De testaferros a víctimas de 'Pacho' Herrera

La pesadilla que persiguió a centenares de personas en Cali por comprar —sin saberlo— propiedades que habían sido construidas por inmobiliarias y firmas fachadas que sirvieron para lavar los miles de millones dólares que obtuvo el cartel narcotraficante de esa ciudad durante la década de los 80 y los 90, terminó. En dos recientes fallos —uno hace 15 días, de 79 páginas ,y otro firmado el pasado 15 de octubre, de 745 folios—, la Fiscalía decretó la improcedencia de ordenar la extinción de dominio sobre los bienes de personas que desde 2004 fueron señaladas como presuntos testaferros de Hélmer Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, uno de los grandes capos de la droga en Colombia.

En las recientes providencias, la Fiscalía analizó miles de pruebas que entregaron las víctimas de estos hombres, que compraron una serie de apartamentos que habían sido construidos y adquiridos por personas que hacían parte del círculo más cercano de Pacho Herrera. Se trata del caso del edificio La Alquería, ubicado en un distinguido barrio en el sur de Cali y en el que terminaron involucradas 192 personas que creían que sus ahorros de toda la vida iban a quedar tirados en la basura. Además, el ente investigador embargó otros 398 inmuebles, algunos que también fueron adquiridos por compradores de buena fe y otros que no ocultaban su origen criminal, como el Centro Financiero La Ermita.

El mismo Pacho Herrera fue quien dio las primeras luces de la investigación a las autoridades cuando se entregó en septiembre de 1996. En ese momento, reveló los nombres de sus socios, abogados y familiares que le sirvieron como testaferros para ocultar su fortuna. Sin embargo, tras su asesinato en noviembre de 1998 en la cárcel de Palmira a manos de un sicario del cartel del norte del Valle —quienes se convirtieron en sus principales enemigos por sus contundentes testimonios ante las autoridades—, sus más allegados empezaron a sentir la presión de los nuevos reyes de la droga y de las autoridades y buscaron la forma de ocultar los bienes.

Durante algunos años los abogados que ocultaron las escrituras de las propiedades y acudieron a personas de escasos recursos, vendedores ambulantes y hasta fallecidos para distribuir las propiedades, lograron manejar a su antojo las finanzas del clan Herrera. Sin embargo, Wílber Varela, alias Jabón, el extinto capo del cartel del norte del Valle, comenzó una cacería para arrebatarle los bienes a Pacho Herrera. Asesinó a varios de sus hermanos, testaferros y abogados que conocían en detalle cuáles eran las jugosas propiedades que habían quedado a la deriva.

Desde finales de la década de los 90 hasta 2004 los abogados y los testaferros comenzaron a despojarse de las propiedades por temor de caer asesinados. Fue entonces cuando algunos apartamentos e inmuebles fueron vendidos a precios irrisorios o bastante asequibles. Y muchos de estos bienes, como los apartamentos del conjunto residencial La Alquería, fueron adquiridos por personas que vieron una oportunidad de invertir sus ahorros en un proyecto de vivienda y desconociendo el origen ilícito —ya que ningún ente de control ni autoridad bancaria reportaba anomalía alguna, como lo estableció la Fiscalía—, se metieron en el llamativo negocio.

A los incautos que invirtieron en los apartamentos de La Alquería todo se les vino al piso en junio y julio de 2004, cuando la Fiscalía llegó hasta sus hogares y les notificó que les abrían un proceso de extinción de dominio porque vivían en propiedades del narcotráfico y, posiblemente, podrían afrontar un proceso por testaferrato. La génesis de esta pesadilla tuvo origen el 20 de junio de 1986, cuando fue constituida la Inmobiliaria UMV por Alberto Ramírez y Fabiola Ramírez. Esta firma fue la gestora del proyecto después, en junio de 1989, cuando compró por $226 millones los terrenos en los que construiría el polémico conjunto residencial.

Gracias a denuncias instauradas en una Fiscalía seccional en Cauca, las autoridades empezaron a seguirles la pista a los apartamentos en La Alquería. En medio de las pesquisas se dieron cuenta de que faltaban registros notariales y las escrituras. Ya cuando las víctimas comenzaron a demostrar que sus propiedades fueron obtenidas legalmente, la Fiscalía comenzó a cambiar el tono e investigó a profundidad qué había sucedido. Según indicaron fuentes cercanas al proceso, cuando comenzó la administración del fiscal Eduardo Montealegre una de las primeras órdenes fue priorizar este caso, ya que a su alrededor existían muchas irregularidades e inocentes estaban siendo perjudicados.

Al constatar que 141 de las 194 personas lograron demostrar que sus apartamentos los compraron con ahorros de toda la vida y a través de préstamos bancarios, la Fiscalía decidió hace cuatro días quitarles el embargo a sus propiedades y dejarlas libres de culpa. Sin embargo, en 53 casos el ente investigador advirtió que no lograron confirmar de dónde provenían los dineros con los que adquirieron los bienes, ya que argumentaban que los habían tenido por años en cajas fuertes o que eran préstamos de amigos y familiares, que en realidad terminaron siendo imaginarios.

En esta misma decisión, la Fiscalía se quedó con 18 apartamentos del edificio Arábico, ya que se evidenció que todos pertenecían a los familiares de Pacho Herrera. Asimismo, puso al descubierto una de las sociedades que más lograron lavar dinero del clan Herrera: Invervalle S.A. La firma se constituyó en marzo de 1996 con un capital de $96 millones y de gerente y subgerente quedaron Luz Mery Buitrago —madre de Pacho— y Delia Nohora Ramírez —esposa de uno de los hermanos del ‘narco’ Álvaro Herrera—. Un año después, la sociedad se liquidó y dejó ganancias por $2.890 millones.

En la segunda decisión, que se conoció hace 15 días, la Fiscalía reveló cómo la firma San Mateo S.A. en liquidación —fue constituida en mayo del 86 bajo el nombre de Inversiones Betania Ltda., de la cual eran socios dos hermanos y la madre de Pacho Herrera— se apropió hace 28 años del predio donde construyó el centro financiero La Ermita en 1998. Hoy, 161 inmuebles de esta edificación ya están en manos del Estado. Asimismo, el ente investigador resaltó que a través de personas sin recursos económicos se empezaron a triangular propiedades del clan Herrera.

Y lo peor del caso, lograron probar esta práctica gracias a dos de las involucradas, las hermanas Bibiana y Marisol Saldarriaga, acusadas de ser testaferros de Pacho Herrera. Ambas, sin sospechar que estaban en el radar de las autoridades, denunciaron al abogado Salomón Castillo Barrera —quien les administraba sus propiedades a través de la firma Castillo Troya—, por supuestamente falsificar sus firmas y vender sus bienes. Las Saldarriaga están siendo procesadas hoy por ser socias de Dimisa e Invermid S.A., dos organizaciones que estaban bajo la batuta del clan Herrera.

Los edificios que fueron salpicados con los dineros de Pacho Herrera fueron identificados como Yemanya, Brisas del Refugio e Isabel Cristina. Este último, según descubrieron las autoridades, fue adquirido en su totalidad en septiembre de 1993, por $400 millones, por María Elisa Díaz y Óscar Iván Becerra Lorza, un hombre que se ganaba la vida manejando una ambulancia en un hospital. Esta práctica también fue utilizada por el abogado Castillo con los apartamentos de las hermanas Saldarriaga en el conjunto Yemanya.

Al parecer, el abogado, sin consultar a las Saldarriaga, empezó a vender los apartamentos por el miedo de caer muerto a manos del cartel del norte del Valle. Así se descubrió que en uno de los casos Salomón Castillo, a través de su socio Hugo Náder, le pagó $200.000 a un vendedor de bolsos en la calle. Se trataba de Héctor José Camargo, quien confesó los hechos al advertir que el abogado Náder, socio de Castillo, fue quien adelantó la negociación. Camargo ya fue condenado por testaferrato y la Fiscalía evidenció que Castillo les hacía creer a las víctimas que los inmuebles tenían procedencia legal, “salvaguardando sus intereses reales en la negociación”.

Este galimatías jurídico terminó por buen camino. Las víctimas que lograron demostrar que la compra de sus apartamentos fue con los ahorros de años de sudor, se quedarán con sus propiedades. Sin embargo, no todo es color rosa. La Fiscalía admitió que durante el tortuoso proceso algunos inmuebles se desvalorizaron. Asimismo, hoy en día existe miedo en Cali, ya que un reducto del clan Herrera retornó a la ciudad y está amenazando a los propietarios de los bienes que quedaron regados por la ciudad y ya son legales.

smartinezh@elespectador.com

@santsmartinez

La pesadilla que persiguió a centenares de personas en Cali por comprar —sin saberlo— propiedades que habían sido construidas por inmobiliarias y firmas fachadas que sirvieron para lavar los miles de millones dólares que obtuvo el cartel narcotraficante de esa ciudad durante la década de los 80 y los 90, terminó. En dos recientes fallos —uno hace 15 días, de 79 páginas ,y otro firmado el pasado 15 de octubre, de 745 folios—, la Fiscalía decretó la improcedencia de ordenar la extinción de dominio sobre los bienes de personas que desde 2004 fueron señaladas como presuntos testaferros de Hélmer Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, uno de los grandes capos de la droga en Colombia.

En las recientes providencias, la Fiscalía analizó miles de pruebas que entregaron las víctimas de estos hombres, que compraron una serie de apartamentos que habían sido construidos y adquiridos por personas que hacían parte del círculo más cercano de Pacho Herrera. Se trata del caso del edificio La Alquería, ubicado en un distinguido barrio en el sur de Cali y en el que terminaron involucradas 192 personas que creían que sus ahorros de toda la vida iban a quedar tirados en la basura. Además, el ente investigador embargó otros 398 inmuebles, algunos que también fueron adquiridos por compradores de buena fe y otros que no ocultaban su origen criminal, como el Centro Financiero La Ermita.

El mismo Pacho Herrera fue quien dio las primeras luces de la investigación a las autoridades cuando se entregó en septiembre de 1996. En ese momento, reveló los nombres de sus socios, abogados y familiares que le sirvieron como testaferros para ocultar su fortuna. Sin embargo, tras su asesinato en noviembre de 1998 en la cárcel de Palmira a manos de un sicario del cartel del norte del Valle —quienes se convirtieron en sus principales enemigos por sus contundentes testimonios ante las autoridades—, sus más allegados empezaron a sentir la presión de los nuevos reyes de la droga y de las autoridades y buscaron la forma de ocultar los bienes.

Durante algunos años los abogados que ocultaron las escrituras de las propiedades y acudieron a personas de escasos recursos, vendedores ambulantes y hasta fallecidos para distribuir las propiedades, lograron manejar a su antojo las finanzas del clan Herrera. Sin embargo, Wílber Varela, alias Jabón, el extinto capo del cartel del norte del Valle, comenzó una cacería para arrebatarle los bienes a Pacho Herrera. Asesinó a varios de sus hermanos, testaferros y abogados que conocían en detalle cuáles eran las jugosas propiedades que habían quedado a la deriva.

Desde finales de la década de los 90 hasta 2004 los abogados y los testaferros comenzaron a despojarse de las propiedades por temor de caer asesinados. Fue entonces cuando algunos apartamentos e inmuebles fueron vendidos a precios irrisorios o bastante asequibles. Y muchos de estos bienes, como los apartamentos del conjunto residencial La Alquería, fueron adquiridos por personas que vieron una oportunidad de invertir sus ahorros en un proyecto de vivienda y desconociendo el origen ilícito —ya que ningún ente de control ni autoridad bancaria reportaba anomalía alguna, como lo estableció la Fiscalía—, se metieron en el llamativo negocio.

A los incautos que invirtieron en los apartamentos de La Alquería todo se les vino al piso en junio y julio de 2004, cuando la Fiscalía llegó hasta sus hogares y les notificó que les abrían un proceso de extinción de dominio porque vivían en propiedades del narcotráfico y, posiblemente, podrían afrontar un proceso por testaferrato. La génesis de esta pesadilla tuvo origen el 20 de junio de 1986, cuando fue constituida la Inmobiliaria UMV por Alberto Ramírez y Fabiola Ramírez. Esta firma fue la gestora del proyecto después, en junio de 1989, cuando compró por $226 millones los terrenos en los que construiría el polémico conjunto residencial.

Gracias a denuncias instauradas en una Fiscalía seccional en Cauca, las autoridades empezaron a seguirles la pista a los apartamentos en La Alquería. En medio de las pesquisas se dieron cuenta de que faltaban registros notariales y las escrituras. Ya cuando las víctimas comenzaron a demostrar que sus propiedades fueron obtenidas legalmente, la Fiscalía comenzó a cambiar el tono e investigó a profundidad qué había sucedido. Según indicaron fuentes cercanas al proceso, cuando comenzó la administración del fiscal Eduardo Montealegre una de las primeras órdenes fue priorizar este caso, ya que a su alrededor existían muchas irregularidades e inocentes estaban siendo perjudicados.

Al constatar que 141 de las 194 personas lograron demostrar que sus apartamentos los compraron con ahorros de toda la vida y a través de préstamos bancarios, la Fiscalía decidió hace cuatro días quitarles el embargo a sus propiedades y dejarlas libres de culpa. Sin embargo, en 53 casos el ente investigador advirtió que no lograron confirmar de dónde provenían los dineros con los que adquirieron los bienes, ya que argumentaban que los habían tenido por años en cajas fuertes o que eran préstamos de amigos y familiares, que en realidad terminaron siendo imaginarios.

En esta misma decisión, la Fiscalía se quedó con 18 apartamentos del edificio Arábico, ya que se evidenció que todos pertenecían a los familiares de Pacho Herrera. Asimismo, puso al descubierto una de las sociedades que más lograron lavar dinero del clan Herrera: Invervalle S.A. La firma se constituyó en marzo de 1996 con un capital de $96 millones y de gerente y subgerente quedaron Luz Mery Buitrago —madre de Pacho— y Delia Nohora Ramírez —esposa de uno de los hermanos del ‘narco’ Álvaro Herrera—. Un año después, la sociedad se liquidó y dejó ganancias por $2.890 millones.

En la segunda decisión, que se conoció hace 15 días, la Fiscalía reveló cómo la firma San Mateo S.A. en liquidación —fue constituida en mayo del 86 bajo el nombre de Inversiones Betania Ltda., de la cual eran socios dos hermanos y la madre de Pacho Herrera— se apropió hace 28 años del predio donde construyó el centro financiero La Ermita en 1998. Hoy, 161 inmuebles de esta edificación ya están en manos del Estado. Asimismo, el ente investigador resaltó que a través de personas sin recursos económicos se empezaron a triangular propiedades del clan Herrera.

Y lo peor del caso, lograron probar esta práctica gracias a dos de las involucradas, las hermanas Bibiana y Marisol Saldarriaga, acusadas de ser testaferros de Pacho Herrera. Ambas, sin sospechar que estaban en el radar de las autoridades, denunciaron al abogado Salomón Castillo Barrera —quien les administraba sus propiedades a través de la firma Castillo Troya—, por supuestamente falsificar sus firmas y vender sus bienes. Las Saldarriaga están siendo procesadas hoy por ser socias de Dimisa e Invermid S.A., dos organizaciones que estaban bajo la batuta del clan Herrera.

Los edificios que fueron salpicados con los dineros de Pacho Herrera fueron identificados como Yemanya, Brisas del Refugio e Isabel Cristina. Este último, según descubrieron las autoridades, fue adquirido en su totalidad en septiembre de 1993, por $400 millones, por María Elisa Díaz y Óscar Iván Becerra Lorza, un hombre que se ganaba la vida manejando una ambulancia en un hospital. Esta práctica también fue utilizada por el abogado Castillo con los apartamentos de las hermanas Saldarriaga en el conjunto Yemanya.

Al parecer, el abogado, sin consultar a las Saldarriaga, empezó a vender los apartamentos por el miedo de caer muerto a manos del cartel del norte del Valle. Así se descubrió que en uno de los casos Salomón Castillo, a través de su socio Hugo Náder, le pagó $200.000 a un vendedor de bolsos en la calle. Se trataba de Héctor José Camargo, quien confesó los hechos al advertir que el abogado Náder, socio de Castillo, fue quien adelantó la negociación. Camargo ya fue condenado por testaferrato y la Fiscalía evidenció que Castillo les hacía creer a las víctimas que los inmuebles tenían procedencia legal, “salvaguardando sus intereses reales en la negociación”.

Este galimatías jurídico terminó por buen camino. Las víctimas que lograron demostrar que la compra de sus apartamentos fue con los ahorros de años de sudor, se quedarán con sus propiedades. Sin embargo, no todo es color rosa. La Fiscalía admitió que durante el tortuoso proceso algunos inmuebles se desvalorizaron. Asimismo, hoy en día existe miedo en Cali, ya que un reducto del clan Herrera retornó a la ciudad y está amenazando a los propietarios de los bienes que quedaron regados por la ciudad y ya son legales.

smartinezh@elespectador.com

@santsmartinez