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Tras cinco meses de suspensión de su cargo y llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría, el excanciller Álvaro Leyva acudió a las oficinas del ente disciplinario, para ejercer su derecho a la defensa en el expediente por el lío de pasaportes. Frente al micrófono y en el despacho del procurador Ernesto Espinosa, Leyva defendió haber frenado la licitación para producción y entrega de pasaportes que, de no ser por su decisión discrecional, hubiese quedado en manos del contratista Thomas Greg & Sons para el año 2024.
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La Procuraduría verifica la responsabilidad de Leyva, por cuanto el contratista, quien ha estado a cargo del contrato desde los años 70, había ganado de nuevo la licitación para pasaportes. Sin embargo, Leyva declaró desierta la licitación, argumentando que se estaba violando el derecho a otros contratistas interesados, ante la consecutiva relación de la Cancillería con esa firma. Además, porque habría encontrado presuntas irregularidades en el proceso de selección para favorecer a la empresa. Dado que el acuerdo, para este año, estaba en su fase final, Thomas Greg & Sons demandó a Colombia.
En audiencia, Álvaro Leyva precisó que decretó “desierta la licitación como acto de buena fe. Pensando en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se aplicó el principio de interés general, de económica, de transparencia, de responsabilidad”. Y agregó que la verificación por el proceso de licitación de pasaportes nació con un cuestionamiento del presidente Gustavo Petro en relación con la cantidad de años que Thomas Greg & Sons llevaba a cargo del mismo contrato.
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“Pareciera que es la única empresa en el universo que históricamente pudiera cumplir con los requisitos de la licitación desde los 70. Eso no desdice de la empresa, desdice del Estado. La pregunta era si Thomas Greg & Sons es sinónimo de perfección absoluta”, agregó el excanciller Álvaro Leyva. Desde enero, estaba suspendido de sus funciones por orden de la Procuraduría, hasta que el presidente Gustavo Petro nombró en su reemplazo a Luis Gilberto Murillo, el pasado 21 de mayo, quien se desempeñaba como embajador ante los Estados Unidos.
Según el llamado a juicio disciplinario, el primer cargo analizado tiene que ver con que la Cancillería declaró desierta la licitación para encontrar quién se encargaría de fabricar pasaportes. Para la Procuraduría, el canciller Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”, explicó el Ministerio Público, el cual podría inhabilitarlo para ejercer cargos públicos al cierre del expediente.
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Y el segundo cargo está relacionado con la decisión que tomó la Cancillería de decretar la urgencia manifiesta, luego de que esa misma entidad declarar desierta la licitación. El problema, para la Procuraduría, es que Leyva, al parecer, no tenía los argumentos para haber declarado esa urgencia, pues en el proceso de licitación sí había una empresa que cumplía con los requisitos exigidos por el Estado para quedarse con el contrato. Thomas Greg & Sons. Luego de esta audiencia, el ente disciplinario escuchará los alegatos finales de la defensa de Leyva. La cita es el próximo 11 de julio.
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