Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, no podrá salir del país
Aunque Day Vásquez está colaborando con la justicia, deberá cumplir ciertas reglas al tener en contra medidas de aseguramiento. Además de no poder salir del país, no tiene autorizado participar en reuniones políticas.
Un juez de Barranquilla negó la petición de la defensa judicial de Daysuris del Carmen Vásquez, exesposa del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, de volver a ser una ciudadana sin restricciones por parte de la ley. Aunque la ahora testigo en el caso Petro Burgos solicitó que se dieran por terminadas las medidas de aseguramiento que tiene en contra, para el juez, todavía no es el momento, sobre todo porque sigue colaborando con la Fiscalía en el caso de presunto enriquecimiento ilícito.
Antecedentes: Caso Nicolás Petro: Day Vásquez no aceptó cargos en nuevo proceso penal
Day Vásquez está en juicio por el delito de violación de datos personales pues, cuando la Fiscalía llevó al banquillo de los imputados a Nicolás Petro, también dio a conocer que ella habría pagado hasta $20 millones para interceptar las comunicaciones de dos personas: Laura Ojeda, actual pareja de Petro, de quien sospechaba una infidelidad; y Génesis Olave, mejor amiga de la anterior. Desde agosto de 2023, Vásquez tiene restricciones, las cuales había solicitado tumbar, teniendo en cuenta que está colaborando con la justicia.
Sin embargo, el juzgado segundo penal de Conocimiento de Barranquilla le negó la petición, la cual ya le había negado en primera instancia el Juzgado Primero de la misma ciudad. Así las cosas, Day Vásquez seguirá teniendo prohibido salir del país y participar en cualquier reunión o mitín político. Asimismo, deberá tener una buena conducta bajo la perspectiva del Código Penal y presentarse periódicamente ante las autoridades de justicia cuando sea requerida.
Le puede interesar: Ficha del Pacto Histórico no irá a prisión mientras la Corte Suprema la investiga
Para ambos jueces, la presunción de que Day Vásquez significa un peligro para la sociedad, por lo cual tiene las medidas en contra, se mantiene a pesar de que entregue cuanto nombre y dato necesite la Fiscalía para probar su teoría del caso en contra de Nicolás Petro. Es decir, no tiene nada que ver su proceso de colaboración, porque sigue estando bajo la lupa de las autoridades. De hecho, no hay garantía de que siga entregando información cuando posiblemente le quiten las restricciones.
“Resulta suficiente que al constatarse que a la fecha no dejado de existir ese compromiso con la administración de justicia de parte de la procesada, perdura el riesgo de que la señora Daysuris del Carmen Vásquez, pueda, eventualmente, incurrir en conductas que no honren las obligaciones a las que se ha hecho con la administración de justicia si goza de su derecho a la libertad de manera plena”, explicó el juez segundo de Barranquilla.
La Fiscalía, por su parte, se mantiene firme en vincular a Nicolás Petro con un incremento patrimonial injustificado en un total de $1.053 911.056 millones. Tal cantidad de dinero no sería “producto de su labor como Diputado, y, al no haber reportado, ni encontrado, otra actividad económica legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Un juez de Barranquilla negó la petición de la defensa judicial de Daysuris del Carmen Vásquez, exesposa del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, de volver a ser una ciudadana sin restricciones por parte de la ley. Aunque la ahora testigo en el caso Petro Burgos solicitó que se dieran por terminadas las medidas de aseguramiento que tiene en contra, para el juez, todavía no es el momento, sobre todo porque sigue colaborando con la Fiscalía en el caso de presunto enriquecimiento ilícito.
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Day Vásquez está en juicio por el delito de violación de datos personales pues, cuando la Fiscalía llevó al banquillo de los imputados a Nicolás Petro, también dio a conocer que ella habría pagado hasta $20 millones para interceptar las comunicaciones de dos personas: Laura Ojeda, actual pareja de Petro, de quien sospechaba una infidelidad; y Génesis Olave, mejor amiga de la anterior. Desde agosto de 2023, Vásquez tiene restricciones, las cuales había solicitado tumbar, teniendo en cuenta que está colaborando con la justicia.
Sin embargo, el juzgado segundo penal de Conocimiento de Barranquilla le negó la petición, la cual ya le había negado en primera instancia el Juzgado Primero de la misma ciudad. Así las cosas, Day Vásquez seguirá teniendo prohibido salir del país y participar en cualquier reunión o mitín político. Asimismo, deberá tener una buena conducta bajo la perspectiva del Código Penal y presentarse periódicamente ante las autoridades de justicia cuando sea requerida.
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Para ambos jueces, la presunción de que Day Vásquez significa un peligro para la sociedad, por lo cual tiene las medidas en contra, se mantiene a pesar de que entregue cuanto nombre y dato necesite la Fiscalía para probar su teoría del caso en contra de Nicolás Petro. Es decir, no tiene nada que ver su proceso de colaboración, porque sigue estando bajo la lupa de las autoridades. De hecho, no hay garantía de que siga entregando información cuando posiblemente le quiten las restricciones.
“Resulta suficiente que al constatarse que a la fecha no dejado de existir ese compromiso con la administración de justicia de parte de la procesada, perdura el riesgo de que la señora Daysuris del Carmen Vásquez, pueda, eventualmente, incurrir en conductas que no honren las obligaciones a las que se ha hecho con la administración de justicia si goza de su derecho a la libertad de manera plena”, explicó el juez segundo de Barranquilla.
La Fiscalía, por su parte, se mantiene firme en vincular a Nicolás Petro con un incremento patrimonial injustificado en un total de $1.053 911.056 millones. Tal cantidad de dinero no sería “producto de su labor como Diputado, y, al no haber reportado, ni encontrado, otra actividad económica legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado”.
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