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La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia por el conflicto armado que se está viviendo en Pradera y Florida (Valle del Cauca). De acuerdo con la entidad, hay riesgos de vulneración y violación de derechos humanos que enfrentan los habitantes de los cascos urbanos y zonas rurales de los municipios.
Por el actuar de grupos armados, dice la Defensoría, hay un grave “peligro para la integridad, seguridad y vida de comunidades campesinas; pueblo indígena Nasa; lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos; firmantes del Acuerdo de Paz, sus familias y organizaciones políticas; mujeres y niñas, niños y adolescentes”.
Toda la problemática parte por la disputa entre las disidencias de las extintas Farc dirigidas por Iván Mordisco —frentes Adán Izquierdo y Dagoberto Ramos—, y la también disidencia independiente del Frente 57 Yair Bermúdez. El conflicto actual ha derivado en el aumento de homicidios, desplazamientos forzados, amenazas y presiones de los integrantes de las dos disidencias contra los habitantes de los municipios.
La entidad en su alerta de inminencia también pone de presente que las mujeres se han visto más afectadas, y que los menores de edad están siendo susceptibles de reclutamiento forzado “y otras formas de utilización en el desarrollo del conflicto armado”. De igual manera, los firmantes de paz que habitan en esa parte del departamento del Valle han sido “blanco de violentos ataques directos, producto de amenazas y presiones para que se vinculen a las filas de ambos grupos, así como también ha derivado en ataques contra miembros del partido Comunes”.
Dentro de las recomendaciones que hace la Defensoría para hacerle frente al problema están “el trabajo conjunto interinstitucional entre entes nacionales y locales, con la finalidad de que haya una respuesta rápida y al mismo tiempo integral”. Las sugerencias también incluyen “la priorización de investigaciones judiciales para desmantelar estructuras criminales, el desarrollo de rutas especiales de protección y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la gestión de riesgos”.
La alerta resaltó que los lugares que merecen especial protección y garantías son 20 corregimientos y dos resguardos indígenas (Kwet Wala y Kwet Le’cxkwe) en Pradera, además de siete corregimientos y seis resguardos indígenas (Nasa Kwe’sx Kiwe, Kwe’sx YuKiwe, Triunfo Cristal Páez, Nasa Tha, San Juan Páez y Kwe’sx TaTa Kiwe) en Florida.
“La situación no puede seguir dando espera, sumar esfuerzos es clave en este momento por la integridad y vida de todas las personas que viven en esa zona del sur del Valle del Cauca”, señaló la Defensoría del Pueblo en un comunicado adjunto a la alerta. Asimismo, le hizo un llamado a la acción al Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fiscalía, la Policía, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, la Gobernación del Valle del Cauca, las alcaldías de Florida y Pradera, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, entre otros.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
