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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó para el próximo 4 de octubre una audiencia pública de seguimiento a las medidas cautelares que emitió para proteger los sitios conocidos como La Escombrera y La Arenera, donde podrían estar enterrados cuerpos de habitantes de la Comuna 13 y del corregimiento de San Cristóbal que están reportados como desaparecidos.
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A esa diligencia fueron citados el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien, según la JEP, tiene que dar a conocer los resultados del informe de geotecnia que contrató la Alcaldía con el objetivo de obtener datos e información para garantizar una operación segura durante la excavación, acopio de materiales de relleno y cierre del depósito de escombros.
Así mismo, fue citado el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, para que exponga los avances del proceso de dignificación y memoria histórica para las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, que ordenó en su momento la JEP. Ambos funcionarios pueden delegar su participación en los secretarios de Gobierno de sus administraciones.
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Así mismo, la JEP solicitó a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción entregar un informe sobre los ajustes al plan de intervención forense, de acuerdo con las recomendaciones técnicas del informe de geotecnia que contrató la Alcaldía de Medellín.
A la diligencia también fueron convocados la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Medicina Legal que también deberán rendir un informe sobre la inclusión en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) de los registros relacionados con posibles víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13.
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El sector de la Escombrera es reconocido como una zona donde fueron desaparecidas personas de la Comuna 13 en el marco del conflicto armado, especialmente en el periodo comprendido entre 2001 y 2004 en el marco de la Operación Orión. En La ese lugar se estima que hay al menos 459 de desaparecidos.
Las medidas cautelares en este sector fue ordenada por la JEP en 2020, con la cual los magistrados prohibieron cualquier tipo de actividad en los dos lotes ubicados en las laderas de la Comuna 13 y ordenaron buscar a las víctimas de desaparición forzada. Esta medida fue ampliada en el pasado 25 de septiembre por 12 meses.
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