Las acciones armadas por cuenta de los grupos ilegales, que se han hecho visibles en departamentos como Cauca y Valle del Cauca, también han tocado a otros territorios como Casanare, según advirtió una nueva alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. Según la entidad, habitantes de los municipios de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva, y sus áreas rurales, están en situación de riesgo por cuenta de la disputa territorial entre grupos armados al margen de la ley, como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.
Mediante la alerta temprana 016-2024, la Defensoría alertó que en el sur del departamento hay tres escenarios de riesgo que estarían relacionados entre sí: el proceso de consolidación de control armado ilegal ejercido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo), su accionar violento y la injerencia del ELN a través del frente José David Suárez. Así mismo, la alerta menciona la presencia de facciones disidentes de las FARC, más precisamente de los frentes 28 y 10 del Estado Mayor Central (EMC), grupo comandado por Iván Mordisco.
En cuanto a las acciones del Clan del Golfo, la Defensoría precisó que su proceso de expansión se ha venido fortaleciendo de “manera violenta”. Así mismo, señala la entidad, ese grupo armado ha “replegado pequeñas estructuras de las antiguas estructuras paramilitares que mantenían el control local”. Y agrega: “Ello le ha permitido alcanzar supremacía ante los oponentes y enemigos para hacerse al control y articulación del sur del Casanare en espacio geográfico, aceptación de las comunidades rurales y urbanas e ingresos derivados de la dinámica económica del territorio”.
De acuerdo con el documento de alerta de la Defensoría, los grupos armados ilegales también han incursionado en zonas de pobreza extrema y exclusión social con un único fin: demostrar poder, capacidad de acción y control, lo cual ha generado temor, intimidación y sometimiento. “Igualmente, han reclutado población joven de sectores frágiles y vulnerables, bajo el engaño de darles oportunidades que el Estado y la sociedad en su conjunto les han negado”, reseña la entidad.
Además, debido a la delicada situación de inseguridad, varias comunidades se encuentran en riesgo debido a la presencia de los grupos al margen de la ley. Según la alerta 016-2024, organizaciones comunitarias, campesinos, víctimas del conflicto, ganaderos, comerciantes, docentes, entre otros, “podrían ser blanco de variadas formas de violencia, lo que vulneraría sus derechos, además de que sería infringido el derecho internacional humanitario (DIH), lo cual coartaría su libertad, integridad y seguridad”.
La Defensoría, además, señala que existe un riesgo de desplazamiento forzado y reclutamiento de menores. De igual manera, alertan sobre posibles actos de violencia sexual, secuestros, homicidios selectivos y múltiples, desaparición forzada, hostigamientos y ataques armados con efectos indiscriminados, destrucción de bienes civiles, atentados con artefactos explosivos, entre otras situaciones.
“La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, le pide a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) tramitar un total de 28 recomendaciones a entes nacionales, departamentales y locales, con el fin primordial de que sean atendidas y protegidas las comunidades de los cascos urbanos de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva y de sus corregimientos y veredas”, añade.
Además, instó al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares realizar operativos de patrullaje y control, así como labores de inteligencia “que permitan detectar de manera previa la presencia y accionar de integrantes de los grupos armados organizados”.
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