Los porqués de víctimas que piden ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad

Representantes de distintas organizaciones sociales y de víctimas del conflicto armado, instauraron una demanda ante la Corte Constitucional, en la que piden ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad. Los demandantes fundamentan su petición en que, a causa de la pandemia, la entidad no tuvo acceso a todos los territorios donde debía escuchar a las víctimas. Los ciudadanos manifiestan que, al no poder trasladarse hasta los lugares donde se vivió el conflicto armado, se imposibilita el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición de estos actos. Esto aunado al miedo que manifiestan tener por la violencia que existe aún en muchos de los territorios.

Una de las firmantes de la demanda, Gloria Ramírez, representante de la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida), afirmó a El Espectador, que las víctimas no sienten que la virtualidad garantice las condiciones de seguridad y confianza que necesitan para dar su testimonio de manera confidencial. Según ella, “no en todos los espacios se puede hablar con tranquilidad, por ejemplo en muchos territorios están nuestros agresores y nuestra voz no tiene eco”.

En entrevista con este diario, Juliana Bustamante, del programa PAIIS de la Universidad de Los Andes, dijo que en muchas zonas rurales donde ocurrieron hechos del conflicto, no hay conectividad o la señal es de mala calidad. Y, en el mismo sentido, que hay lugares como las cárceles donde ha sido imposible recoger testimonios durante la pandemia, por lo cual, el trabajo de la Comisión no se ha dado como estaba previsto.

Las dos demandantes afirman que lo más preocupante del trabajo de la Comisión en esta pandemia ha sido el no poder ingresar a los territorios, pues, como lo dijo Ramírez, “la confianza se cultiva, y a través de un celular eso no se puede hacer, las víctimas no hablan con una persona, hablan con una pantalla”. A su vez, Bustamante dice que al no poder trasladarse a las zonas, “se pierde el enfoque participativo y territorial”.

Dentro de los firmantes de la demanda hay representantes de la Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida), la Red Colombiana de Lugares de Memoria, el Programa Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia. La demanda es contra, lo que ellos consideran, la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 24 del Decreto Ley 588 de 2017, que establecen un periodo de tres años de funcionamiento para la Comisión.

La demanda, admitida el pasado 14 de julio, asegura que estos tres años de trabajo deben ser efectivos para lograr cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz, algo que la pandemia ha impedido. Los peticionantes afirman que la Comisión solo ha funcionado un año y tres meses en condiciones de normalidad, lo que corresponde a un 40% de su periodo. El resto del tiempo, si bien no han suspendido las actividades, dice la demanda, sí han tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades.

Para los firmantes, si el periodo de tres años se mantiene como establece el Decreto Ley, terminaría en noviembre de 2021 y se estaría incumpliendo el derecho de las víctimas a la verdad y la no repetición. Según ellos, la pandemia ha dificultado la recolección de información y la validación de los datos que necesita la entidad para elaborar el informe final y brindar el máximo nivel de verdad a las víctimas.

Dentro de las propuestas para aumentar el periodo y que la Comisión pueda trabajar como es debido, está compensar el tiempo transcurrido entre el 12 de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria en Colombia, y el 31 de mayo de 2021, cuando entró en vigencia la reactivación económica. La demanda se suma a un concepto publicado el 7 de julio de este año por la Sala de Consulta del Consejo de Estado, en el que coincide con la necesidad de ampliar el periodo de la Comisión, ya que por el tiempo que le queda no ve posible socializar el informe final con la ciudadanía, ni tampoco para liquidar correctamente la institución. (Lea el concepto aquí)

Representantes de distintas organizaciones sociales y de víctimas del conflicto armado, instauraron una demanda ante la Corte Constitucional, en la que piden ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad. Los demandantes fundamentan su petición en que, a causa de la pandemia, la entidad no tuvo acceso a todos los territorios donde debía escuchar a las víctimas. Los ciudadanos manifiestan que, al no poder trasladarse hasta los lugares donde se vivió el conflicto armado, se imposibilita el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición de estos actos. Esto aunado al miedo que manifiestan tener por la violencia que existe aún en muchos de los territorios.

Una de las firmantes de la demanda, Gloria Ramírez, representante de la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida), afirmó a El Espectador, que las víctimas no sienten que la virtualidad garantice las condiciones de seguridad y confianza que necesitan para dar su testimonio de manera confidencial. Según ella, “no en todos los espacios se puede hablar con tranquilidad, por ejemplo en muchos territorios están nuestros agresores y nuestra voz no tiene eco”.

En entrevista con este diario, Juliana Bustamante, del programa PAIIS de la Universidad de Los Andes, dijo que en muchas zonas rurales donde ocurrieron hechos del conflicto, no hay conectividad o la señal es de mala calidad. Y, en el mismo sentido, que hay lugares como las cárceles donde ha sido imposible recoger testimonios durante la pandemia, por lo cual, el trabajo de la Comisión no se ha dado como estaba previsto.

Las dos demandantes afirman que lo más preocupante del trabajo de la Comisión en esta pandemia ha sido el no poder ingresar a los territorios, pues, como lo dijo Ramírez, “la confianza se cultiva, y a través de un celular eso no se puede hacer, las víctimas no hablan con una persona, hablan con una pantalla”. A su vez, Bustamante dice que al no poder trasladarse a las zonas, “se pierde el enfoque participativo y territorial”.

Dentro de los firmantes de la demanda hay representantes de la Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida), la Red Colombiana de Lugares de Memoria, el Programa Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia. La demanda es contra, lo que ellos consideran, la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 24 del Decreto Ley 588 de 2017, que establecen un periodo de tres años de funcionamiento para la Comisión.

La demanda, admitida el pasado 14 de julio, asegura que estos tres años de trabajo deben ser efectivos para lograr cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz, algo que la pandemia ha impedido. Los peticionantes afirman que la Comisión solo ha funcionado un año y tres meses en condiciones de normalidad, lo que corresponde a un 40% de su periodo. El resto del tiempo, si bien no han suspendido las actividades, dice la demanda, sí han tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades.

Para los firmantes, si el periodo de tres años se mantiene como establece el Decreto Ley, terminaría en noviembre de 2021 y se estaría incumpliendo el derecho de las víctimas a la verdad y la no repetición. Según ellos, la pandemia ha dificultado la recolección de información y la validación de los datos que necesita la entidad para elaborar el informe final y brindar el máximo nivel de verdad a las víctimas.

Dentro de las propuestas para aumentar el periodo y que la Comisión pueda trabajar como es debido, está compensar el tiempo transcurrido entre el 12 de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria en Colombia, y el 31 de mayo de 2021, cuando entró en vigencia la reactivación económica. La demanda se suma a un concepto publicado el 7 de julio de este año por la Sala de Consulta del Consejo de Estado, en el que coincide con la necesidad de ampliar el periodo de la Comisión, ya que por el tiempo que le queda no ve posible socializar el informe final con la ciudadanía, ni tampoco para liquidar correctamente la institución. (Lea el concepto aquí)