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El extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) fueron condenados, en segunda instancia, por los seguimientos ilegales realizados en contra de Iván Velásquez Gómez, cuando este se desempeñaba como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, el exmagistrado y su familia deberán ser indemnizados.
La decisión fue tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca luego de que los demandantes Iván Velásquez Gómez, María Victoria Gil Torres (su esposa) Y Catalina Velásquez Gil, Laura Carolina Velásquez Gil y Víctor Javier Velásquez Gil (sus hijos) interpusieran un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado del Circuito de Bogotá, el cual negó inicialmente sus pretensiones.
En esa instancia, el juez consideró que no se acreditaron las actuaciones ilegales por parte de dichas entidades. Además, aseguró que no se probó que el DAS adelantara una actividad de inteligencia que estuviera fuera del marco legal y con fines del desprestigiar al exmagistrado. También, que pese a los registros de los medios de comunicación sobre interceptaciones a varios funcionarios de la Corte Suprema, las documentaciones no daban veracidad del contenido. En conclusión, que las pruebas aportadas por los demandantes no tuvieron el peso suficiente. (Un vistazo a los alfiles caídos del uribismo)
Ante esta postura, la familia Velásquez Gil escaló su caso ante el Tribunal solicitando que evaluara nuevamente su caso y las pruebas sobre la “persecución que se efectuaron en contra de Iván Velásquez, en su calidad de exmagistrado de la Corte Suprema con interceptaciones y seguimientos ilegales con el fin de desacreditar su imagen, y por omitir adelantar en debida forma las investigaciones disciplinarias y penal respectivas, por estos hechos”.
La decisión del Tribunal fue contraria a la del Juzgado, pues esta sala consideró que Iván Velásquez fue víctima de seguimientos ilegales por agentes del Estado que vulneraron su derecho a la intimidad, ya que fue infiltrado su esquema de seguridad. En ese sentido, indicó que declaraciones de exfuncionarios del DAS demuestran que el escolta asignado al exmagistrado fue reclutado como fuente humana de esa entidad.
Esta persona, aprovechando la confianza que le depositó Velásquez, obtuvo copias sobre expedientes que adelantaban en la Corte Suprema e informaba sobre las conversaciones que tenía el exmagistrado con su círculo íntimo. Según el despacho, este agente, también asignado para prestarle seguridad a la esposa del demandante, reportaba las conversaciones y comentarios que ella hacía, incluso, de su relación de pareja.
Por tanto, decidió condenar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por promover las actividades de inteligencia en contra de la Corte Suprema de Justicia, y al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, por ejecutar y realizar actividades de recolección de información. Sin embargo, la condena de DAS – por estar extinto – deberá ser asumida por la Fiduciaria La Previsora S.A., defensora jurídica de la entidad suprimida.
Además, en un término de 30 días hábiles, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República deberá realizar un acto público, con la presencia de los demandantes, en la cual refiera a manera de disculpas los argumentos de esta sentencia y la promesa de no repetición. (“No creo que las condenas por parapolítica queden en entredicho”: Iván Velásquez)
El magistrado Iván Velásquez era el encargado de llevar a cabo las investigaciones contra los legisladores que habían sido vinculados al escándalo de la parapolítica, aquellos parlamentarios investigados por sus presuntos vínculos con los paramilitares. Entre ellos, Erik Morris, Mario Uribe (primo del expresidente Álvaro Uribe), Álvaro García, Álvaro Araujo, Dieb Malof, Luis Eduardo Vives, entre otros congresistas miembros de la coalición de gobierno.
Testimonios clave de exfuncionarios del DAS
La Sala del Tribunal expuso cinco testimonios que rindieron extrabajadores del DAS. Para empezar citó el interrogatorio practicado por la Fiscalía a Martha Inés Leal Llanos, quien trabajó en el Departamento desde el 30 de noviembre de 1.996 y, a partir de 2005, se desempeñó como subdirectora de Operaciones de Inteligencia. Indicó que el 29 de septiembre de 2007 viajó a Medellín para recibir un documento de Sergio Álvarez, abogado del exparamilitar detenido José Orlando Moncada, alias Tasmania.
Dicho documento contenía las propuestas que el exmagistrado Velásquez le venía haciendo a alias Tasmania para que declarara en contra de Mario Uribe, primo del presidente de ese momento, Álvaro Uribe Vélez. La mujer agregó que el DAS terminó siendo usado por el problema que existía entre el mandatario y la Corte Suprema de Justicia, por ser el organismo de inteligencia del Estado, pero que “nunca le asistió ningún interés personal en adelantar una labor que pudiera afectar a los magistrados”.
También ante la Fiscalía declaró Alba Luz Flórez Gélvez, quien trabajó en el DAS desde el 25 de mayo de 1.997 y, a partir del 9 de marzo de 2007, laboró para la Subdierección de Fuentes Humanas adscrita a la Dirección General de Inteligencia. En ese momento, el subdiector de esa dependencia era William Romero quien le manifestó la necesidad de recolectar información privilegiada de la Corte Suprema, a través de medios técnicos o del reclutamiento de fuentes humanas.
Flórez indicó que fue así como se reclutó a dos escoltas de magistrados - uno de ellos, el de Iván Velásquez -, quienes le suministraron información sobre posibles capturas por parapolítica que ordenaría el alto tribunal, copia de los expedientes que adelantaba la Corte Suprema, grabaciones de las declaraciones privadas de testigos que se hacían en el noveno piso de la Corporación y números telefónicos de los magistrados que adelantaban la investigación por parapolítica.
Agregó que el escolta de Velásquez era de tal confianza que el exmagistrado decidió que formara parte del esquema de seguridad de su esposa, por lo que este aprovechó para suministrar toda la información que escuchaba. “manifestaba que muchos de esos temas surgían de las conversaciones que él tenía con el magistrado Velásquez y la esposa de este, así como también cuando le entraban llamadas al celular del doctor Iván Velásquez y él hablaba cosas que creía de interés para la agencia y la transmitía, también (...) le sonsacaba información a sus compañeros escoltas o a conductores de los magistrados y me la suministraba”, declaró la exfuncionaria.
Por si fuera poco dijo que William Romero le pidió obtener información sobre lo que se debatía en la Sala Plena de la Corte Suprema, por lo que reclutó a dos empleadas de servicios generales, a quienes les suministraron grabadoras para que las introdujeran en la Sala Plena y en la Sala de Casación Penal de esa Corporación. Además, ellas reportaban todo lo que escuchaban en las reuniones de los funcionarios. (Iván Velásquez fue reconocido como víctima en uno de los procesos contra senador Uribe)
Gustavo Sierra Prieto fue otro exfuncionario que entregó su testimonio a la Fiscalía. Trabajó para el DAS en dos periodos, en el segundo (del 2 de julio de 2006 al 28 de febrero de 2009) se desempeñó como subdirector de Análisis de la Dirección General de Inteligencia. Dijo que en 2006, durante el periódo del exdirector del DAS, Andrés Peñate, se comenzó a pedir información de la Corte Suprema de Justicia, por el enfrentamiento que existía entre el alto tribunal y el presidente.
Aseguró que en 2008, la directora María del Pilar Hurtado le exigió a él y a todos los subdirectores, más información sobre la Corte. Ese mismo año, ella le entregó dos expedientes que había conseguido una fuente de la Corporación, relacionados con investigaciones por parapolítica para que fueran analizados y, en ese momento, tuvo conocimiento de que la Subdirección de Fuentes Humanas estaba grabando las sesiones plenarias de las Corte.
Otro entrevistado por el ente investigador fue Fernando Alonso Tabares Molina, quien trabajó como director general de Interligencia del DAS el 14 de mayo de 2007. Indicó que en septiembre de ese año se reunió con la directora del DAS, María del Pilar Hurtado y el secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, y este último le manifestó que el interés del presidente Uribe Vélez era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro aspectos principales, entre ellos, la Corte Suprema de Justicia, por lo que se ordenó a los subdirectores incrementar las labores de búsqueda de información.
Tabares coincidió en que una de las fuentes pertenecía al esquema de seguridad del exmagistrado Velásquez y que el 23 de abril de 2008, se realizó una reunión en la Casa de Nariño a la que asistieron personas vinculadas con paramilitares y en representación del DAS, Martha Inés Leal, quien informó que el objetivo de dicha reunión era afectar a Iván Velásquez.
La declaración jurada de Fabio Duarte Traslaviña también fue plasmada en la sentencia. Este hombre llegó en 2004 a la Subdirección de Operaciones del DAS y en el 2007 se convirtió en el subdirector de Operaciones del organismo. Aseguró que en cuanto se presentó la polémica entre el presidente Uribe y la Corte, la directora María del Pilar Hurtado requirió a todos los subdirectores de inteligencia y les asignó tareas relacionadas con los magistrados de esa Corporación.
Entre tanto, le ordenaron la transcripción de nueve CDS relacionados con reuniones realizadas en el piso noveno de la Corte Suprema, en las que participó el entonces magistrado Iván Velásquez. El fin de la transcripción era enviarlas a Bernardo Moreno, secretario general de Presidencia.