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Desde la ciudad de Cali, antes del inicio de la audiencia púbica en la que siete exmandos medios del Bloque Occidental de las extintas Farc reconocerán su responsabilidad por los secuestros perpetrados en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sur del Chocó, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, habló sobre los temas en los que se ha visto inmerso ese órgano de justicia transicional en los últimos días, y respondió a algunos cuestionamientos que se han generado en torno a la labor de la Jurisdicción.
El magistrado habló, antes que nada, sobre el desarrollo de la diligencia, en la que “por primera vez, los mandos medios del Bloque Occidental de las extintas Farc estarán frente a las víctimas por los secuestros”. Esta es la segunda audiencia de reconocimiento regional que adelanta la Jurisdicción sobre este tema, y la tercera en general, pues en junio de 2022 los miembros del antiguo Secretariado de esa guerrilla aceptaron su responsabilidad por miles de secuestros cometidos en todo el país y por no haber controlado a sus subordinados frente al trato que les dieron a las víctimas. En abril de este año el reconocimiento fue por parte de los mandos medios del Comando Conjunto Central, por secuestros cometidos en Quindío, Tolima y norte del Huila.
Por primera vez en la historia, siete comparecientes del Bloque Occidental de las extintas Farc-EP reconocen ante la justicia, las víctimas, el país su responsabilidad por los secuestros en el suroccidente de Colombia.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 24, 2024
Hoy pueden seguir la audiencia en este enlace.
📹:… pic.twitter.com/xsk8FtyJco
Acto seguido, el magistrado Ramelli, en diálogo con este diario, se refirió a las menciones que el Ejecutivo ha hecho en relación con el trabajo de la JEP. En primer lugar respondió a los mensajes enviados por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien, en entrevista con El Espectador, señaló que hay demoras por parte de la Jurisdicción para emitir las primeras sentencias y que, para solventar esa situación, se han fijado reuniones entre la JEP y el gobierno, con el fin de definir los proyectos restaurativos que serán las sanciones que reciban los comparecientes.
“Yo lo que siempre he insistido es que nosotros estamos muy satisfechos con que exista esa voluntad de cooperar, parecía que no era tan clara, porque desde mayo la comisión encargada de definir ese tema (de los proyectos restaurativos) no se reunía. Esas reuniones están a cargo del gobierno nacional, no de nosotros, entonces nos alegra muchísimo que se entienda”, precisó el magistrado.
Sin embargo, agregó que el tema de las primeras sentencias, aunque hay presión desde distintos sectores para que sean anunciadas lo antes posible, no es tan sencillo, pues no es “sacar cualquier sentencia, porque eso tiene unos requisitos. Esos requisitos son los proyectos, y esos proyectos tienen que ser viables y deben ser consultados con las víctimas y los comparecientes deben estar en capacidad de realizarlos”.
Y añadió: “Entonces la solución no es sacar una sentencia y mirar cómo el gobierno la cumple, porque eso es revictimizante. Para hacer esto de manera seria, hay que sentarse con todas las entidades para revisar qué proyectos restaurativos son viables de adelantar y, a partir de ahí, incluirlos en la sentencia. Eso es lo que hay que hacer”.
El magistrado Ramelli, quien ha insistido que los resultados de la Jurisdicción no deben ser medidos solo en sentencias o fallos, sino también por cuenta de los aportes de verdad que han realizado los comparecientes, también respondió al expresidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, quien en la conmemoración de los ocho años de la firma del Acuerdo de Paz, a través de un video en su cuenta de X, aseguró que “es importante que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no se demore más en imponer las sanciones”.
De acuerdo con el presidente de la Jurisdicción, “realmente el tema no es de demora judicial o no es que no queramos sacar las sentencias. Eso tiene dos explicaciones: una parte es porque los apoderados de las Farc han interpuesto múltiples recursos, como recusaciones y nulidades, y por la otra está el tema de las sanciones propias, que es una corresponsabilidad del gobierno. Entonces, el tema no solamente es de competencia nuestra”.
El 50% de los acuerdos de paz fracasa en los primeros 5 años, pero ese no es nuestro caso. El Acuerdo está vigente gracias al compromiso de víctimas, firmantes de paz, de líderes sociales, de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, del Estado, de los empresarios, de la sociedad… pic.twitter.com/YNzoqyaTbn
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) November 24, 2024
¿Un nuevo tribunal de cierre?
El magistrado Ramelli también se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien el pasado jueves 21 de noviembre, durante la conmemoración de los ocho años de la firma de los acuerdos de La Habana, volvió a poner sobre la mesa la idea de crear de un “tribunal de cierre” del conflicto, e incluso mencionó la opción de que este pueda nacer vía proyecto de ley. El mandatario señaló que ante ese tribunal deberían responder “guerrilleros, militares, políticos, terceros civiles y narcotraficantes”.
“Entonces, ¿dónde queda la verdad en Colombia? El Acuerdo de Paz dice que debe haber una sola instancia en el país. Yo le llamo un ‘tribunal de cierre’. Las sentencias de las diversas cortes tratan de negarlo, pero están en el acuerdo. Luego aquí hay un tema normativo que debemos asumir. ¿Construimos un ‘tribunal de cierre’ de la verdad en Colombia, o no? Por el Acuerdo de Paz, la respuesta es sí. Entonces, ese proyecto de ley tiene que entregarse”, aseguró el presidente.
Ante estas declaraciones, el magistrado Ramelli precisó que, aunque no es muy claro el tema del llamado tribunal de cierre, “no conozco el proyecto, sé que está la idea. Pero hay un punto que sí quiero dejar muy claro: parte de la justificación de la creación de ese tribunal es que la verdad no se obtuvo en la JEP, o que le faltó una parte, y esa parte estaría relacionada con los paramilitares. Nosotros tenemos que construir la verdad de manera escalonada. Parte de la verdad ya se construyó en la justicia ordinaria, otra en Justicia y Paz, y nosotros estamos completando eso. Entonces decir que no hay verdad en Colombia, pues es desconocer todo el trabajo de la justicia ordinaria, Justicia y Paz y la nuestra”.
En relación con los paramilitares, el magistrado Ramelli indicó que, si bien la JEP no tiene competencia para juzgarlos, como estableció la Corte Constitucional, “sí hemos ido a buscar a los paramilitares para que declaren. En lo personal me fui hasta la cárcel de Florence, Colorado, para entrevistar al señor Otoniel. Todas esas verdades alimentan el expediente y hay compulsas de copias (...) Hay más de 30 comandantes que han aportado verdad ante la JEP. Entonces si bien tenemos limitaciones comptenciales sí hemos ido a buscar a los paramilitares. Entonces, si esa es la razón, es desconocer el trabajo que hemos hecho”.
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