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El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, citó para la tarde de este miércoles a una reunión interinstitucional de alto nivel. A ésta deberán acudir los ministros del Interior y de Justicia, Hacienda y Crédito Público, los presidentes del Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y el de la Sala Administrativa para intentar evitar lo que podría ser un nuevo colapso de la justicia.
La notoria preocupación del jefe del Ministerio Público se originó a partir de las reformas que aprobó el Congreso a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, debido a que dichas modificaciones le confieren a la Procuraduría la tarea de recibir y darles el trámite de conciliación a las más de 150.000 demandas que los colombianos anualmente instauran en contra de la Nación.
En dicha reunión el Procurador les pedirá a los ministros y a los magistrados no solamente apoyo económico, sino también humano y logístico para asumir el proceso de la descongestión, debido a que por el momento sólo cuenta con 117 agentes del Ministerio Público. La tarea de estos funcionarios será la de recibir las miles de demandas por nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y de controversias contractuales que se presentan en contra del Estado.
Con esta ley las personas que vayan a demandar a la Nación, cuyo costo anual del pleito es de un billón de pesos, ya no aguardarán unos minutos para instaurar la demanda, sino que obligatoriamente deberán acudir a la Procuraduría e intentar conciliar el asunto. Así las cosas, los demandantes, quienes en algunas ocasiones han esperado hasta 13 años y medio para que se les resuelva el proceso, deberán aguardar a que el funcionario los atienda y luego se le dé curso al trámite conciliatorio antes de que se pueda demandar directamente al Estado.
Aunque todo dependerá de la reunión de esta tarde, la Procuraduría ideó lo que podría ser un plan de choque para asumir la nueva función que le endosó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia o Ley 1285 del 22 de enero de 2009. Estas acciones son: Divulgar ante los medios de comunicación la nueva disposición, reasignar las competencias de los procuradores judiciales, desarrollar un plan de capacitación para asuntos administrativos, elaborar un manual institucional sobre conciliación extrajudicial, evaluar los recursos humanos con los que cuenta la entidad y aumentar el número de judicantes habilitados para apoyar las labores de los procuradores.