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El pasado 21 de enero, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento ordenó el arresto domiciliario del empresario barranquillero Álex Saab, quien está detenido en Cabo Verde por solicitado por Estados Unidos de un presunto lavado de activos de US$ 350 millones y de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La orden no se ha cumplido, según su defensa, porque existe una intención de afectar al empresario.
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En un comunicado, su equipo de abogados señaló que la orden de arresto domiciliario no se notificó oficialmente. “Cínicamente, esto resultará en que el embajador Saab permanezca bajo custodia hasta al menos el lunes dado que hoy es un día festivo en Barlavento. Todo esto prolonga la tortura psicológica del embajador Saab”, indicó. Saab, cabe recordar, fue nombrado por el presidente Maduro como embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente alterno de la Misión de Venezuela ante la Unión Africana, con sede en Addis Abeba (Etiopia).
“El equipo jurídico se ha puesto en contacto con el Secretario del Tribunal de Apelaciones de Barlavento y la Oficina del Fiscal General y ambos han confirmado que todas las autoridades competentes fueron notificadas el mismo día, dejando envuelto en un misterio por qué no se informó a la policía de Sal”, agregó su defensa. Entre tanto, la audiencia para decidir sobre la inmunidad e inviolabilidad diplomática de Saab se aplazó.
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“Para que la audiencia tenga lugar, era necesaria la presencia de la jueza de Cabo Verde. Para sorpresa de los citados a la audiencia, dicha jueza estaba ausente, alegando problemas derivados de COVID-19. Aparte del hecho de que la epidemia ya existe desde hace más de un año y no ha impedido su asistencia, esta ausencia equivale a un claro y deliberado intento del Gobierno de Cabo Verde de sabotear la audiencia y desacreditar al Tribunal”, dijo la defensa.
El 25 de julio de 2019, Álex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por ocho cargos relacionados con el lavado de alrededor de US$350 millones. Según el indictment (escrito de acusación), presentado ante una corte del Distrito Sur de Florida ambos habrían blanqueado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas norteamericanas, aprovechándose del sistema de cambio regulado del país presidido por Nicolás Maduro.
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El Departamento de Justicia agregó en la acusación que tanto Saab como Pulido Vargas habrían sobornado a altos funcionarios del Gobierno venezolano para “obtener ventajas injustas, incluyendo la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados a la importación de materiales y bienes de construcción”. Las autoridades norteamericanas aseguran que, además, entre 2014 y 2015 habrían hecho millonarias transferencias a cuentas de una institución bancaria ubicada en el distrito sur de Florida, estado ante el cual fueron acusados.