar que ha cometido delitos, no tengo pruebas", sostiene la fuente.
Hernández, por su parte, se defiende: “Yo no pertenezco al grupo del Externado (es graduado de la Universidad Santo Tomás) ni conocía al doctor Montealegre antes de que se posesionara como fiscal; de hecho, llegué a conocerlo dos años antes de que terminara su gestión. No sé por qué me escogieron para el caso del hacker, eso habría que preguntárselo a los jefes, pero creo que fue por mi recorrido laboral: para ese momento había realizado 227 juicios, creo que era el fiscal con más experiencia de ese tipo en todo el país. A mí me llamó el doctor Camilo Burbano (quien era asesor del entonces vicefiscal Jorge Perdomo) a preguntarme si podía tomar el caso, pues la fiscal que lo manejaba había sido amenazada”, le contó Hernández a este diario.
El fiscal Daniel Hernández niega ser un kamikaze. “Ese es un planteamiento horrible que se rebate con hechos", dice. "Logré el preacuerdo con el hacker, sí, pero también archivé la investigación de Óscar Iván Zuluaga. Si tengo que acusar, lo hago, pero lo mismo es si tengo que precluir. Nunca he sido una persona de mandados, todo lo que hago lo hago ajustado en derecho. Los doctores Montealegre y Martínez me encargaron casos importantes, es verdad. Pero creo que es porque soy eficiente, amo lo que hago. Además, ¿cómo voy a ser un kamikaze? ¿Acaso soy estúpido? A mí me importan las consecuencias de mis actos, yo tengo una familia que depende de mí”.
En el periodo Martínez, Daniel Hernández recibió varias asignaciones especiales. Por ejemplo, fue fiscal de apoyo en el caso Hyundai, un caso "de honor" para el fiscal general, teniendo en cuenta que el investigado principal, el empresario Carlos Mattos, había sido su cliente cuando empezó la pelea de este con la empresa surcoreana Hyundai, en 2015. A Hernández también le designaron, el caso del contrato de estabilidad jurídica que consiguió Odebrecht hacia 2012, con posibles irregularidades de por medio, para beneficiarse tributariamente. Martínez asesoró ese contrato. Hernández, por su parte, sostiene: “Testigos que conocieron los hechos aseguran que el exfiscal no tenía conocimiento”.
Un exfuncionario de la administración de Néstor Humberto Martínez asegura que, cuando este se posesionó como fiscal, Daniel Hernández se convirtió en uno de los fiscales a los que más les tenía confianza. Y que, por eso mismo, fue a quien le pidió investigar las amenazas que se profirieron en su contra poco antes de viajar a Villavicencio a realizar una jornada de Bolsillos de Cristal, la campaña anticorrupción de Martínez. El fiscal Hernández se desplazó a esa ciudad con el coronel encargado de la seguridad del fiscal y, poco después, se supo que quien amenazó al fiscal era un vendedor de lotería con alguna discapacidad mental, al parecer, azuzado por contratistas locales.
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En julio de 2018, María Jimena Duzán publicó en Semana una columna llamada "Pacto de silencio", en la que criticó el actuar de la Fiscalía en el caso Odebrecht y cuestionó la cercanía de Néstor Humberto Martínez con el Grupo Aval -socio de Odebrecht en la Ruta del Sol 2-. Duzán no mencionó a más funcionarios que a Martínez. No obstante, en septiembre de ese año, Hernández puso una tutela contra la periodista reclamando que se afectaba su "integridad profesional". En octubre, un juez negó el recurso por improcedente. "No existe la posibilidad de que un fiscal entutele a una periodista tan reconocida sin el aval del fiscal general", dicen las fuentes.
Una encomienda más del exfiscal Martínez a Daniel Hernández se dio en la investigación por el video en el que el hoy senador Gustavo Petro aparece recibiendo fajos de billetes, el cual divulgó la congresista del Centro Democrático Paloma Valencia mientras la oposición hacía un debate sobre el exfiscal Martínez y el caso Odebrecht, en diciembre del año pasado. Unas semanas más tarde, el fiscal Martínez le pidió al gobierno estadounidense autorización para que Hernández, en compañía de otro fiscal, tuviera acceso al narcotraficante Daniel El Loco Barrera para tomar su declaración y así ratificar o descartar que Barrera hubiera dado dinero a alguna campaña de Petro.
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Otro proceso que también se designó en la administración Martínez a Daniel Hernández está relacionado con Otto Bula, pero no con Odebrecht. Se trata de la denuncia que el exsenador Bula presentó en contra de los hermanos Mendoza Fortich, quienes supuestamente le pidieron plata a cambio de que los bienes que le había quitado la Unidad de Extinción de Dominio volvieran a sus manos. En ese tema resultaron mencionados dos exfuncionarios claves de la era Montealegre: Jorge Perdomo, vicefiscal, y Julián Quintana, director del CTI. Ambos rechazan haber cometido ilegalidades y sostienen que su nombre fue usado para cometer delitos.
El fiscal Daniel Hernández insiste en que su única carta sobre la mesa es su experiencia. Entró a la Fiscalía como técnico judicial, a la Unidad de Fe Pública y Patrimonio, luego de durar meses manejando un camión de acarreos y domicilios mientras conseguía trabajo. “Yo no tengo palancas ni filiación política”, sostiene el funcionario. “Lo que tengo es un compromiso moral muy fuerte, a mi papá lo mataron en (la masacre de) La Rochela y, si fuera corrupto, estaría deshonrando su memoria y decepcionando a mi hijo. Yo investigué los seguimientos a Vicky Dávila, fui fiscal de apoyo en el caso de Jairo Zapa. Decidí salir a los medios porque, con lo que dijo el fiscal Espinosa, mi nombre se está deshonrando”.
¿Por qué no investigó a Otto Bula, como señaló el exfiscal ad hoc Leonardo Espinosa? El fiscal Hernández contesta que cuando Bula empezó a ser procesado, ni él ni su compañero Álvaro Betancur estaban dentro de la investigación. Y explica que los delitos por los que pregunta Espinosa se conocieron solo a raíz de la colaboración del propio Bula. Fuentes de la administración Martínez se preguntan por qué Hernández terminó en ese proceso, si él ni siquiera pertenecía a la Dirección Anticorrupción, que lideraba las indagaciones. El fiscal Hernández reitera que su trabajo arduo y comprometido es el que lo ha llevado lejos en la Fiscalía. Nada más.