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Como un espaldarazo y confianza en la justicia colombiana catalogaron algunos expertos la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), en cabeza del fiscal Karim Khan, de cerrar la investigación que adelantaba el organismo, desde 2004, por actos perpetrados en el marco del conflicto armado interno. No obstante, desde otras orillas criticaron la postura y consideraron que es un duro golpe para las víctimas que no han sido reparadas.
La decisión de la CPI se conoció en la mañana de este jueves desde la Casa de Nariño tras culminar un encuentro entre el presidente Iván Duque, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) magistrado Eduardo Cifuentes y el fiscal Khan. El jefe de Estado a la par que celebró la decisión firmó un convenio con el que se comprometió apoyar el Acuerdo de Paz celebrado entre el Gobierno Nacional y las extintas Farc, así como también brindar apoyo a la justicia transicional derivada del pacto.
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De acuerdo con el funcionario internacional, Colombia está a la “altura” de sus obligaciones. “Me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar”, dijo Khan y añadió que si bien se hicieron a un lado no abandonarán de manera radical el proceso y acompañamiento que emprendieron desde hace un poco más de 17 años momento en que se abrió la indagación preliminar.
La determinación del jefe del ente internacional fue conocida por el director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) Gustavo Gallón quien consideró que el examen que hizo la CPI fue “muy positivo” para el país debido a que contribuyó a que el Acuerdo de Paz no se basara en la impunidad, sino en la aceptación de un sistema de justicia transicional.
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“Este sistema ha sido acompañado por la Fiscalía de la CPI, gracias al examen preliminar, para fortalecerlo y preservarlo frente a los ataques o falta de colaboración de parte de sectores opuestos al acuerdo dentro del país, incluido el gobierno”, dijo el director de la Comisión quien añadió que si bien habría sido preferible que el examen se mantuviera abierto para que siguiera produciendo otros efectos positivos, resaltó que el cierre de este es producto del éxito y de los avances logrados por la justicia transicional.
Lo que advierte Gallón es que con el pacto firmado este jueves, el Gobierno reconoció el rango constitucional que tiene el sistema integral, y alabó que desde la orilla del órgano internacional Khan le advirtiera al jefe de Estado que el cierre del examen queda sujeto a una posible reconsideración a futuro, en caso de un incumplimiento. Esta situación, a juicio del abogado que representa varias víctimas de conflicto armado, tendrá que producir efectos sobre las propuestas que congresistas del partido de Gobierno han hecho sobre la intención de reformar y debilitar la JEP.
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“Si bien se cerró el examen, aunque habría sido mejor mantenerlo, el Gobierno y los sectores contrarios al Acuerdo de Paz quedaron advertidos de que cualquier ataque contra este o cualquier intento de modificación del sistema de justicia transicional puede dar lugar a la reapertura del examen preliminar o a la presentación de casos de Colombia ante la CPI”, resaltó el director de la Comisión.
Aunque para el penalista, la determinación en una situación que genera controversias consideró, en materia de víctimas, que confía en que la JEP abra el macrocaso de violencia sexual que, a su juicio, es la única arista que falta por ser investigado en el territorio nacional. “Ha habido algunas manifestaciones en ese sentido por parte de voceros de la JEP, además de que las organizaciones de mujeres y otras de representantes de víctimas lo están y lo estamos solicitando insistentemente”, expuso Gallón.
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Para el penalista y miembro del Colectivo de Abogados José Alvear, Sebastián Escobar, la decisión de la CPI no fue bien recibida debido a que consideró que había las condiciones para sostener un poco más la investigación preliminar en virtud de garantizar los procesos que adelantan las víctimas. Sin embargo, el abogado resaltó que el pacto firmado en la mañana de este jueves es una garantía a que en caso de incumplimiento el órgano internacional tendría que revisar la apertura de una investigación formal.
“El cierre de la investigación no significa abrir la puerta a que se cometan actos indebidos. Por el contrario, es una manera de decir que se comprometen a apoyar las investigaciones que den lugar a los actos cometidos en el marco del conflicto armado. Si el Gobierno utilizó ese convenio para convencer a la CPI de cerrar la investigación no tendría sentido que lo incumpla”, estimó el abogado en diálogo con este diario.
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A la voz de Escobar se sumó la del también abogado Alirio Uribe, miembro del colectivo. Expuso que si bien se cerró la investigación eso no quiere decir que la CPI pierda competencia en los casos cometidos durante el conflicto armado. Resaltó que en lo corrido del año se han presentado más de 81 masacres; han asesinado más de 140 líderes sociales y Colombia fue declarado como uno de los países que presenta alto número de ambientalistas muertos.
“Debe quedar claro que a pesar de que se cierra el análisis preliminar, la CPI mantiene competencia sobre los crímenes que han ocurrido en Colombia en estos últimos 20 años”, resaltó Uribe y explicó que entre los pendientes que tenía la CPI para hacer seguimiento son casos como la expansión del paramilitarismo, la violencia sexual, los denominados falsos positivos y si los exmiembros de las Farc estaban cumpliendo con comparecer ante la justicia.
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Si bien estos procesos quedaron exclusivamente bajo potestad de las autoridades colombianas, lo que resalta Uribe es que el Gobierno debe entregar informes periódicos que den cuenta de los avances en las investigaciones. Esta situación de alguna forma genera cierto voto de confianza en la justicia nacional, según lo dijo el abogado Víctor Mosquera en diálogo con este diario. Para el penalista, la determinación no es otra cosa que un espaldarazo no solo a la justicia transicional sino a la ordinaria. “Salimos de ese seguimiento intensificado. Cuando un país tiene un seguimiento de CPI es porque no funciona, pero con la decisión de hoy nos damos cuenta que, estamos logrando que no exista impunidad y que se persigan a los responsables. Aquí ganan todos”, resaltó el penalista.
Para Mosquera, el cierre de la investigación es un logro colombiano. “Me siento tranquilo, por ahora hay que demostrar que existe institucionalidad y justicia”, reseñó. No obstante, Erika Guevara, delegada de Amnistía Internacional, consideró que aunque está bien visto que se reconozcan los avances de la justicia transicional y de la implementación del Acuerdo de Paz, la decisión internacional es desacertada debido a que es un duro golpe para las víctimas que sufrieron graves violaciones de DDHH, que hasta ahora no han encontrado garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición.
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Para la experta la decisión afecta “en particular, y dado el contexto de graves violaciones de derechos humanos y delitos de derecho internacional en el contexto del conflicto, a comunidades de pueblos Indígenas y Afro-colombianas, a mujeres y niñas”, que han padecido las cruenta violencia que ha dejado el conflicto armado. Para Guevara, la decisión de la CPI puede enviar un mensaje erróneo al Gobierno de Duque y a otras autoridades estatales sobre que la impunidad puede continuar siendo una “norma” en el país.
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