De las 154 actuaciones disciplinarias de la Procuraduría por protestas, tres vinculan a congresistas

Las indagaciones disciplinarias por cuenta del Paro Nacional que completa un poco más de un mes, no solo ha dejado uniformados de la Policía con sendos cuestionamientos en su contra. Este miércoles trascendió que tres congresistas son investigados por la Procuraduría General. Se trata de los senadores Alexander López, Wilson Arias y la representante a la cámara María José Pizarro. Los miembros del legislativo hacen parte de las 154 acciones que ha tomado el Ministerio Público en el marco de las movilizaciones convocadas desde el pasado 28 de abril como negativa a las directrices del Gobierno de Iván Duque.

El órgano de control adelanta 127 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de la fuerza pública, de los cuales tres obedecen a investigaciones y 124 a indagaciones preliminares. Del mismo modo avanza en la recolección de pruebas en 17 procesos contra funcionarios públicos de elección popular por posible incumplimiento de sus deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Sobre los alcaldes de Cartagena, Pasto Pereira, Neiva y Villavicencio reposan indagaciones preliminares mientras que contra los mandatarios locales de Paipa y Zipaquirá hay investigaciones formales. En materia de concejales, seis a nivel nacional están en la palestra pública. Se trata de un representante de La Tebaida (Quindío), Ibagué (Tolima), Bogotá DC, Riosucio (Caldas), Girón (Santander) y Guarne (Antioquia) sobre quienes pesan una indagación preliminar.

Con lo anterior, el balance del Ministerio Público es nueve investigaciones disciplinarias y 145 indagaciones preliminares. “Respecto de estas la Procuraduría ha dispuesto medidas para recaudar información sobre los hechos con funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, quienes han acompañado la recolección de pruebas, entre ellas la visita a los expedientes disciplinarios de la Inspección General de la Policía, la Fiscalía General, la Justicia Penal Militar y otras denuncias, en las cuales se constituyeron agencias especiales del Ministerio Público que adelantan el seguimiento a las actuaciones penales en representación de los intereses de la sociedad y las garantías del debido proceso”.

El ente de control tiene en su poder 346 quejas que están en trámite. Han realizado 4.814 monitoreos desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que instalaron una vez empezaron las movilizaciones. Desde allí han realizado acompañamiento en más de 1.183 manifestaciones, alrededor de 409 mesas de diálogo han adelantado con la sociedad y delegados de la Procuraduría han participado en 179 consejos de seguridad que se han llevado a cabo en cabeza del ministro de defensa Diego Molano y miembros de la cúpula militar y policial.

Las investigaciones y acompañamientos por parte del Ministerio Público se suma a las que adelantan en la Fiscalía General, que junto con la Defensoría crearon una Mesa Interinstitucional para, no solo avanzar con esclarecimiento de los hechos sino dar con el paradero de varias personas que permanecen desaparecidas desde el 28 de abril momento en que se registró la primera jornada de paro. Al cumplirse un mes de las movilizaciones las entidades reportaron 123 desaparecidos y 2.615 bloqueos en las vías.

De acuerdo con la Defensoría, desde el pasado 28 de abril se activaron 192 Mecanismos de Búsqueda Urgente por igual número de reportes de personas dadas por desaparecidas. En lo que va corrido del mes se logró ubicar a 69 manifestantes, pero todavía 123 de ellos no han llegado a sus casas.

En medio de ese contexto, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que solo tiene competencia por casos anteriores al Acuerdo de Paz, ha invitado a las autoridades a no utilizar “eufemismos” como “personas no localizadas”, pues se le restaría importancia a los posibles crímenes contra los ciudadanos. Durante las últimas semanas, la entidad ha expresado su preocupación por las inexistentes cifras de detenidos por la Policía, datos que podría ayudar a visualizar mejor el panorama de desaparecidos.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo aseguró que ha recibido 283 quejas formales, en las que ha podido identificar 383 violaciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional. Principalmente se han denunciado 146 ataques a la integridad personal, 61 a la libertad de reunión, 55 a la vida, 22 a la libertad personal, 18 a la libertad de circulación y residencia, 16 a la libertad de expresión y opinión, entre otras. La institución destaca el desarrollo de 372 mediaciones entre la Policía y los manifestantes.

Las indagaciones disciplinarias por cuenta del Paro Nacional que completa un poco más de un mes, no solo ha dejado uniformados de la Policía con sendos cuestionamientos en su contra. Este miércoles trascendió que tres congresistas son investigados por la Procuraduría General. Se trata de los senadores Alexander López, Wilson Arias y la representante a la cámara María José Pizarro. Los miembros del legislativo hacen parte de las 154 acciones que ha tomado el Ministerio Público en el marco de las movilizaciones convocadas desde el pasado 28 de abril como negativa a las directrices del Gobierno de Iván Duque.

El órgano de control adelanta 127 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de la fuerza pública, de los cuales tres obedecen a investigaciones y 124 a indagaciones preliminares. Del mismo modo avanza en la recolección de pruebas en 17 procesos contra funcionarios públicos de elección popular por posible incumplimiento de sus deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Sobre los alcaldes de Cartagena, Pasto Pereira, Neiva y Villavicencio reposan indagaciones preliminares mientras que contra los mandatarios locales de Paipa y Zipaquirá hay investigaciones formales. En materia de concejales, seis a nivel nacional están en la palestra pública. Se trata de un representante de La Tebaida (Quindío), Ibagué (Tolima), Bogotá DC, Riosucio (Caldas), Girón (Santander) y Guarne (Antioquia) sobre quienes pesan una indagación preliminar.

Con lo anterior, el balance del Ministerio Público es nueve investigaciones disciplinarias y 145 indagaciones preliminares. “Respecto de estas la Procuraduría ha dispuesto medidas para recaudar información sobre los hechos con funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, quienes han acompañado la recolección de pruebas, entre ellas la visita a los expedientes disciplinarios de la Inspección General de la Policía, la Fiscalía General, la Justicia Penal Militar y otras denuncias, en las cuales se constituyeron agencias especiales del Ministerio Público que adelantan el seguimiento a las actuaciones penales en representación de los intereses de la sociedad y las garantías del debido proceso”.

El ente de control tiene en su poder 346 quejas que están en trámite. Han realizado 4.814 monitoreos desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que instalaron una vez empezaron las movilizaciones. Desde allí han realizado acompañamiento en más de 1.183 manifestaciones, alrededor de 409 mesas de diálogo han adelantado con la sociedad y delegados de la Procuraduría han participado en 179 consejos de seguridad que se han llevado a cabo en cabeza del ministro de defensa Diego Molano y miembros de la cúpula militar y policial.

Las investigaciones y acompañamientos por parte del Ministerio Público se suma a las que adelantan en la Fiscalía General, que junto con la Defensoría crearon una Mesa Interinstitucional para, no solo avanzar con esclarecimiento de los hechos sino dar con el paradero de varias personas que permanecen desaparecidas desde el 28 de abril momento en que se registró la primera jornada de paro. Al cumplirse un mes de las movilizaciones las entidades reportaron 123 desaparecidos y 2.615 bloqueos en las vías.

De acuerdo con la Defensoría, desde el pasado 28 de abril se activaron 192 Mecanismos de Búsqueda Urgente por igual número de reportes de personas dadas por desaparecidas. En lo que va corrido del mes se logró ubicar a 69 manifestantes, pero todavía 123 de ellos no han llegado a sus casas.

En medio de ese contexto, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que solo tiene competencia por casos anteriores al Acuerdo de Paz, ha invitado a las autoridades a no utilizar “eufemismos” como “personas no localizadas”, pues se le restaría importancia a los posibles crímenes contra los ciudadanos. Durante las últimas semanas, la entidad ha expresado su preocupación por las inexistentes cifras de detenidos por la Policía, datos que podría ayudar a visualizar mejor el panorama de desaparecidos.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo aseguró que ha recibido 283 quejas formales, en las que ha podido identificar 383 violaciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional. Principalmente se han denunciado 146 ataques a la integridad personal, 61 a la libertad de reunión, 55 a la vida, 22 a la libertad personal, 18 a la libertad de circulación y residencia, 16 a la libertad de expresión y opinión, entre otras. La institución destaca el desarrollo de 372 mediaciones entre la Policía y los manifestantes.