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La Defensoría del Pueblo denunció, en las últimas horas, que el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y las disidencias de las Farc, están copando territorios en varias zonas del país por su interés en controlar el narcotráfico y la minería ilegal. Para la entidad, estas organizaciones, así como su actuar delictivo, “violan los derechos fundamentales y cometen infracciones al Derecho Internacional Humanitario”. (Le podría interesar: Defensoría del Pueblo pide cerrar cárcel de Tumaco por hacinamiento)
En un evento realizado en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, el defensor del pueblo, Carlos Negret, le pidió al Gobierno y a las entidades territoriales que adopten medidas para prevenir y proteger a la comunidad “ante hechos de violencia y constreñimiento cometidos por grupos ilegales”. Entre las regiones afectadas, dijo la Defensoría, son el corregimiento de Llorente, en Tumaco, y el casco urbano de ese municipio: Argelia, El Tambo y Suárez.
En el departamento del Cauca, por ejemplo, la entidad denunció la presencia de actores armados en los corregimientos de Caloto y Corinto. En el Valle del Cauca, Buenaventura; en Norte de Santander, los municipios de Tibú y El Tarra; y en Antioquia, Tarazá, Caucasia y El Bagre. “Estas zonas se han convertido en puntos de acopio y centro de transacciones en torno al narcotráfico, la compra ilegal de oro, negociaciones alrededor de insumos, precursores químicos, clorhidrato de cocaína y tráfico de armamento”, precisó la Defensoría.
Para la entidad, es necesario que también se realice acciones de prevención, protección y reducción de factores de violencia, en relación con comunidades vulnerables que habitan en zonas donde hay embarque de estupefacientes e importación de armamento, especialmente en áreas portuarias de Tumaco, El Charco, Guapi y Buenaventura, así como en puntos de fronteras terrestres, como Cúcuta, Puerto Santander y zonas aledañas. (Lea también: Denuncian desplazamiento de 2.192 personas en Córdoba, Antioquia y Bajo Cauca)
En el informe Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo, entregado en el evento, la Defensoría hace referencia a dos zonas que sirven, al parecer, de corredor para el narcotráfico, al mismo tiempo que existen explotaciones ilegales de oro: el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño. “En esta región se registran disputas entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, precisó el informe.
La entidad también pide cumplir, a la mayor brevedad, lo pactado en los acuerdos de paz en La Habana, para implementar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios en el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, en Tumaco, como condición para impulsar la sustitución de cultivos.
Respecto al narcotráfico, el informe indica que en el año 2000 había 161.971 hectáreas de cultivos de coca en todo el país y, en 2016, la cifra estaba en 146.140 hectáreas. “Es preocupante que solo en Tumaco hay en la actualidad unas 23.000 hectáreas de cultivos de coca, afectando principalmente a la comunidad de Alto Mira y Frontera”, sostuvo la Defensoría del Pueblo.
Por otro lado, en lo relacionado con la minería ilegal, la entidad manifestó que los actores armados cometen extorsiones a empresas que realizan exploración, así como el secuestro de empleados, tanto de mineros legales como ilegales. “A través de métodos violentos, en departamentos como Chocó, Nariño y Cauca, estos grupos controlan casi en su totalidad la explotación y comercialización del metal precioso desde la mina”, declaró la Defensoría del Pueblo. (Le sugerimos: Piden acciones del Estado para garantizar los derechos de los niños en La Guajira)
En Tumaco, según la entidad, acuden actores armados ilegales que buscan controlar la minería ilegal. En el 2017, en cifras de la Defensoría, se extrajeron 587 kilos de oro de este municipio, provenientes de barequeros registrados. “Durante el año pasado estos grupos obtuvieron de la minería ingresos entre US$939 mil y US$1.8 millones, a partir de la coacción sobre las comunidades que desarrollan esta actividad solo para este municipio”. afirmó la Defensoría.