Antes de resolver la situación jurídica de las exfuncionarias de Interbolsa Gloria Cárdenas y Yanneth Hernández, el juez penal de Bogotá dejo todas y cada una de sus consideraciones sobre el trabajo de la Fiscalía. No fueron buenas noticias para los investigadores, quienes hace años se comprometieron a condenar a las acusadas por, muy probablemente -como lo explicó el juez-, participar en el entramado de fraudulentas decisiones que llevaron al descalabro de Interbolsa en 2012, el cual dejó alrededor de 10 mil víctimas en el sistema de valores colombiano.
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A pesar de la promesa de la Fiscalía, lo cierto es contra Cárdenas y Hernández prescribieron los delitos de concierto para delinquir y administración desleal, y fueron absueltas por un delito tan enredado como el mismo caso: estafa agravada en la modalidad de delito masa en concurso heterogéneo con manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios. El juez Pulido no se quedó callado y señaló que, casos de tan importante magnitud están “quedando en la impunidad”. Estas fueron las palabras del togado, nada ambles con la Fiscalía:
La labor investigativa y de acusación ejercida por el Ente Acusador es mínima, a tal punto que al momento de emitirse el sentido del fallo, los Jueces de la República no cuentan con los elementos suficientes para condenar a los presuntos responsables de las conductas punibles, viéndose en la obligación de absolver y no porque sean inocentes los presuntos responsables, sino por falta de compromiso y demostración por parte de la Fiscalía General de la Nación.
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Es limitante y vergonzoso para un Juez proferir una sentencia en derecho y legalidad, pero que no se ajusta a la realidad, pues es evidente que en ciertos casos existe una responsabilidad evidente por parte del acusado, pero que la Fiscalía por su lacónica pedagogía, actualización jurisprudencial, estudio constante y materialidad del ejercicio penal, evitan el ético y correcto desempeño de la Judicatura, para luego enmendar su error interponiendo investigaciones en contra del Juez que profirió dicha sentencia.
Y/o se inician investigaciones disciplinarias por parte del Consejo Superior de la Judicatura, en aras de verificar la responsabilidad de omisiones causadas por el Ente Persecutor.
¿Y el caso?
En 2009, el inversionista Alessandro Corridori vio en la empresa de textiles Fabricato una mina de oro, pues creía que se vería beneficiada con el entonces inminente Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Corridori, de acuerdo a la exitosa investigación periodística “Descalabro Bursatil” de 2012, encontró en la comisionista de bolsa Interbolsa una organización con la cual pudo conseguir préstamos para adquirir acciones de Fabricato. Gracias a los préstamos, los cuales duraron año y medio, Corridori adquirió el 20% de las acciones de la empresa textil, convirtiéndose en su mayor accionista.
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Interbolsa, entonces, replicó la operación con otros clientes interesados en las acciones de la empresa. Al final, la justicia ha podido demostrar que la acción de Fabricato se infló artificialmente hasta en un 214%. En términos generales, la firma movió esas acciones en el mercado a través de operaciones Repo (adquisición de un crédito a corto plazo con acciones como respaldo). Los repos le iban a permitir hacer girar las acciones de Fabricato por diversas manos (entre más personas tengan en su poder una acción y más se negocie esta, el valor tiende a subir) lo que garantizaría su valorización.
Pero en el camino al parecer se cometieron excesos. La Junta Directiva del conglomerado autorizó la estrategia con un tope de $100.000 millones que tendrían que captarse en el mercado de valores. El plan se puso en marcha a comienzos de 2011 y fue tan exitoso que, a la vuelta de un año, la acción de Fabricato se convirtió en la más transada del mercado, con una valorización de 214,1%. Sin embargo, los problemas iniciaron cuando la acción de Fabricato subió tanto que el mercado dudó de la rentabilidad del negocio, pues el sector textilero no iba bien.
“Todo este escenario genera un freno en la operación de compra y venta de acciones de la compañía, lo que la convierte en una acción de baja bursatilidad y obliga a la Bolsa de Valores de Colombia a activar los mecanismos de garantía lo que lleva a que Interbolsa, Corridori y demás accionistas deban respaldar con más dinero la garantía que habían suscrito. A su vez esto llevó a que la comisionista se viera obligada a conseguir dinero prestado de entidades bancarias (…) dicha situación se vuelve inmanejable hasta el punto en que el 1 de noviembre del 2012 Interbolsa no puede cancelar un crédito con el banco BBVA por un valor de 20.000 millones en razón a sus problemas de liquidez”, señaló la investigadora Nataly Macana, en un análisis para la Universidad Santo Tomás.
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La comisionista Interbolsa, dado su incumplimiento y más irregularidades, terminó intervenida y liquidada judicialmente por la Superintendencia Financiera en noviembre de 2012. Según indicaba la acusación contra Gloria Cárdenas, directora de Banca Privada de Ineterbolsa, al parecer participó activamente a favor de Corridori, entregando recursos económicos con cupos de endeudamiento que superaban las capacidades de la empresa. Obtuvo “beneficios económicos, perjudicando a particulares y al propio sistema financiero”, acusó la Fiscalía.
Según imputó la Fiscalía, Corridori “con la ayuda de la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa, sus directivos y comerciales a cargo, lograron realizar operaciones de compra y venta de acciones para mantener el precio al alza, operaciones que se manipulaban desde los puestos de los comerciales (…) permitieron el otorgamiento de cupos de endeudamiento desmesurados, los cuales desbordaban la capacidad económica de las compañías citadas y su participación”. Sin embargo, según el juez, las promesas de la Fiscalía se quedaron en eso y ninguna de las dos será penalizada por el descalabro de Interbolsa.
“A lo largo del juicio se evidencia el precario poder demostrativo de los elementos de convicción utilizados por la Fiscalía, aunado a la falta de técnica para la práctica de los mismos, toda vez que: i) Los testigos realizaron una extensa lectura de los elementos documentales y expresaron apreciaciones subjetivas sobre los mismos, en lugar de formulárseles interrogantes sobre los hechos que pretendían ser demostrados”, fue una de las consideraciones del juez Manuel José Pulido, quien espera no ser investigado por su declaración y que la Fiscalía, en su concepto, haga mejor el trabajo.
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