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En un fallo de 108 páginas, el juzgado décimo penal especializado de Bogotá declaró inocente al exfuncionario del grupo Especial de Inteligencia G3, del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Ronal Rivera Rodríguez, por la tortura agravada de la que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque Orrego, por su labor periodística y de investigación del crimen del humorista Jaime Garzón.
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La decisión la tomó el juzgado al concluir que no existen pruebas suficientes que permitan demostrar que Ronal Rivera Rodríguez, participó en los actos de tortura psicológica, amenazas, exilios, interceptaciones ilegales y persecución que recibió la comunicadora.
“Los medios probatorios no permiten obtener conocimiento de la responsabilidad que le es atribuible a Ronal Rivera Rodríguez en el delito de tortura agravado por el que fue acusado, porque las deficiencias investigativas de la Fiscalía no sustentan dicho pliego de cargos ni menos los alegatos conclusivos frente a la real participación del acusado en dicho atentado”, dice la decisión.
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Este caso se remonta a julio de 2001, cuando la periodista fue víctima de secuestro en la modalidad de “paseo millonario”, en el que sus captores le dejaron claro que lo que le sucedía tenía relación con su trabajo de investigación por el homicidio del también periodista, Jaime Garzón Forero. La persecución llegó hasta el punto que, en 2010, se vio obligada a entregar el esquema de seguridad que tenía y partir hacia el exilio.
Un año después, la comunicadora regresó al país y se reincorporó en sus labores. Sin embargo, los seguimientos continuaron por parte del extinto DAS. Para la época, se corroboró que no solo realizaban perfilamientos a periodistas, sino también a activistas políticos que se declaraban en oposición al Gobierno de turno.
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En este contexto, el juzgado décimo penal especializado de Bogotá declaró de lesa humanidad la tortura agravada de la que fue víctima la comunicadora, al argumentar que en este caso quedó demostrado que estos actos fueron producto de un plan o política preconcebida por el extinto DAS que señalaron, entre otros, como blancos a quienes no eran afines al Gobierno de turno.
“Es así que al interior de DAS se creó, de manera ilegal, el grupo de inteligencia G-3 o GEI-3, encargado de gobernar las labores de inteligencia de los blancos asignados, de los cuales se buscaba los datos de identificación y contacto de sus miembros, entre ellos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), y en especial la víctima Claudia Julieta Duque Orrego”, dice la decisión.
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