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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) fijó uno de sus objetivos para 2022: lograr que en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quede abierto un macrocaso sobre daño ambiental producido por las extintas Farc. Acaba de enviar una solicitud al magistrado Alejandro Linares, presidente de la JEP, tribunal que estos días avisó que se ampliarán los siete macroprocesos en curso.
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En general, la Andje explicó que todas las estrategias de financiamiento que utilizaron las Farc, las cuales involucraron la intervención en el medio ambiente, constituyen un crimen de guerra que debe ser juzgado y sancionado por la JEP. Se refirió a la deforestación para crear laboratorios de procesamiento de coca, la minería ilegal en los territorios y la voladura de oleoductos con fines de guerra.
“Los temas relacionados con minería ilegal y la deforestación que todas estas actividades implican conllevan a una responsabilidad de las Farc. Es el patrimonio más importante de todos los colombianos. En mi opinión, no puede pasar desapercibido que el conflicto generó un grave daño ambiental. Le pedimos a la JEP que investigue, jugué y sancione la verdad sobre estos crímenes. Fue el combustible del conflicto y pocos se han detenido a ver las aterradoras cifras que tiene”, le dijo a El Espectador Camilo Gómez, director de la Andje.
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De acuerdo con las cifras allegadas al magistrado Cifuentes, entre 1992 y 2012, los grupos armados ilegales promovieron la pérdida de más de seis millones de hectáreas de bosque, tras actividades de deforestación, minería ilegal y siembre de cultivos ilícitos. Dos años después de que las Farc dejaron las armas, la ONU concluyó que la mayor parte de la cocaína del mundo provenía de Colombia. De las 213.00 hectáreas que en 2016 se dedicaron al cultivo de coca a nivel mundial, el 69% estaba en el país.
Los registros indican, según el documento, que las Farc se interesaron en el narcotráfico desde la VII Conferencia Nacional Guerrillera en 1982. Entonces, se impulsó el cobro de la guerrilla a los cultivadores por cada kilo de hoja de coca y la pasta base de la droga empezó a ser fuente de recursos para la guerra. “Dijimos: aquí está la solución para las finanzas que necesitamos para el proyecto nuestro”, le dijo Rodrigo Londoño, Timochenko, a la JEP en enero de 2021.
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La Andje relacionó el daño ambiental en Colombia con los recursos obtenidos por las Farc durante las actividades de narcotráfico. Citó un informe de la Fiscalía, de 2018, en el cual se registró que la guerrilla alcanzó a obtener $10′530.036′328.625 de esa manera. Agregó que los grupos armados han operado las minas ilegales, principalmente de oro. Los ataques guerrilleros a infraestructura petrolera nacional, por otro lado, ha causado el derrame en las selvas de 4.1 millones de barriles de crudo en los últimos 30 años, según la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP).
“La JEP a partir de los informes del Grupo de Análisis de Información (GRAI), ha expuesto que la táctica de la extinta guerrilla de las FARC-EP, consistente en atacar las estructuras petroleras, tenía por objeto atraer miembros de la Fuerza Pública y emboscarlos en lugares estratégicos de la región. Adicionalmente, provocaban la erogación del presupuesto del Estado en la reconstrucción de dichas estructuras”, agregó la Andje en su informe.
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Según información de la Defensoría, entre 1986 y 1996, se reportaron en Colombia 562 voladuras de los oleoductos colombianos. La infraestructura más atacada fue el oleoducto Caño Limón-Coveñas, el cual inicia en Arauca y termina en la Costa Caribe. No obstante, ha sido el Eln el principal responsable del detrimento patrimonial por explosiones en Caño Limón. En la actualidad, Arauca vive una crisis humanitaria por enfrentamientos entre esa guerrilla y las disidencias de las Farc, que han dejado decenas de muertos y centenares de desplazados en Fortul, Tame, Saravena y Arauquita.
El director Camilo Gómez le propuso a la JEP que el derecho a la reparación de las comunidades étnicas podría garantizarse proponiendo vías alternas de reparación. Por ejemplo, la reforestación la remoción de minas terrestres y otras intervenciones en colaboración con las comunidades. “Ha pasado ya suficiente tiempo sin que la JEP aborde de fondo el tema del daño causado por las Farc al ambiente y su vinculación con el narcotráfico. Como obligación de la Agencia en defensa del patrimonio público, a solicitud es procedente en este momento”, concluyó Gómez.
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