Defensoría del Pueblo insiste en recuperar control territorial en Caquetá y Putumayo
El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, insistió en la necesidad de que la fuerza pública recupere el control territorial en los dos departamentos. En la zona se estaría presentando una disputa territorial entre varios grupos armados ilegales.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis hizo un llamado sobre la necesidad de que la fuerza pública recupere el control territorial en Caquetá y Putumayo. El defensor explicó que el paro armado que fue promovido por las disidencias de las Farc estaría afectando los derechos fundamentales de las comunidades de Solano, Milán, Solita y Curillo, y de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo.
Según Camargo, varios grupos armados ilegales estarían en medio de una disputa territorial y social por la zona. Los grupos son los Comandos Bolivarianos de la Frontera, grupo de la Segunda Marquetalia, estructura disidente de las Farc, la cual es liderada por Iván Márquez; y el frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central, otra disidencia de las Farc, liderada por Iván Mordisco.
Desde el pasado 20 de enero se estarían presentando restricciones en la movilidad de carga y pasajeros, incluida la fluvial en los ríos Orteguaza y Caquetá, tanto familias indígenas como campesinas se encontrarían en una grave situación humanitaria, explica Camargo. Los mandatarios locales ya mencionan la existencia de un “inminente enfrentamiento armado, con interposición de la población civil, lo que podría derivar en homicidios selectivos, masacres, desplazamientos masivos e individuales, aparte del confinamiento que ya fue generado”.
Debido a esta situación, la Defensoría del Pueblo ya realizó un consejo extraordinario de seguridad, que fue solicitado por la Regional Caquetá de la entidad. Desde allí se hizo un llamado de atención a autoridades nacionales, departamentales y locales, para la apertura de un corredor humanitario que permita que los municipios afectados puedan reabastecerse. Según la entidad, este confinamiento ya estaría generando afectaciones a la salud.
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“La situación de orden público, con el concurso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, debe ser conjurada lo más pronto posible para que sean restablecidos los derechos de quienes en este momento pasan afugias por cuenta del accionar indiscriminado de las disidencias de las Farc y la notable ausencia de los cuerpos de seguridad del Estado”, afirmó Camargo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis hizo un llamado sobre la necesidad de que la fuerza pública recupere el control territorial en Caquetá y Putumayo. El defensor explicó que el paro armado que fue promovido por las disidencias de las Farc estaría afectando los derechos fundamentales de las comunidades de Solano, Milán, Solita y Curillo, y de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo.
Según Camargo, varios grupos armados ilegales estarían en medio de una disputa territorial y social por la zona. Los grupos son los Comandos Bolivarianos de la Frontera, grupo de la Segunda Marquetalia, estructura disidente de las Farc, la cual es liderada por Iván Márquez; y el frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central, otra disidencia de las Farc, liderada por Iván Mordisco.
Desde el pasado 20 de enero se estarían presentando restricciones en la movilidad de carga y pasajeros, incluida la fluvial en los ríos Orteguaza y Caquetá, tanto familias indígenas como campesinas se encontrarían en una grave situación humanitaria, explica Camargo. Los mandatarios locales ya mencionan la existencia de un “inminente enfrentamiento armado, con interposición de la población civil, lo que podría derivar en homicidios selectivos, masacres, desplazamientos masivos e individuales, aparte del confinamiento que ya fue generado”.
Debido a esta situación, la Defensoría del Pueblo ya realizó un consejo extraordinario de seguridad, que fue solicitado por la Regional Caquetá de la entidad. Desde allí se hizo un llamado de atención a autoridades nacionales, departamentales y locales, para la apertura de un corredor humanitario que permita que los municipios afectados puedan reabastecerse. Según la entidad, este confinamiento ya estaría generando afectaciones a la salud.
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“La situación de orden público, con el concurso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, debe ser conjurada lo más pronto posible para que sean restablecidos los derechos de quienes en este momento pasan afugias por cuenta del accionar indiscriminado de las disidencias de las Farc y la notable ausencia de los cuerpos de seguridad del Estado”, afirmó Camargo.
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