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En 1992, el año siguiente a la fundación de la Corte Constitucional, el alto tribunal se pronunció por primera vez sobre los impactos en el medioambiente y en los derechos fundamentales que deja la operación del Cerrejón, mina de carbón a cielo abierto, ubicada en La Guajira. En los casi 20 años que han pasado desde entonces, y porque nada pareciera cambiar, todas las altas cortes de Colombia, varias instancias de la ONU y del sistema interamericano de derechos humanos han documentado la grave situación que viven las comunidades wayúu cercanas al yacimiento. Una nueva acción contra la minera le apunta a una instancia distinta: la OCDE.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuenta con directrices para las empresas multinacionales que se benefician de los acuerdos comerciales entre los países miembros. Para denunciar una falta a estos parámetros, cada Estado cuenta con un Punto de Contacto, que debe investigar y, si ha lugar, darle algunas órdenes a la compañía. Y eso es lo que ocurrió con Cerrejón: sus dueños, los gigantes de la minería BHP, Glencore y Anglo American, fueron denunciados respectivamente en Australia, Suiza y el Reino Unido, porque, al parecer, no han cumplido los estándares de derechos humanos a los que se comprometieron.
La oenegé internacional Global Legal Action Network, junto al Cinep y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otras organizaciones, llevaron tres argumentos concretos a la OCDE. En primer lugar, que BHP, Glencore y Anglo American, reunidas en Cerrejón, “no han contribuido al progreso ambiental”, pues uno de los compromisos de estas multinacionales es caminar hacia el desarrollo sostenible. “En cambio, (Cerrejón) ha causado graves impactos ambientales adversos”, agrega el documento de 68 páginas, conocido por El Espectador, que cita como evidencia las sentencias judiciales que le han ordenado cambios concretos a la mina, los cuales no han llevado a cabo.
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En segundo lugar, que las compañías no han respetado los derechos humanos. Para las organizaciones que acompañan en este litigio a los wayúu, estas empresas les han vulnerado el derecho a la vida y a un ambiente sano —con la contaminación que deja la explotación—, a una vivienda digna —con las ampliaciones de la mina, que generan desplazamientos—; así como los derechos específicos de los pueblos indígenas —como el de la consulta previa—. Según la denuncia, Cerrejón, “ha fallado en responder a los graves impactos adversos en los derechos humanos que ha causado y en remediar estos, incluso al no cumplir con las decisiones de los tribunales colombianos”.lee
Y, por último, aseguran que las multinacionales no han actuado con la debida diligencia (due diligence) para identificar, prevenir y mitigar los impactos que tiene su operación. “La empresa ha fallado en realizar evaluaciones adecuadas de impacto ambiental y, en cambio, ha seguido ampliando sus operaciones sin ninguna certeza sobre las consecuencias”, dice la denuncia, citando, por ejemplo, las expansiones de puertos, rieles y área de explotación que llevó a cabo Cerrejón en 2005. Además, la mina sigue sin reportar públicamente los efectos de su accionar en los derechos humanos o en el medioambiente, al punto que ni siquiera informan sobre sus emisiones de gases.
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Si bien BHP, Glencore y Anglo American informan periódicamente sobre los efectos de sus minas alrededor del mundo, cumpliendo, en teoría, con sus obligaciones de debida diligencia, lla denuncia sostiene que en estos reportes nunca han incluido las probadas huellas que deja su accionar en La Guajira: escasez de agua, tierras estériles, contaminación del aire, entre otros. “Como mínimo, debe esperarse que una empresa reconozca los impactos de sus actividades cuando vengan de conclusiones judiciales. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, Cerrejón ha insistido en negar y minimizar la gravedad de sus impactos”, agrega el documento.
Los lineamientos de la OCDE les exigen a las multinacionales frenar los impactos adversos que esté causando. Por todo esto, en la denuncia se le pide a los puntos de contacto de Australia, Suiza y el Reino Unido que le ordenen a los dueños de Cerrejón: cerrar inmediatamente el Tajo Patilla —cantera ubicada a escasos metros de una comunidad wayúu— como había ordenado la Corte Constitucional; progresivamente irse La Guajira, pero no sin antes remediar sus daños, aceptar públicamente su responsabilidad en los impactos ambientales y de derechos humanos, resaltando que hay algunos irremediables; así como cumplir con las órdenes de las cortes colombianas.
Consultados por este diario, la casa matriz de Glencore en Suiza, que es la dueña mayoritario, respondió que están evaluando la denuncia y no se iban a pronunciar por ahora.