¿De qué delitos acusan a jóvenes que serán liberados como voceros de paz?

“Son personas procesadas por delitos que podríamos considerar leves. No hay delitos de lesa humanidad, ni sexuales”, señaló el ministro de Justicia, Néstor Osuna, al anunciar los nombres de los primeros siete jóvenes capturados por hechos relacionados al paro nacional y que serán liberados para ejercer como voceros de paz.

16 de diciembre de 2022 - 01:48 p. m.
Los expedientes de los jóvenes que serán liberados fueron revisados por los ministerios de Justicia, Interior y Defensa.
Los expedientes de los jóvenes que serán liberados fueron revisados por los ministerios de Justicia, Interior y Defensa.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS
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Concierto para delinquir, lanzamiento de sustancias peligrosas y violencia contra servidor público. Esos son algunos de los delitos por los que están privados de la libertad los siete jóvenes que serán liberados para que ejerzan como voceros de paz. Los siete quedaron inmersos en procesos penales por su participación en las protestas del paro nacional de 2021 y, según explicó el Gobierno, no pertenecen a primeras líneas, sino que tienen un liderazgo en sus barrios o un trabajo reconocido en sus comunidades.

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“Son personas procesadas por delitos que podríamos considerar leves. No hay delitos de lesa humanidad, ni sexuales”, dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, al anunciar desde la Casa de Nariño los primeros nombres. Osuna ha revisado los expedientes junto a los ministros de Interior, Alfonso Prada; de Defensa, Iván Velásquez, y del director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano. Fue así que llegaron a estos primeros siete nombres, y continúan en el estudio de otros 283 expedientes de cara a otorgar más libertades.

Estos son los delitos por los que están privados de la libertad los siete jóvenes:

Santiago Márquez Charris

Con 19 años, Santiago Márquez Charris, estudiante de la Universidad Pedagógica, está detenido en la cárcel de Girón (Norte de Santander) por los delitos de concierto para delinquir, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, perturbación en medio de transporte. En Ciudad Bolívar ayudó a reparar un parque y en recolectas de juguetes hasta que fue capturado en noviembre de 2021 y ahora está a punto de ir a juicio. Hace unos días, el rector de su universidad, Alejandro Álvarez, lo visitó prisión y escribió en las páginas de este periódico una columna en la que da cuenta de que ha continuado su labor de liderazgo en la cárcel y remataba: “Sin duda, Santiago va a ser un gran maestro”.

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Álvaro Duque y Bremen Hinestroza

Estos dos jóvenes de Popayán fueron capturados en junio de 2022 y vinculados a un proceso penal por su rol destacado en el movimiento “Sin Techo – Tejido Popular”. Según dijo la Fiscalía en su momento, “movilizaron personas para invadir inmuebles privados ubicados en zona rural al norte de la capital caucana”, por lo que fueron imputados por los delitos de avasallamiento de bien inmueble; violencia contra servidor público y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.

Sin embargo, el Gobierno constató que el movimiento que lideran trabaja por viviendas para habitantes que no cuentan con recursos para adquirirlos. Además, Álvaro Duque, estudiante de Historia, y Bremen Hinestroza, tallerista de arte dramático, están involucrados en organizaciones de la sociedad civil de su región, como la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, una plataforma de organizaciones en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

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Arles Andrés Bolaños Zemanate

Es un líder indígena del pueblo yanacona de 20 años nacido en La Vega (Cauca). Según el Gobierno, se vinculó al paro nacional en Cali, donde vive hace 14 años. Allí hizo parte del “punto de resistencia Meléndez”, en el sur de la capital del Valle. Fue capturado en mayo de 2021 por terrorismo y violencia contra servidor público. Según denunció en su momento la organización de derechos humanos Nomadesc, en el caso contra Bolaños Zemanate habría primado el “racismo estructural, institucional y judicial”. Desde hace 12 años, está vinculado a la Fundación Cecucol, una organización comunitaria promueve la participación ciudadana en las laderas caleñas.

Adriana Esperanza Bermeo Rúa

Señalada de pertenecer a la Primera Línea de Engativá, en Bogotá, Adriana Bermeo fue capturada en noviembre de 2021 junto a otros 12 presuntos integrantes de ese grupo. La Fiscalía señala a esta primera línea de acciones como bloqueos en la Avenida Ciudad de Cali, la retención de un bus del SITP. Sin embargo, la junta de acción comunal de su barrio certificó ante el Gobierno que Bermeo “es una líder comunitaria de nuestro territorio, donde desarrolla hace cinco años, en niños, niñas y adolescentes, formación en prácticas deportivas y artísticas en el marco de la metodología convivencial”. Actualmente, está detenida en la cárcel El Pedregal, en Medellín.

Laura Camila Ramírez Enciso y Juan Sebastián Galeano Correa

La contadora pública de 25 años y el artista de 23 años, ambos de Medellín y detenidos actualmente en sus hogares por orden judicial, están a punto de ir a juicio por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Laura Camila Ramírez participó en el paro nacional de 2021 apoyando las misiones médicas y hace parte de la organización Procesos para la Gente por la Vida Digna. Su trabajo se ha enfocado en luchar contra el hambre en la capital antioqueña. Galeano Correa, por otro lado, ha sido scout, rescatista animal y ha liderado comparsas, siempre de la mano de la junta de acción comunal de la Comuna Seis, llamada también 12 de octubre.

Ninguno de estos jóvenes está condenado y, tras recuperar su libertad, deberán seguir compareciendo al proceso judicial al que cada uno está vinculado. “Los jóvenes que recuperarán su libertad van a tener que seguir sometidos al imperio de la justicia y tienen el deber con la sociedad de cumplir con las tareas que se les van a asignar para crear un clima de construcción de paz en Colombia”, dijo el ministro del Interior Alfonso Prada. Esos deberes incluyen apoyar proyectos de entidades del Estado con víctimas, para la inclusión laboral, para la gestión de riesgos y desastres, entre otros.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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