Denuncian intervención en cementerio El Copey pese a que tiene medidas cautelares
Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares para que no se interviniera el cementerio ubicado en el departamento de Cesar, por riesgo a daños en las estructuras óseas que allí reposan, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) denunció incumplimiento por parte de la alcaldía. En una visita constataron la presencia de nuevas bóvedas en el recinto.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), familiares de Óscar Alexander Morales, desaparecido y asesinado extrajudicialmente, y un grupo de víctimas de crímenes de Estado del Caribe denunciaron que en el cementerio El Copey, ubicado en el departamento de Cesar, actualmente adelantan intervenciones que están suspendidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego de que, en julio de 2020, decretara medidas cautelares por el riesgo que corrían las estructuras óseas que reposan en el lugar.
Para la CCJ, el alcalde de Copey, Francisco Mesa Altamar, está incumpliendo la directriz de la justicia transicional. Durante la visita, que tenía como propósito verificar el estado actual del lugar, se constató que se han construido bóvedas sobre este terreno en el que, al parecer, reposarían los restos de alrededor de cien jóvenes que, así como Morales, también fueron víctimas de homicidios y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por miembros del Ejército.
Lea aquí: JEP estudia si alcalde de El Copey desacató su orden de proteger cementerio alterno
Sobre este terreno no solo reposan las medidas cautelares que impuso la JEP, sino también el llamado que hizo, en su momento, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) que alertó que el mal manejo del predio amenazaba la posibilidad de recuperar los cuerpos de personas no identificadas y desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
Con estos antecedentes, en enero pasado, la CCJ solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP decretar el desacato por parte de la Alcaldía respecto de las medidas cautelares ordenadas sobre el cementerio. A su juicio, existe evidencia que corrobora la negligencia de las instituciones locales. “Estas acciones, además de poner en riesgo los restos de las víctimas de desaparición forzada y de los mal llamados -falsos positivos-, vulneran los derechos de las familias que están a la espera de recuperar los cuerpos de sus seres queridos”, dijo la CCJ.
Lea también: JEP, Unidad de Búsqueda y Fiscalía visitan cementerio de El Copey para verificar su estado
Del mismo modo, solicitaron a la justicia transicional imponer una sanción por desacato al representante legal de El Copey, y que dé a conocer toda la información sobre las medidas implementadas por la Alcaldía, la gobernación del Cesar y la Policía para la protección del predio y la conservación de los restos mortales de las víctimas que están en el cementerio.
Entre otras cosas, en mayo pasado, la familia de Óscar Alexander Morales pidió a la JEP pronunciarse sobre los incumplimientos de las órdenes. Sin embargo, a su juicio, hasta el momento, no se ha referido a las solicitudes realizadas por la CCJ. En septiembre, la Comisión solicitó a la misma sala de la JEP tomar las determinaciones necesarias para solucionar la situación y mitigar los daños ocasionados tras la intervención del cementerio.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
“Desde la Comisión Colombiana de Juristas rechazamos las intervenciones en este terreno en el que reposan los restos de víctimas de desaparición forzada y de muertes falsamente presentadas como bajas en combate. Asimismo, hacemos un llamado a la JEP para que haga un seguimiento a las órdenes impartidas al alcalde Francisco Meza”, resaltó la Comisión.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), familiares de Óscar Alexander Morales, desaparecido y asesinado extrajudicialmente, y un grupo de víctimas de crímenes de Estado del Caribe denunciaron que en el cementerio El Copey, ubicado en el departamento de Cesar, actualmente adelantan intervenciones que están suspendidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego de que, en julio de 2020, decretara medidas cautelares por el riesgo que corrían las estructuras óseas que reposan en el lugar.
Para la CCJ, el alcalde de Copey, Francisco Mesa Altamar, está incumpliendo la directriz de la justicia transicional. Durante la visita, que tenía como propósito verificar el estado actual del lugar, se constató que se han construido bóvedas sobre este terreno en el que, al parecer, reposarían los restos de alrededor de cien jóvenes que, así como Morales, también fueron víctimas de homicidios y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por miembros del Ejército.
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Sobre este terreno no solo reposan las medidas cautelares que impuso la JEP, sino también el llamado que hizo, en su momento, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) que alertó que el mal manejo del predio amenazaba la posibilidad de recuperar los cuerpos de personas no identificadas y desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
Con estos antecedentes, en enero pasado, la CCJ solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP decretar el desacato por parte de la Alcaldía respecto de las medidas cautelares ordenadas sobre el cementerio. A su juicio, existe evidencia que corrobora la negligencia de las instituciones locales. “Estas acciones, además de poner en riesgo los restos de las víctimas de desaparición forzada y de los mal llamados -falsos positivos-, vulneran los derechos de las familias que están a la espera de recuperar los cuerpos de sus seres queridos”, dijo la CCJ.
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Del mismo modo, solicitaron a la justicia transicional imponer una sanción por desacato al representante legal de El Copey, y que dé a conocer toda la información sobre las medidas implementadas por la Alcaldía, la gobernación del Cesar y la Policía para la protección del predio y la conservación de los restos mortales de las víctimas que están en el cementerio.
Entre otras cosas, en mayo pasado, la familia de Óscar Alexander Morales pidió a la JEP pronunciarse sobre los incumplimientos de las órdenes. Sin embargo, a su juicio, hasta el momento, no se ha referido a las solicitudes realizadas por la CCJ. En septiembre, la Comisión solicitó a la misma sala de la JEP tomar las determinaciones necesarias para solucionar la situación y mitigar los daños ocasionados tras la intervención del cementerio.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
“Desde la Comisión Colombiana de Juristas rechazamos las intervenciones en este terreno en el que reposan los restos de víctimas de desaparición forzada y de muertes falsamente presentadas como bajas en combate. Asimismo, hacemos un llamado a la JEP para que haga un seguimiento a las órdenes impartidas al alcalde Francisco Meza”, resaltó la Comisión.