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De mantenerse en firme, el billonario fallo de la Contraloría en el caso Hidroituango tendrá consecuencias sin precedentes: la plata que ya accedió a girar la aseguradora Mapfre podría embolatarse, los contratistas que hoy tienen a su cargo terminar el proyecto hidroeléctrico y ponerlo en marcha en el próximo año tendrían que ceder el contrato, y los sancionados -incluido el precandidato presidencial Sergio Fajardo- tendrían enredos para posesionarse en cargos públicos. Al menos eso asegura una acción popular radicada en diciembre que pide tumbar la sanción porque, supuestamente, pone en riesgo el patrimonio público, en lugar de protegerlo.
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“Esta decisión generará unos efectos colaterales de una gravedad extrema, pero que podrían evitarse si los efectos de la decisión final se suspendieran y su ejecución se postergara”, se lee en la demanda, que presentaron conjuntamente el capítulo antioqueño de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI Antioquia), el Sindicato de Trabajadores de EPM (Sinpro) y el reconocido ingeniero José Hilario López, una de las personas que más ha investigado sobre Hidroituango en su campo. En concreto, le pidieron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspenda los efectos del fallo hasta que la aseguradora desembolse todos los pagos.
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“El valor del supuesto detrimento patrimonial se encuentra cubierto de sobra por la póliza de todo riesgo en construcción otorgada por Mapfre, quien reconoció cobertura, tal como lo aceptó expresamente la Contraloría”, explicaron en la demanda. Según ha explicado EPM, la póliza cubre tanto los daños materiales que dejó la contingencia de 2018, cuando uno de los ductos que canalizaba las aguas del río Cauca se taponó, como los retrasos que ha habido en el proyecto, que aún no entra en funcionamiento. La aseguradora ha girado ya US$350 millones y podría girar más. Aunque en primera instancia la Contraloría reconoció estos pagos, el fallo final sancionó también a Mapfre.
Los demandantes sostuvieron que la vinculación de Maprfe a la sanción obedeció a un criterio “caprichoso” y “carente de prueba” de la Contraloría, pues la aseguradora no ha dicho que vaya a dejar de pagar. De hecho, en diciembre anunció un acuerdo para desembolsar US$633,5 millones. Además, la demanda sostiene que sancionar a la aseguradora generaría dos escenarios “lesivos”. Por un lado, el fallo de responsabilidad fiscal se fundamenta en que hubo culpa, que no es asegurable, con lo cual Mapfre podría librarse de pagar. Y, por otro lado, la plata que gire la aseguradora por la sanción no le entraría a EPM, sino a la Alcaldía de Medellín o a la Gobernación de Antioquia.
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“La decisión de la Contraloría, más allá de dar un parte de tranquilidad por la supuesta recuperación de los dineros públicos ‘perdidos’, genera un ambiente de incertidumbre sobre la terminación del proyecto”, asegura la acción popular, porque los constructores actuales (Conconcreto, Coninsa Ramón H. y Camargo Correa Infra) tendrían que ceder el contrato. Según la demanda, “un cambio de contratistas implicaría seleccionar quiénes llegan, desmontar la maquinaria del contratista anterior, negociaciones entre el contratista saliente y el entrante (...) esto afectaría el cronograma de trabajo y pondría en riesgo la entrada en operación de la primera turbina a mediados del año 2022”.
Cualquier retraso adicional en Hidroituango tendría repercusiones económicas y ambientales, añade la acción popular. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd) han advertido que el vertedero no puede aguantar por mucho como la única vía de descarga de aguas. Y, según los demandantes, un año más de retrasos significaría la pérdida de alrededor de US$520 millones. “Es más que evidente que la decisión de la Contraloría, por donde se mire, trae consecuencias que afectan los derechos cuya protección se reclama, dejando el trabajo de varios años en el limbo”, añadieron.
La acción popular agrega que la sanción tendría efectos nefastos en la economía del país, pues si las aseguradoras no pagan, empresas de la talla de EPM y los demás implicados deberían responder de su bolsillo por los $4,3 billones. Los demandantes aseguran que un escenario así acarrearía pérdidas de empleos, afectación de los mercados de valores, entre otros. “La Contraloría no consideró las consecuencias del fallo de responsabilidad fiscal, motivo por el cual le corresponde al juez corregir las consecuencias que se presenten en este caso”, aseguraron. Mientras se decidía de fondo, los demandantes pidieron una medida cautelar: suspender todos los efectos del fallo.
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A pesar del acuerdo alcanzado entre Mapfre y EPM en diciembre, la demanda sigue en firme, según le dijeron a El Espectador los abogados del equipo jurídico que la interpuso. “Es verdad que el riesgo se disminuyó sensiblemente en virtud del acuerdo anunciado con Mapfre el pasado mes de diciembre. No obstante, el problema no se encuentra solucionado hasta tanto no se produzca el pago completo del fallo con responsabilidad fiscal y se tome alguna medida por parte de la Contraloría que permita continuar la construcción de la obra sin dilación”, señalaron.
La acción popular ya está en el despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel, quien negó una solicitud para decretar medidas cautelares urgentes y aún no decide si admitir, o no, la demanda. Mientras se abre este nuevo frente de batalla por el proyecto hidroeléctrico más ambicioso de Colombia, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha dicho que a pesar del acuerdo seguirá adelante con otra demanda que interpuso su administración ante el Tribunal Administrativo de Antioquia para recuperar dineros de Hidroituango. A la fecha, este recurso del sindicato, la CCI y López también sigue su curso.