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El equipo de abogados de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel y máximo jefe del Clan del Golfo, sentó su posición y respondió a las recientes declaraciones del presidente Iván Duque y del director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas. Ambos mencionaron que Otoniel busca frenar su proceso de extradición a Estados Unidos, inclusive planeando una fuga, lo cual fue tomado como una mentira y una estrategia de estigmatización por parte de los defensores.
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“Demandamos respeto por parte de funcionarios del Estado y de las más altas dignidades, a la estrategia de defensa jurídica desarrollada por el grupo de abogados de confianza que ha asumido la representación del señor Dairo Antonio Úsuga”, señalaron en el documento en poder de El Espectador. Remarcaron que no se está fraguando ninguna acción ilegal para evitar el curso de los procesos jurídicos de Otoniel tanto en Colombia como en Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados con narcotráfico.
La defensa del líder del grupo criminal respondió a las primeras declaraciones de Duque y el general Vargas, quienes reaccionaron a lo planteado por Otoniel en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): que nunca fue capturado y que busca negociar la paz con el Estado. A principio de año, el máximo mandatario señaló que Otoniel estaría trabando su traslado, al abrir canales en la justicia transicional, donde entregó los detalles de su carrera criminal.
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Días después, el general Jorge Luis Vargas aseguró que mandos del Clan del Golfo, como Siopas o Chiquito Malo, están fraguando un plan para lograr la fuga de Otoniel. “Fuentes humanas, elementos materiales técnicos dentro de procesos judiciales así nos lo indican. De igual manera le hemos dado la instrucción a la Dijín para que informe de manera inmediata la Fiscalía de estas intenciones”, explicó el pasado 5 de enero.
Así respondió la defensa de Otoniel: “Reiteramos que cada una de nuestras acciones en la representación judicial a favor de nuestro defendido, está siendo estigmatizada, violentada, criminalizada y coaccionada, a través de los diferentes medios de comunicación y señaladas de esta forma por algunas Instituciones del Gobierno”. Los abogados recordaron que el trámite de extradición, solicitado por cortes en Florida y Nueva York, sigue su curso en la Corte Suprema de Justicia y los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores.
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“El señor Dairo Antonio Úsuga es objeto de especiales condiciones de seguridad, como bien es manifestado por algunas de las Instituciones que tienen a su cargo la disposición y custodia del requerido, pero ello no implica la vulneración de sus derechos humanos, ni la violación de los tratados suscritos por el Estado Colombiano”, agregan. Alegaron que Otoniel está en un pabellón de seguridad extrema, que no conocen el reglamento del centro de reclusión y que las maniobras señaladas por la Policía no serían otra cosa que solicitudes médicas y para la verificación de los derechos del procesado.
Ante las versiones reseñadas por Presidencia y Policía, la defensa del capo del Clan del Golfo anunció que elevará quejas ante la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Demandamos su intervención para garantizar los derechos que le asisten al señor Dairo Antonio Úsuga y su equipo jurídico en todo el litigio”, concluyeron. Por último, recriminaron que las autoridades hubiesen develado información que gozaría de reserva.
Aparte de conocerse la declaración de Otoniel ante la JEP, la voz del capturado quedó registrada en una interceptación de hace unos meses, en la cual hablaría con uno de sus lugartenientes sobre el control del llano y Bogotá. En el audio de alrededor de cuatro minutos, el líder del Clan del Golfo habría revelado una relación con el esmeraldero y condenado por narcotráfico Julio Lozano, quien está mencionado en el expediente de la narcofinca del exembajador en Uruguay, Fernando Sanclemente.
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