Desaparición de investigadores del CTI: varias capturas, pero pocas certezas

Los exparamilitares alias el Tigre y Chitiva fueron capturados entre el pasado 30 de noviembre y este lunes 3 de diciembre por miembros de la Fuerza Pública. Los presuntos miembros del Clan del Golfo, grupo sucesor del paramilitarismo, comparten un pasado que, según las autoridades, se cruzó en un crimen que hoy no se esclarece, pero en el cual al menos cuatro exmiembros de las Autodefensas fueron condenados. Se trata de la desaparición forzada de siete investigadores del CTI en marzo de 2000, crimen de lesa humanidad que fue ordenado por Carlos Castaño y perpetrado cuando los funcionarios se movilizaban en zona rural de Codazzi, Cesar.

Vea: Capturan a exparamilitar que estaría detrás del secuestro de sobrina de García Márquez

Los exparamilitares alias el Tigre y Chitiva fueron capturados entre el pasado 30 de noviembre y este lunes 3 de diciembre por miembros de la Fuerza Pública. Los presuntos miembros del Clan del Golfo, grupo sucesor del paramilitarismo, comparten un pasado que, según las autoridades, se cruzó en un crimen que hoy no se esclarece, pero en el cual al menos cuatro exmiembros de las Autodefensas fueron condenados. Se trata de la desaparición forzada de siete investigadores del CTI en marzo de 2000, crimen de lesa humanidad que fue ordenado por Carlos Castaño y perpetrado cuando los funcionarios se movilizaban en zona rural de Codazzi, Cesar.

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A punto de ajustar dos décadas sin saber el paradero de los miembros del CTI, han sido varios los testimonios que los exparamilitares han dado sobre el atroz crimen en el que perdieron la vida Carlos Ibarra, Israel Roca, Mario Anillo, Hugo Quintero, Edilberto Linares, Danilo Carrera y Jaime Barros Ovalle. Por ejemplo, alias el Samario, antiguo miembro del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Auc, declaró ante la justicia que recibió los restos de los investigadores y los arrojó al río Cesar desde el puente Rabo Largo.

El propio alias Tigre, hoy señalado de secuestrar a la sobrina de Gabriel García Márquez, dijo que la orden de asesinar a los funcionarios la dio el jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño Gil, luego de suponer que los investigadores adscritos a la Fiscalía eran colaboradores de la guerrilla. Además, dio pistas de dónde estarían los cuerpos. Sin embargo, luego de decenas de excavaciones a orillas del río Cesar, no se ha encontrado ninguna pista. “Los enterraron cerquita del río para que la creciente se los llevara cuando lloviera”, relató el exparamilitar a la Fiscalía.

Alias el Tigre, que estuvo un tiempo en el proceso de desmovilización y aparentemente volvió a delinquir, dio algunos nombres de quienes, según él, desaparecieron a los investigadores: Gorgojo, la Mona, Kevin, Guerrero, el Paisa, Martín y Guajiro. Una de las camionetas en las que se movilizaba la comitiva de funcionarios fue hallada en abril de 2000 en zona rural de Codazzi. Un año después, el otro vehículo lo encontraron enterrado e incinerado en la finca La Holanda, ubicada en ese mismo municipio.

Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, jefe del Bloque Norte de las AUC (al cual estaba subordinado el Frente Juan Andrés Álvarez), también aceptó en su versión libre a fiscales de Justicia y Paz haber participado en estos crímenes por orden de Carlos Castaño Gil. Sin embargo, este último señaló en junio de 2000 que no sabía nada de la masiva desaparición. En diciembre de 2012, Tovar Pupo fue condenado a 25 años de prisión por el Juzgado Especializado de Descongestión Adjunto de Valledupar, por la desaparición y el homicidio de siete miembros del cuerpo técnico.

Además, en contravía de lo que señaló el Tigre en su momento, este año fueron acusados otros tres exparamilitares que no figuran en la lista del antiguo jefe del frente Juan Andrés Álvarez: José Trinidad Andrade Racines, alias Piojo; José Antonio Blanco Morales, alias Pigua y José Aristídes Peinado Martínez, alias Guache. Los familiares de las víctimas aseguran que luego de tantos años ven con incredulidad como, por ejemplo, el Tigre "se burlaba de la justicia", mientras algunos de ellos tuvieron que salir del país por las amenazas de muerte que recibieron por exigir la verdad en este caso.

Una de sus voceras, Claudia Balsero Giraldo, esposa de Israel Roca, vive desde hace seis años en el exilio y dice que aún no se ha dicho toda la verdad de la barbarie que desataron los paramilitares en esta zona del país. "Los derechos de las víctimas poca gente la defiende, y por eso yo he luchado porque se conozca la verdad. El Tigre aceptó la autoría de estos hechos, pero nunca se supo por qué lo hizo, no dijo si la orden vino de alguien dentro de la misma Fiscalía de Valledupar o donde quedaron sus restos", concluyó Balsero.