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El fiscal general Francisco Barbosa le rindió cuentas por segunda vez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual reconoció un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en el pasado paro nacional que se extendió entre abril y finales de junio. Esta vez, Barbosa aseguró que, de las seis denuncias formales por desaparición forzada, cinco no estaban relacionadas con las jornadas de protestas.
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Durante la tarde de este 27 de agosto, Barbosa se reunió con Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH. El jefe de la Fiscalía aseguró que, tras haberle entregado un primer informe en Bogotá, permanecen activas 11 líneas de investigación sobre los delitos presentados en el paro nacional. Sobre las desapariciones forzadas denunciadas, aseguró que solo un caso está activo, pero en revisión.
Por otro lado, Barbosa le afirmó a la CIDH que su órgano de control registró 57 muertos durante el periodo de protestas. No obstante, tendría como probar que solo 29 están directamente relacionadas con el paro nacional. Y, además, que de esas 29, 13 están “esclarecidas”. Agregó que cinco fallecimientos están en verificación y 23 no tienen nada que ver con la arenga social.
“Sobre reportes de civiles armados en las manifestaciones, se ha hecho una serie de trabajos investigativos que han permitido que la Fiscalía llame a versión libre en calidad de indiciados a 16 civiles, cinco miembros de la fuerza pública y un miembro de la comunidad indígena”, agregó Barbosa. Entre los citados estuvo Andrés Escobar, quien quedó retratado disparando contra manifestantes en el barrio Ciudad Jardín de Cali, en mayo pasado.
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En contraste con el anterior informe, con corte a cinco de junio, las muertes presentadas durante las manifestaciones aumentaron en seis. Las que estarían directamente relacionadas, según la Fiscalía, con el paro nacional aumentaron en dos. Sobre las muertes, Barbosa entonces mencionó que cuatro estaban “esclarecidas”, entre ellas la del capitán Jesús Alberto Molano, acuchillado en Soacha el día que iniciaron las marchas.
Entonces se tenían tímidas pistas por la muerte violenta del joven de 19 años Santiago Murillo, quien fue asesinado, presuntamente, por el mayor Jorge Mario Molano el 1° de mayo en Ibagué. Es uno de los pocos casos donde ha existido avance judicial. Lo último que se supo es que la Corte Constitucional, esta mañana, apartó a la Justicia Penal Militar del caso y le otorgó competencia a la Fiscalía. Molano está detenido. Su arma de dotación coincidió con la bala alojada en el cuerpo de Murillo.
La organización defensora Temblores ONG, en compañía del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), tiene datos muy distintos a los presentados por la Fiscalía. De acuerdo con la estadística trabajada durante meses, el número de muertes que dejó el paro nacional asciende a 80. Entre los victimarios estarían agentes de Policía, miembros del Escuadrón Antidisturbios, civiles armados y un puñado de casos sin identificar.
Así las cosas, Barbosa entrega una nueva rendición de cuentas, tras dos meses de haber entregado su balance. Justo iniciando julio, la CIDH entregó sus recomendaciones al Estado colombiano tras escuchar a la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, abogados, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas. Entre las principales ideas estuvo separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional.
Por otro lado, se les recriminó a los uniformados extralimitar la figura de “traslado por protección” consagrada en el Código de Policía. Mientras la institución asegura que retuvo manifestantes por su propio bien, alejándolos de un peligro inminente, organizaciones defensoras de derechos humanos como la Campaña Defender la Libertad aseguraron que, en realidad, ese concepto permitió que casi 2.900 detenciones resultasen arbitrarias. Denunciaron golpes y presuntos casos de tortura contra marchantes.
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