De los 130 falsos positivos endilgados a Mario Montoya en Antioquia, 16 eran niños

“Te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera”. Esto fue lo que le dijo la mamá de E.C al general retirado Mario Montoya en marzo de 2002, luego de que el entonces comandante de la IV brigada del Ejército presentara a su hija menor de edad, a otra niña y a tres jóvenes como miembros de las FARC. El asesinato de esta menor por parte de la fuerza pública sería apenas uno de los 16 menores que, según la JEP, fueron presentados en 2002 y 2003 por esta estructura militar en Antioquia que era comandada por Montoya.

“Te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera”. Esto fue lo que le dijo la mamá de E.C al general retirado Mario Montoya en marzo de 2002, luego de que el entonces comandante de la IV brigada del Ejército presentara a su hija menor de edad, a otra niña y a tres jóvenes como miembros de las FARC. El asesinato de esta menor por parte de la fuerza pública sería apenas uno de los 16 menores que, según la JEP, fueron presentados en 2002 y 2003 por esta estructura militar en Antioquia que era comandada por Montoya.

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La escalofriante cifra quedó consignada durante la imputación de cargos que hizo la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la mañana de este miércoles a Mario Montoya, comandante del Ejército entre 2006 y 2008, por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de 130 víctimas en el oriente antioqueño, en el marco del fenómeno criminal conocido como “falsos positivos”. Según la Sala, Montoya, como comandante de la Cuarta Brigada militar en Antioquia, presionó y permitió una cacería contra inocentes con el único fin de obtener resultados que solo se podían medir en bajas.

La falsa operación militar en la que fue asesinada la niña, dice la imputación de la JEP contra Montoya, fue presentada ante los medios de comunicación como un resultado operacional en el que cayeron miembros del frente noveno de las FARC. El documento de la JEP relata que las víctimas cayeron en una emboscada militar contra un vehículo que conducían dos paramilitares el 9 de marzo de 2002 en el municipio antioqueño de San Rafael. En ausencia de transporte público, señala la JEP, los muchachos le habían pedido al paramilitar conocido como Parmenio que los llevara a una vereda vecina donde había una fiesta.

“A sabiendas de que se trataba de civiles que no participaban en las hostilidades, porque así se lo había reportado claramente el comandante del Batallón a cargo de la operación, el general Montoya insistió y presentó los cuerpos de los muchachos personalmente en la rueda de prensa como guerrilleros dados de baja en combate”, dice la imputación de cargos contra Montoya y que consta de más de 500 páginas. Cuando el general Montoya se llevaba los cuerpos en un camión, la madre de E.C le gritó la frase con la que inicia este texto.

Las consecuencias de los falsos positivos de Mario Montoya

La JEP señaló que el asesinato y desaparición de niños, niñas y adolescentes generó graves daños familiares. “Estos tienen que ver con el dolor, la decepción y la desesperanza que produjo que los sueños de estudio y de futuro que se trazaban quedaran frustrados con su homicidio. En el caso de E.C (de 13 años), por ejemplo, soñaba con ser una odontóloga. En el caso de L.S.M (de 16 años), sus hermanas señalan que soñaba con seguir estudiando y continuar jornaleando, ayudando a su mamá en las labores del campo”, afirma la JEP.

La interrupción abrupta de las vidas de estos niños y niñas, dice la JEP, también implicó la disolución de planes y proyecciones familiares que dependían de las generaciones más jóvenes. Muchas de las víctimas sufrían, desde antes de los hechos, de condiciones de vulnerabilidad económica e, incluso, habían sido víctimas del conflicto armado. “Los hechos acaecidos profundizaron esta vulnerabilidad económica que ya vivían las víctimas fatales y sus familiares. Las razones de esto son diversas. En primer lugar, muchas de las víctimas fatales eran los principales proveedores de las familias lo cual hizo que su muerte alterara la economía familiar”, señaló la JEP.

La Sala de Reconocimiento también indicó que además de los asesinatos de los niños por parte de la fuerza Pública en 16 municipios del oriente antioqueño, también se vieron afectadas sus posibilidades de socialización, de construcción de vínculos, al igual que su derecho a la educación se vieron comprometidos, pues “los niños y las niñas (…) no podían ir a estudiar porque cuando iban para la escuela el Ejército los hacía devolver (…) no los dejaron crecer libremente. La interrupción del ciclo vital de los niños y de las niñas y el resquebrajamiento de sus posibilidades de construir tejido social, produjeron daños colectivos en las generaciones más jóvenes”, señala la Sala de Reconocimiento.

¿Qué sigue para Mario Montoya?

Tras ser notificado, Montoya y los otros ocho subalternos del alto oficial tienen 30 días hábiles para reconocer o rechazar la imputación de cargos. También pueden entregar aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y la Procuraduría tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones frente a la imputación. Al terminar el periodo de 30 días hábiles, y recibir la respuesta de los comparecientes, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento de verdad, al considerar que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena.

Si Montoya niega su responsabilidad, se remitirá el caso a la Fiscalía de la JEP, conocida como la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Si hay reconocimiento, una vez realizada la audiencia de reconocimiento, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remitirá al Tribunal para la Paz para que este imponga una sanción. “Esta sanción debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador y puede incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos. Los comparecientes que nieguen su responsabilidad y sean vencidos en juicio, podrán ser condenados hasta a 20 años de cárcel”, concluye la JEP.

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