Descubren cartel de los hospitales: fondos públicos eran embargados sin causa
El Ministerio Público ha documentado casos en los que representantes de las Empresas Sociales del Estado (ESES) y jueces ordenaron embargos inadecuados, afectando fondos públicos de seguridad social que son inembargables, salvo excepciones de la Corte Constitucional. 358 solicitudes de embargo sobre fondos de EPS han sumado una perdida total de más de un billón cincuenta y seis mil millones.
Una alerta de la Procuraduría sobre presuntos cobros coactivos ilegales en diversas Empresas Sociales del Estado (ESES) del país ha sacado a la luz el llamado ‘Cartel de los Hospitales’, conformado por funcionarios, abogados y jueces que habrían desviado fondos públicos de salud. La denuncia ante la Fiscalía, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el operador disciplinario impulsó una investigación en la que se hallaron pruebas de embargos y procesos coactivos realizados sobre recursos de salud, contraviniendo las disposiciones constitucionales que declaran estos fondos inembargables.
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Desde el 2023, el ente de control ha registrado varios casos en los que representantes legales de las ESES y jueces habrían ordenado embargos utilizando procedimientos no pertinentes. Estos embargos afectaron fondos públicos destinados a la seguridad social, de carácter inembargable, salvo excepciones específicas autorizadas por la Corte Constitucional.
Una circular enviada a Martha Parra, directora especializada contra la corrupción de la Fiscalía, el 1 de septiembre de 2023, reportaba que junio del año pasado la Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud (ADRES) ha recibido 358 solicitudes de embargo sobre fondos de EPS, sumando un total de $1.056.688.408.139 (un billón cincuenta y seis mil millones), además de 11 embargos directos a la ADRES, por un valor de $27.988 millones. Esto genera un riesgo significativo para la operación del sistema de salud, ya que compromete los recursos esenciales que lo financian.
En otro comunicado del 13 de agosto de 2024, el Ministerio Público informaba que el Banco BBVA solicitaba su apoyo “ante las amenazas temerarias de la señora Yaniris Mendez Galvis, gerente del Centro De Salud Con Camas De Montecristo (Bolívar), quien, con desconocimiento del orden legal y constitucional, persiste en adelantar un proceso de cobro coactivo en contra de MUTUAL SER EPS y en la ejecución de las medidas de embargo de los recursos que dicha entidad tiene en la entidad bancaria”.
El ente también señaló que ha recibido otros reportes sobre casos en los que bancos están siendo presionados e intimidados por representantes legales de Empresas Sociales del Estado (ESE) o sus abogados. Estos representantes, dentro de procesos administrativos de cobro coactivo, buscan embargar de inmediato recursos de la seguridad social en salud para entregarlos a las ESE demandantes.
La investigación fue asumida por la Fiscalía y el grupo anticorrupción de la Dijín en colaboración con la Policía, que señalaron la existencia de un esquema de abogados que asesoraban a las ESES en estos embargos y recibían hasta un 30 % de los recursos recaudados ilícitamente. La Procuraduría también alertó que jueces y representantes legales habrían ignorado las leyes que prohíben estas prácticas, ordenando embargos sobre cuantiosos recursos manejados por las EPS y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
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Ante los indicios, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió una circular para advertir a las entidades bajo su supervisión, sumándose a los esfuerzos para detener el desvío de recursos esenciales para la salud pública.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Una alerta de la Procuraduría sobre presuntos cobros coactivos ilegales en diversas Empresas Sociales del Estado (ESES) del país ha sacado a la luz el llamado ‘Cartel de los Hospitales’, conformado por funcionarios, abogados y jueces que habrían desviado fondos públicos de salud. La denuncia ante la Fiscalía, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el operador disciplinario impulsó una investigación en la que se hallaron pruebas de embargos y procesos coactivos realizados sobre recursos de salud, contraviniendo las disposiciones constitucionales que declaran estos fondos inembargables.
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Una circular enviada a Martha Parra, directora especializada contra la corrupción de la Fiscalía, el 1 de septiembre de 2023, reportaba que junio del año pasado la Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud (ADRES) ha recibido 358 solicitudes de embargo sobre fondos de EPS, sumando un total de $1.056.688.408.139 (un billón cincuenta y seis mil millones), además de 11 embargos directos a la ADRES, por un valor de $27.988 millones. Esto genera un riesgo significativo para la operación del sistema de salud, ya que compromete los recursos esenciales que lo financian.
En otro comunicado del 13 de agosto de 2024, el Ministerio Público informaba que el Banco BBVA solicitaba su apoyo “ante las amenazas temerarias de la señora Yaniris Mendez Galvis, gerente del Centro De Salud Con Camas De Montecristo (Bolívar), quien, con desconocimiento del orden legal y constitucional, persiste en adelantar un proceso de cobro coactivo en contra de MUTUAL SER EPS y en la ejecución de las medidas de embargo de los recursos que dicha entidad tiene en la entidad bancaria”.
El ente también señaló que ha recibido otros reportes sobre casos en los que bancos están siendo presionados e intimidados por representantes legales de Empresas Sociales del Estado (ESE) o sus abogados. Estos representantes, dentro de procesos administrativos de cobro coactivo, buscan embargar de inmediato recursos de la seguridad social en salud para entregarlos a las ESE demandantes.
La investigación fue asumida por la Fiscalía y el grupo anticorrupción de la Dijín en colaboración con la Policía, que señalaron la existencia de un esquema de abogados que asesoraban a las ESES en estos embargos y recibían hasta un 30 % de los recursos recaudados ilícitamente. La Procuraduría también alertó que jueces y representantes legales habrían ignorado las leyes que prohíben estas prácticas, ordenando embargos sobre cuantiosos recursos manejados por las EPS y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
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