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Este 23 de junio, Emilio Tapia cambió de lugar de reclusión. Por orden de un juez, el zar de la contratación llegó a la cárcel El Bosque de Barranquilla, luego de pasar tres meses en la cárcel La Picaleña. Desde septiembre del año pasado está investigado como presunto articulador criminal del escándalo de Mintic, en el cual se suspendió un proyecto billonario para llevar 7.000 centros digitales a las zonas rurales del país.
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Según confirmaron fuentes del Inpec a El Espectador, un juez de la República falló a favor una tutela de Natalia Morales, esposa de Tapia, quien invocó el derecho a la unidad familiar. Se trata del segundo traslado del reconocido contratista en un año, quien desde septiembre está bajo medida de aseguramiento por el expediente del caso Mintic. Habría gestionado una garantía bancaria falsa a favor de la unión temporal Centros Poblados, para quedarse con el billonario contrato de conectividad rural.
Una vez se conoció el nombre de Tapia, en septiembre pasado, un juez de Garantías lo envió a la cárcel La Picota de Bogotá. Desde entonces se estuvo defendiendo en prisión, hasta que el 3 de marzo pasado fue uno de los protagonistas del último remezón del Instinto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a los internos que contaban con privilegios. Ese día lo enviaron a la cárcel La Picaleña, donde pasó los últimos meses.
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Tapia pagó los platos rotos luego de que videos de Noticias Caracol revelaran que el empresario condenado Carlos Mattos tuviera beneficios tales como pasear por Bogotá custodiado por vigilantes del Inpec. El escándalo provocó la salida del exdirector Mariano Botero Coy. Quedó encargado por unos días el teniente Joaquín Darío Medrano y su primera determinación fue cambiar a intentos como Tapia, Matos y el exgobernador de Arauca, Facundo Castillo Cisneros.
Entre tanto, lo último que se supo de Tapia en cuanto al caso Mintic fue que la Fiscalía lo imputó el pasado 18 de mayo por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación. La hipótesis daría cuenta de que Tapia pagó dádivas al agente de seguros Juan José Laverde para gestionar la garantía bancaria falsa con la cual centros poblados accedió al contrato de Mintic. Tapia, además, habría conformado a unión temporal utilizando a contratistas que habrían prestado su nombre para la articulación.
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Tapia, además, será investigado por presuntamente apropiarse dineros públicos en provecho suyo y de terceros. En concreto, la Fiscalía asegura que Tapia desvió más de $6.000 millones de los $70.000 millones que el Ministerio TIC le había girado a Centros Poblados para que pusieran a andar el proyecto. Si bien en el contrato se había acordado que ese dinero solo podría ser utilizado para adquirir equipos y demás elementos necesarios para llevar conectividad a zonas apartadas del país, terminó en otras cosas.
“Emilio Tapia realizó pagos por concepto de compra de vehículo, de obra de arte, vuelos, pago a tercero y préstamos personales”, reveló la fiscal del caso. Todos estos giros, al parecer, los hizo Tapia a través de una empresa domiciliada en Estados Unidos: Novo Security LLC. A pesar, además, de que “en el contrato se estableció que el anticipo debía dedicarse, exclusivamente, a la financiación de necesidades de aprovisionamiento”, según relató la funcionaria judicial. Se seguirá defendiendo desde la cárcel El Bosque, en Barranquilla.
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