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La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en medio de una rueda de prensa, anunció que radicará, a las 8:00 de la mañana de este jueves 3 de octubre, una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá con el fin de proteger los derechos fundamentales del líder natural del Centro Democrático que, asegura, se le han vulnerado durante el proceso que enfrenta por presunta manipulación de testigos. Para Jaime Granados, abogado titular del exmandatario, la jueza Sandra Liliana Heredia no le ha permitido a la defensa analizar pruebas clave en el expediente, como el computador y celular de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del caso.
De acuerdo con el jurista, el hecho de que la togada, quien está al frente del Juzgado 44 Penal de Bogotá, no les permita una extensión de siete días para revisar el material probatorio, sería una muestra de un desconocimiento a los derechos de defensa y del debido proceso. La negativa de la jueza tiene que ver con que, por un lado, no debe haber más demoras en el proceso. Y, por otra parte, porque, a su juicio, la defensa del exmandatario ya tuvo tiempo suficiente para analizar el material probatorio. Esto, luego de que en la pasada audiencia del 6 de septiembre, el abogado Granados pidiera 30 días para revisar las pruebas.
Según la defensa de Uribe Vélez, ese material llegó a su despacho a tan solo dos días antes de iniciar la diligencia. Es decir, el pasado 30 de septiembre, un hecho que fue desmentido por la Fiscalía, que aseguró que desde el 12 de septiembre envió a la oficina del abogado Granados una copia espejo del material. “Podría el despacho asegurar que la defensa parte del principio de la mala fe en la Fiscalía y que esa copia espejo no corresponda entonces con la información que obtuvo de los originales que reposan en la Corte Suprema de Justicia. En manera alguna se puede suspender este acto procesal para realizar una verificación de una información con la que ya se cuenta desde el 12 de septiembre”, anotó la jueza durante la audiencia de este miércoles.
Tanto Granados como Uribe se retiraron de la diligencia. Horas mas tarde, durante la rueda de prensa ofrecida por el jurista, explicó que en el Estado Social de Derecho existen varios caminos judiciales para hacer valer lo que él considera una vulneración a los derechos fundamentales del exjefe de Estado. “Se le han afectado de una manera grave sus garantías. ¿Puede ser reparable? Sí, pero solamente con la resolución de la acción de tutela porque no hay otro mecanismo que pueda lograr remediar esta afectación grave porque en este momento la defensa de Álvaro Uribe se está quedando sin prueba”, añadió.
Así mismo, el abogado Granados hizo hincapié en que no se trata de maniobras dilatorias. “No se está pidiendo nada exótico, nada fuera de procedimiento, nada dilatorio, por eso es que llama la atención la actitud, con todo respeto, que a mi juicio es arbitraria por parte de la señora juez”, añadió. Además, el abogado solicitó al Tribunal que se dicten medidas cautelares para “suspender el trámite para que no se agrave más la situación procesal de Álvaro Uribe Vélez”.
Otro de los puntos abordados por Granados es la situación del material probatorio y si este pudo haber sido o no manipulado antes de ser entregado a su despacho. Con esto, el jurista se refiere al contenido del computador y el celular del testigo estrella del caso, Juan Guillermo Monsalve. Pese a que para Granados los testimonios de Monsalve son vacíos, la Fiscalía sí los tuvo en cuenta para acusar al expresidente y, por tanto, dice el defensor, es necesario confirmar si esa prueba, que es de la Fiscalía, fue alterada.
“Ya tenemos un antecedente que unos elementos de prueba relacionados con esta persona, es decir, Juan Guillermo Monsalve, fueron adulterados, no es especulativo. Lo tenemos corroborado y ya lo compartimos con la Fiscalía”, agregó el abogado ante los micrófonos.
Minutos antes de la rueda de prensa, también se conoció que los abogados de Uribe Vélez ante organismos internacionales, representados por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, irá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para asegurar que los derechos del expresidente sean respetados en el proceso judicial.
La firma de abogados señaló que la decisión de la jueza de no dar siete días para revisar el material probatorio vulnera el derecho al debido proceso, estipulado en el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que garantiza que toda persona acusada de un delito debe disponer del tiempo necesario para preparar su defensa. Asimismo, hicieron referencia al Principio número 1 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas, que establece que los abogados deben ejercer su labor sin obstáculos indebidos.
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