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Después de dejar en firme la decisión de practicar pruebas en el proceso de garantía de no extradición elevada por el exlíder guerrillero Jesús Santrich, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó este martes que el plazo de 40 días hábiles para recibir las pruebas solicitadas a la Fiscalía y las autoridades de Estados Unidos comenzó la semana pasada. Así las cosas, el término vencerá el próximo 28 de enero de 2019.
Una vez se reciba las pruebas o se cumpla el plazo, la JEP tendrá un término de ocho días para los alegatos de Santrich y del Ministerio Público, y posteriormente tomará una decisión al respecto. En días pasados, la JEP se mantuvo en su posición de incorporar en su estudio estas pruebas, al considerar que “pueden contener información relacionada con la fecha de ocurrencia de los hechos”.
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En la actualidad el exjefe guerrillero está preso a la espera de que le resuelvan su situación de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico. Fue capturado por la Fiscalía el pasado 9 de abril con base en una circular roja de la Interpol por petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de haber pactado un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país.
Ayer, el Consejo de Estado aplazó la audiencia en el expediente por pérdida de investidura porque Santrich no llegó al Palacio de Justicia. En consecuencia, el alto tribunal suspendió la cita y la reprogramó para el próximo 21 de enero. La defensa de Santrich aseguró que el fallido traslado es responsabilidad de la Fiscalía y agregó que se trata de una movida de obstrucción para que su cliente no puede defenderse de las acusaciones que le ha hecho el ente investigador y la justicia de Estados Unidos.
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Por su parte, la Fiscalía aclaró a través de su cuenta de Twitter que sí autorizó la presencia de Santrich a la audiencia, pero que lo debía hacer a través de videoconferencia. El ente investigador agregó que tomó esta determinación porque, en su opinión, cualquier traslado del detenido por fuera de su centro de reclusión resultaba ser un peligro para su vida. El caso que llegó al Consejo de Estado tiene que ver con una demanda por pérdida de investidura en contra del exjefe guerrillero, quien alcanzó una curul en el Congreso en las pasadas elecciones de marzo.