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Según reveló Noticias RCN, las declaraciones que el abogado Luis Ignacio Lyons dio ante la Corte Suprema comprometerían al expresidente de esa corporación Francisco Ricaurte. En el testimonio dado por el entonces abogado del senador del Partido de la U Musa Besayle, luego de que hace dos semanas estallara el escándalo de corrupción dentro de ese alto tribunal por presuntamente "arreglar casos" a cambio de dinero, asegura que el entonces abogado Luis Gustavo Moreno y Ricaurte habrían pedido al congresista dinero para que no fuera capturado en 2015.
En el mismo reporte revelado por RCN, se señala que esta información ya la había dado el abogado Lyons a la Fiscalía la semana pasada y que este lunes la confirmó ante la Corte Suprema. Se espera, aseguró el medio de comunicación, que en las próximas horas sea el propio Musa Besaile quien ratifique esta información, la cual sería clave en la investigación por el escándalo de corrupción judicial, denunciado en las últimas semanas.
El origen de este escándalo en la Corte Suprema se dio cuando hace dos semanas el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró que recibió pruebas de la DEA en el que se mencionaban a tres exmagistrados de la Corte Suprema en las conversaciones que tuvieron el capturado exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Luis Pinilla. Las grabaciones darían cuenta de que tanto Moreno y Pinilla pedían plata para "arreglar" casos dentro del alto tribunal.
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Los audios que llegaron a la Fiscalía por parte de las autoridades estadounidenses mencionan a los expresidentes de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, Camilo Tarquino y Leonidas Bustos. Además también fueron mencionados los senadores Hernán Andrade, Musa Besayle y el excongresista Luis Alfredo Ramos. El Espectador conoció que también en esas grabaciones se mencionan a más parlamentarios.
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El Espectador reveló el sábado pasado que cuando Moreno y Pinilla negociaban con el exgobernador Lyons, ellos dos presentaban un dossier de “casos de éxito” en la Corte Suprema en los que aseguraban haber incidido, incluyendo en la “oferta” una red de contactos en la Fiscalía y en la Corte que los ayudaba a mantener estos resultados.
En las conversaciones también se habla de que por estos servicios cobraban de $1.000 a $3.000 millones, pagos que, en su mayoría, se hacían fuera del país y luego terminaban depositados en paraísos fiscales. Ahora la Corte y la Fiscalía revisan con lupa los nombres de varias personas que fueron mencionadas en estas reuniones, además de los exmagistrados.