Denuncian irregularidades en arremetida contra primeras líneas de todo el país

Durante 36 horas, la Policía desarrolló operativos en Cali, Medellín, Bucaramanga y Bogotá contra supuestos integrantes de colectivos de primeras líneas, que, supuestamente, planeaban acciones violentas para el día de las elecciones. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos de todo el país han denunciado irregularidades: que los jóvenes habían sido previamente detenidos de manera arbitraria, que muchos de ellos son líderes en sus comunidades o que las autoridades estarían intentando vincularlos, sin mayor evidencia, con el narcotráfico.

(En contexto: En B/manga y Cali: van 20 capturas de presuntos integrantes de la Primera Línea)

Según el ministro del Interior, Daniel Palacios, los capturados en Bucaramanga y Cali, señalados de integrar primeras líneas, “son presuntos delincuentes. A su turno, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró: “Todo aquel que ha cometido delitos por extorsión, destrucción de bienes públicos y privados y terrorismo, siguen con los procesos de judicialización como en Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali”. Sin embargo, el abogado Óscar Ramírez, del Comité de Solidaridad Con Presos Políticos (CSPP), aseguró que las autoridades estarían presionadas para mostrar resultados de cara a las elecciones del próximo domingo 19 de junio.

Según la Policía, los capturados planeaban acciones violentas para el próximo domingo. Pero Ramírez, que ha seguido de cerca las audiencias de judicialización, le dijo a El Espectador que, “no hay por ahora material probatorio reciente que dé cuenta de esa justificación mediática que ha dado la Policía”. Además de las 23 capturas, el abogado calificó como “hostigamientos” los allanamientos en otros lugares del país que hicieran en las últimas horas las autoridades en las residencias de líderes juveniles que participaron u organizaron las protestas del paro nacional de 2021.

(Le puede interesar: Denuncian traslado a un “sitio desconocido” de joven de la primera línea)

Desde Bucaramanga, por ejemplo, el abogado Edwin Sandoval, también del CSPP denunció en diálogo con El Espectador: “es una investigación que utiliza muchas fuentes humanas no formales. A muchos de estos muchachos de Bucaramanga los habían detenido previamente en protestas sociales mediante procesos arbitrarios, los habían individualizado y reseñado sin abrirles un proceso judicial. Lo que estamos viendo es que no hay una especificación concreta y real sobre los hechos por los que los vinculan”.

Alos jóvenes capturados en la capital de Santander los imputan este jueves por los delitos de concierto para delinquir y fabricación y tenencia de objetos o sustancias peligrosas. Sin embargo, según el abogado Sandoval, “hay otros muchachos que capturaron con droga que no tienen nada que ver con la protesta social, pero que los vincularon a este proceso para llevarlos dentro de la misma línea. Tal vez para justificar con más intensidad el concierto para delinquir, pero no hay una relación clara y específica de ese tráfico de estupefacientes que se alega con la protesta ni con la primera línea de Bucaramanga”.

(Lea también: Primera línea acude a la CIDH buscando protección)

Una de las primeras organizaciones en encender las alarmas fue el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), que advirtió posibles irregularidades sobre las capturas en Cali. “Las nueve personas detenidas forman parte de procesos organizativos y sociales derivados del paro nacional en 2021. Dos de estas personas, Alejandro Blandón y John Alejandro Hernández, hacen parte de experiencias de diálogo social y de construcción de paz que el Cinep ha venido acompañando en la ciudad”, dijo en una declaración el coordinador de mediación del Cinep, Rodrigo Ante.

Simona, líder de la Primera Línea Escudos Azules, de Bogotá, denunció en diálogo con este diario que un miembro de su colectivo también sufrió un “acto de intimidación” este 16 de junio. “Fueron de la Sijin de la Policía a la casa de uno de nuestros miembros como una forma de intimidación. Él no estaba, tan pronto se dieron cuenta que no estaba, lo llamaron e hicieron verificación de datos con la pregunta: ¿usted vive en este domicilio?”, aseguró la joven. Según ella, se trata de una estrategia, de cara a las elecciones, por intentar vincular a las primeras líneas con actos violentos y con un candidato en particular. “Nosotros vamos a respetar la elección del pueblo colombiano, sea cual sea”, ratificó.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Durante 36 horas, la Policía desarrolló operativos en Cali, Medellín, Bucaramanga y Bogotá contra supuestos integrantes de colectivos de primeras líneas, que, supuestamente, planeaban acciones violentas para el día de las elecciones. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos de todo el país han denunciado irregularidades: que los jóvenes habían sido previamente detenidos de manera arbitraria, que muchos de ellos son líderes en sus comunidades o que las autoridades estarían intentando vincularlos, sin mayor evidencia, con el narcotráfico.

(En contexto: En B/manga y Cali: van 20 capturas de presuntos integrantes de la Primera Línea)

Según el ministro del Interior, Daniel Palacios, los capturados en Bucaramanga y Cali, señalados de integrar primeras líneas, “son presuntos delincuentes. A su turno, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró: “Todo aquel que ha cometido delitos por extorsión, destrucción de bienes públicos y privados y terrorismo, siguen con los procesos de judicialización como en Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali”. Sin embargo, el abogado Óscar Ramírez, del Comité de Solidaridad Con Presos Políticos (CSPP), aseguró que las autoridades estarían presionadas para mostrar resultados de cara a las elecciones del próximo domingo 19 de junio.

Según la Policía, los capturados planeaban acciones violentas para el próximo domingo. Pero Ramírez, que ha seguido de cerca las audiencias de judicialización, le dijo a El Espectador que, “no hay por ahora material probatorio reciente que dé cuenta de esa justificación mediática que ha dado la Policía”. Además de las 23 capturas, el abogado calificó como “hostigamientos” los allanamientos en otros lugares del país que hicieran en las últimas horas las autoridades en las residencias de líderes juveniles que participaron u organizaron las protestas del paro nacional de 2021.

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Desde Bucaramanga, por ejemplo, el abogado Edwin Sandoval, también del CSPP denunció en diálogo con El Espectador: “es una investigación que utiliza muchas fuentes humanas no formales. A muchos de estos muchachos de Bucaramanga los habían detenido previamente en protestas sociales mediante procesos arbitrarios, los habían individualizado y reseñado sin abrirles un proceso judicial. Lo que estamos viendo es que no hay una especificación concreta y real sobre los hechos por los que los vinculan”.

Alos jóvenes capturados en la capital de Santander los imputan este jueves por los delitos de concierto para delinquir y fabricación y tenencia de objetos o sustancias peligrosas. Sin embargo, según el abogado Sandoval, “hay otros muchachos que capturaron con droga que no tienen nada que ver con la protesta social, pero que los vincularon a este proceso para llevarlos dentro de la misma línea. Tal vez para justificar con más intensidad el concierto para delinquir, pero no hay una relación clara y específica de ese tráfico de estupefacientes que se alega con la protesta ni con la primera línea de Bucaramanga”.

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Una de las primeras organizaciones en encender las alarmas fue el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), que advirtió posibles irregularidades sobre las capturas en Cali. “Las nueve personas detenidas forman parte de procesos organizativos y sociales derivados del paro nacional en 2021. Dos de estas personas, Alejandro Blandón y John Alejandro Hernández, hacen parte de experiencias de diálogo social y de construcción de paz que el Cinep ha venido acompañando en la ciudad”, dijo en una declaración el coordinador de mediación del Cinep, Rodrigo Ante.

Simona, líder de la Primera Línea Escudos Azules, de Bogotá, denunció en diálogo con este diario que un miembro de su colectivo también sufrió un “acto de intimidación” este 16 de junio. “Fueron de la Sijin de la Policía a la casa de uno de nuestros miembros como una forma de intimidación. Él no estaba, tan pronto se dieron cuenta que no estaba, lo llamaron e hicieron verificación de datos con la pregunta: ¿usted vive en este domicilio?”, aseguró la joven. Según ella, se trata de una estrategia, de cara a las elecciones, por intentar vincular a las primeras líneas con actos violentos y con un candidato en particular. “Nosotros vamos a respetar la elección del pueblo colombiano, sea cual sea”, ratificó.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.