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En la tarde de este 24 de junio, la Defensoría allegó un nuevo informe sobre el paro nacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta vez, la entidad dio alcance internacional a un listado del Movimiento de Víctimas del Paro, el cual asegura que desde el pasado 28 de abril los no participantes han sufrido 174 afectaciones.
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El defensor del pueblo, Carlos Camargo, recibió el documento de la representante legal del Movimiento de Víctimas del Paro, Claudia Escobar. Se trata de un colectivo que cuenta con su propia página web y que también se reunió con los representantes de la CIDH, en su reciente visita al país por la violencia en el marco de las manifestaciones.
El listado del movimiento cuenta con un total de 93 casos, en los cuales se describirían las 174 afectaciones a los derechos humanos. “Entre los derechos afectados están a la libertad de circulación (30%), salud (22%), trabajo (22%), integridad personal (7%), mínimo vital (6%), seguridad alimentaria (4%), vida (3%) y propiedad privada (2%), entre otros”, explicó la Defensoría.
De acuerdo con la entidad, hay pacientes de cáncer quienes no pudieron acceder a un tratamiento efectivo durante los últimos días. Incluso, se describe el caso de una persona positiva por COVID-19, la cual habría fallecido luego de que marchantes impidieran el paso de la ambulancia en la que era transportado. El pasado 23 de mayo, una bebé intubada murió antes de ser trasladada en ambulancia desde Buenaventura hasta Cali. El carro quedó bloqueado entre las marchas.
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“Resultaron afectadas diferentes empresas que no han podido desarrollar normalmente sus actividades económicas por falta de insumos, por dificultad en la distribución de sus productos y por limitantes para que sus empleados lleguen a cumplir sus funciones. Trabajadores tampoco pudieron llegar a sus trabajos por los bloqueos, siendo algunos despedidos debido a la crisis que atraviesan sus empleadores, e independientes que han dejado de percibir ingresos, entre otras situaciones”, agregó la Defensoría.
Las afectaciones contra los no participantes se habrían concentrado en 21 departamentos y Bogotá, aunque la mayoría ocurrieron en el Valle (31 casos). Por otro lado, la Defensoría reveló que al menos 70 personas siguen desaparecidas desde que inició el paro nacional y que la Fiscalía tiene conocimiento de cinco posibles expedientes por desaparición forzada. Agregó que se alertó a la CIDH por 197 agresiones contra periodistas, datos que alertó la Fundación para la Libertad de Prensa.
El Movimiento de Víctimas del Paro solicitó el pasado 31 de mayo participar en las negociaciones del gobierno de Iván Duque y el Comité Nacional del Paro. El colectivo pidió que se restablezcan los monumentos que manifestantes han tumbado, que las pretensiones del comité sean debatidas y “adecuar el marco constitucional, legal nacional e internacional de los derechos humanos, para que las autoridades puedan enfrentar de manera efectiva las amenazas actuales al orden legal y democrático”.
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Entre tanto, Temblores ONG denuncia que la Fuerza Pública sería responsable por 4.285 casos de violencia en el marco del paro. La organización tendría información que le permitiría concluir que se presentaron 43 homicidios, 70 agresiones oculares, 28 ataques por violencia sexual, 30 casos de uso de lanzagases Venom por el Esmad y 1.832 detenciones arbitrarias, entre otras estadísticas.
El 25 de mayo pasado, el defensor Carlos Camargo entregó su primer balance a la CIDH, en el cual destacó que las autoridades han registrado 43 fallecimientos, de los cuales 17 tendría nexo directo con las actividades de protestas. La Comisión Interamericana recolectó voces de víctimas, colectivos, abogados, defensores de DD. HH e instituciones oficiales. Luego de analizar la información, el órgano podría emitir una serie de recomendaciones al Estado.