En abril de 2013, luego de una ascendente y promisoria carrera como oficial de la Policía, la capitán Tania Rodríguez Salomón fue nombrada como jefe de talento humano en la Escuela de Carabineros de la provincia de Vélez (Santander). En desarrollo de sus funciones, la oficial empezó a revisar aspectos pertinentes a la nómina de la unidad y pronto detectó múltiples irregularidades. Hoy, blanco de amenazas y denuncias por sus hallazgos, decidió revelarle a la justicia lo que está sucediendo en esta escuela.
Según la capitán Rodríguez, después de revisar la nómina de la unidad, los reportes de descuentos y reintegros, entre otros aspectos administrativos, encontró serias inconsistencias. Por eso acudió a sus superiores, el coronel Jorge Evelio Palomino (hermano del hoy director de la Policía, general Rodolfo Palomino) y el mayor Uriel Mariño, para reportarles lo encontrado. La respuesta fue, según ella, que se mantuviera al margen y que todo lo referente a contratación debía manejarlo otro oficial.
La capitán Rodríguez cumplió la orden, pero le pidió a un intendente que le remitiera por correo electrónico las novedades registradas en el sistema de administración de talento humano. En diciembre de 2013, ocho meses después, hubo relevo en la escuela de Vélez. Nuevamente la oficial Rodríguez reportó sus hallazgos, esta vez al coronel Carlos Alberto Jaimes y al mayor Octavio Olaya. El primero de ellos la respaldó y le dijo que debía informar las irregularidades.
Además, recibió la orden de no expedir constancia de favorabilidad para algunos contratos. En adelante la capitán Rodríguez comenzó a reportar inconsistencias en las partidas de alimentación de la escuela y otros hallazgos, pues el archivo de la oficina de talento humano no estaba al día o faltaban muchos soportes de gastos. De igual modo, dejó constancia de que múltiples contratos eran celebrados con familiares y allegados del centro de formación y había indebidos manejos de dineros para la formación de auxiliares.
Tras sus reportes, la oficial Rodríguez empezó a recibir amenazas verbales en su lugar de trabajo. Según ella, le llegaron a decir que tuviera cuidado porque el nivel de estrés que tenía por conocer de esos asuntos la podía llevar al suicidio. En particular manifestó que el jefe administrativo de la Escuela le advirtió que él había estado recluido en la cárcel, que conocía mucha gente y que tenía tan buenas influencias, que se había quedado en el mismo cargo que tenía, sin antecedentes.
La capitán se graduó como subteniente en 2002. Estuvo al mando de dos CAI en Bogotá. Luego fue trasladada a Antioquia, donde hizo parte de la Sijín, y posteriormente fue vinculada a Antinarcóticos. Después fue remitida a Ibagué, pasó por la escuela de Fusagasugá y luego llegó a la Escuela de Vélez. Según la Policía, ha tenido seis procesos disciplinarios. En dos fue absuelta, en tres archivaron y fue sancionada por errores de procedimiento en una diligencia judicial.
Sin embargo, hoy asegura que algunas de las personas que ha denunciado han instaurado demandas en su contra para perturbar su carrera como profesional. Asimismo, sostiene que se han ventilado rumores de que ella no se encuentra en plenas facultades mentales, que es una persona problemática e incluso la han ordenado a asistir a citas sicológicas. En apoyo de sus denuncias asegura que a la persona que adelantaba la auditoria de los contratos en la Escuela de Vélez la relevaron de su cargo y la asignaron a la biblioteca.
Frente a las denuncias que la capitán Rodríguez ha presentado en la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, por los presuntos delitos de detrimento patrimonial, irregularidades en contratación, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, este lunes la Policía expidió una declaración en la cual manifestó que la Inspección General ya está investigando los hechos en la Escuela de Vélez y, con el apoyo de la Fiscalía, se han abierto tres indagaciones preliminares contra oficiales y suboficiales.
El Espectador habló personalmente con el inspector general de la Policía, general Yesid Vásquez, quien señaló que envió una comisión especial para investigar los hechos y que los primeros resultados concluyeron que entre 2013 y 2014 no se halló ninguna irregularidad en el reintegro de dineros por partida de alimentos. Agregó que lo que sucedió fue que no se presentaron adecuadamente los documentos y que eso ha generado un caos administrativo, pero que no se han desviado fondos públicos.
El general Vásquez añadió que se realizarán todos los procedimientos para esclarecer este asunto y que siempre se actuará bajo la premisa de cero tolerancia a la corrupción. Frente al resto de las denuncias presentadas, manifestó que los contratos están en regla. El propio comandante de la Policía, general Rodolfo Palomino, indicó que si algún oficial o suboficial que haya tenido injerencia administrativa en la Escuela de Vélez cometió alguna irregularidad, tendrá que responder por sus actuaciones.
El caso ya está en manos de altos funcionarios de la Fiscalía y en las próximas horas se espera que el proceso quede asignado a un fiscal de la Unidad Anticorrupción. Cabe recordar que la Escuela de Carabineros de Vélez maneja un presupuesto de alrededor de $17.000 millones para la manutención de 170 profesionales, un promedio de 1.200 alumnos y auxiliares y una planta de 300 empleados.
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