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Mientras miles de colombianos se disponían en el búnker de la Fiscalía para pedir la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez, en el Consejo de Estado se acababa se radicar una demanda de nulidad del Acuerdo 871 de 11 de julio 2016. La resolución designó a Martínez como jefe del ente acusador por cuatro años. Los demandantes, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y la Comisión Colombiana de Juristas, consieran que el acuerdo debe ser anulado y que mientras se toma una decisión, Martínez sea apartado provisionalmente de su cargo.
En el recurso de 53 páginas, los querellantes aseguran que Martínez, en su condición de ternado, junto a Yesid Reyes y Mónica Cifuentes, omitió información “grave y relevante” sobre su conocimiento en el escándalo de corrupción de Odebrecht y el enredo en el mismo de las empresas y personas que él había representado. Es decir, de Luis Carlos Sarmiento Angulo y del Grupo Aval. La falta de información, según la demanda, llevó a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia “no contara con información sustancial que podría haber afectado su decisión”.
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Lo anterior, al parecer, porque los miembros de la Corte Suprema desconocieron que Martínez tendría que declararse impedido en las líneas investigativas en este caso corrupción y que “debería ser investigado por su conocimiento del mismo”. Los demandantes afirman que todo esto generó una “falsa motivación en el acto de elección”, pues el hoy fiscal general “ocultó información relevante para la decisión que tomaría la Sala Plena de la Corte Suprema y, por lo tanto, esta última votó, lo eligió y confirmó con el convencimiento de que era el ternado en mejores condiciones para desempeñar el cargo”.
Dejusticia y la Comisión Colombiana de Juristas consignan 36 hechos que consideran relevantes. Algunos de ellos son los audios divulgados por El Espectador y Noticias uno, y entrevistas que Martínez concedió a varios medios de comunicación. Por ejemplo, Caracol Radio entrevistó el 10 de mayo de 2016 a los ternados para ocupar el cargo de fiscal general. Cuando le preguntaron a Martínez en qué procesos se declararía impedido, en caso de llegar a ser elegido, este contestó: “no conozco ningún familiar próximo o cliente que esté involucrado en alguna investigación penal en la Fiscalía. Tampoco cursa actualmente ningún proceso vigente en la Fiscalía en el que yo haya actuado como apoderado judicial. Así que a la fecha no veo impedimentos”.
También afirman que Martínez, luego de que la Corte Suprema recibiera la terna por parte del presidente en abril de 2016, gestionó un contrato de transacción entre el Grupo Aval y Odebrecht. Para sustentar esta afirmación, citaron una entrevista con El Espectador. En ella, Martínez dice que en esa época “se hicieron unas reclamaciones al accionista internacional (Odebrecht) y eso dio lugar a que Odebrecht le presentara unos informes diciéndole que sí eran fundados esos gastos (que Pizano advirtió como irregulares) y por ello fue que terminaron en un contrato de transacción”.
Igualmente, los denunciantes aseveran que Martínez ocultó información relevante para la avaluación que en ese entonces debía hacer la Corte Suprema por tres razones. La primera, porque a partir de los hechos que estaban ocurriendo en Brasil desde marzo de 2014 y en Estados Unidos desde el 2015, más el conocimiento que tenía por las conversaciones que sostuvo con el controller Jorge Enrique Pizano, “era inminente que en Colombia se desatara una investigación” por Odebrecht. “Hubiese sido un criterio importante para la Corte analizar la cantidad de impedimentos que tendría que declarar el candidato y como esto pudiese o no afectar la idoneidad de este para poder cumplir con sus funciones”.
En segundo lugar, porque “si Néstor Humberto Martínez Neira no hubiese ocultado lo que conocía por Pizano y hubiese dejado en evidencia que posterior a esto había desarrollado una asesoría jurídica en el contrato de transacción que aseguraría los beneficios económicos de su cliente, habría quedado en evidencia una conducta, por lo menos, éticamente cuestionable”. Y, en tercer lugar, porque Martínez “tenía un interés claro y concreto en salvaguardar los intereses del Grupo Aval y la integridad de los negocios en que este participaba”.
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Por todo esto, los demandantes aseveran que se violaron ocho artículos de la Constitución Política y seis de la Ley 1437 de 2011 (expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). Mientras se toma una decisión sobre la demanda de nulidad, solicitan que el Acuerdo 871 de 11 de julio 2016 sea suspendido provisionalmente para que la sentencia no carezca de efectos por un motivo básico: el tiempo necesario para tramitar y decidir esta demanda. Un ejemplo citado fue la decisión que declaró nulo el acto de elección de Alejandro Ordoñez como procurador. La demanda fue presentada el 30 de enero de 2013, mientras que la decisión está fechada del 7 de septiembre de 2016. Es decir, más de tres años después.
Entre tanto, Martínez ha dicho en reiteradas oportunidades que ha actuado bajo los parámetros de la ley. De hecho, en el debate de control político dijo que, en sus conversaciones en 2015 con Pizano, aún no se sabía que las irregularidades cometidas por Odebrecht eran delitos. En opinión del fiscal, esas grabaciones demuestran que nunca se tuvo certeza de lo que estaba sucediendo y recordó, además, que su llegada a la Fiscalía solo fue hasta agosto de 2016. En ese momento, el fiscal general dejó en claro que no contempla la renuncia: “colombianos, aquí está su fiscal dando la cara”.