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Desde el pasado 26 de septiembre, el magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció públicamente la preocupación de ese órgano de justicia por la falta de recursos que debía girar el gobierno del presidente Gustavo Petro para garantizar el desarrollo de las sanciones propias en contra de los máximos responsables a través de proyectos restaurativos. Si bien se conoció que la Jurisdicción envió una carta al mandatario el pasado 20 de septiembre manifestando su preocupación al respecto, esta no es la primera misiva que envían desde la JEP a la Casa de Nariño. Las preocupaciones por escrito llevan desde el 2 de mayo, como reveló El Espectador.
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Este diario conoció la carta, firmada por el magistrado Vidal, en la que desde el 2 de mayo de este año, la JEP ya veía una alarma por la falta de apertura de una subcuenta en la que pudieran ser depositados más de $316.000 millones para garantizar los proyectos restaurativos y que puso en conocimiento del mandatario. “La Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, incluye normas específicas que le dan soporte institucional, programático y presupuestal al Sistema Restaurativo (de la JEP), como principal mecanismo de de respuesta de política pública de Estado, que genera las condiciones, garantías y oportunidades para la realización de los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de los comparecientes y la imposición y cumplimiento de las sanciones proferidas por la Jurisdicción”, señala la carta.
En concreto, la misiva le solicita al presidente Petro que, para hacer posible ese cumplimiento de sanciones, era necesario cambiar la titularidad de una subcuenta del Fondo Colombia en Paz (que debe gestionar los recursos para proyectos de entidades estatales ligados a la construcción de paz), administrada por la Jurisdicción, que contaba con más de $470.000 millones para adelantar no solo proyectos restaurativos, sino también mecanismos de reparación temprana. La JEP pedía, entonces, que fuera la Unidad para las Víctimas la encargada de la subcuenta. La carta fue enviada a la Casa de Nariño teniendo en cuenta que, según quedó consignado en el Acuerdo de Paz, esos recursos deben ser garantizados por parte del Ejecutivo. Y, además, porque para dar vía libre a la solicitud es necesaria una reunión del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz, en el que tienen asiento un representante del sector privado que es delegado por la Presidencia, el Dapre y los ministerios de Hacienda, Agricultura y Ambiente.
Como reveló El Espectador, desde el 11 de diciembre ese mismo Consejo aprobó más de $470.000 millones para la subcuenta llamada “Justicia Restaurativa JEP”, que estaría administrada por la misma Jurisdicción. Ese dinero sería entregado entre 2023 y 2026. Esa subcuenta, según conoció este diario, estaba dividida en dos líneas con una asignación presupuestal por separado. La primera se llamó “Implementación y consolidación del modelo participativo de reparaciones tempranas construido entre la UIA (Unidad de Investigación y Acusación, conocida como la Fiscalía de la JEP) y las víctimas”, la cual contaba con seis metas que, para cumplirlas, recibió un poco más de $150.000 millones. La segunda, y a la cual se ha referido el magistrado Vidal sobre las sanciones propias, se llamó “Medidas de contribución a la reparación, restauración y TOAR”, con una asignación presupuestal de $316.545.350.000.
No obstante, para la JEP, ese fondo debía ser administrado por el Estado, respondiendo a lo pactado en el Acuerdo de Paz. Para ello se buscó a entidades estatales capaces de administrar la subcuenta, algo que la Jurisdicción llama “socios de valor”. Por eso, esa subcuenta se dividió en dos subcuentas diferentes. Para la primera línea de reparaciones tempranas de la UIA, la JEP asignó a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), mientras que para el tema restaurativo, se determinó que quien debía administrar la subcuenta era la Unidad para las Víctimas, entonces en cabeza de Patricia Tobón.
Fuentes cercanas al proceso le explicaron a este diario que, según el conducto regular del Fondo Colombia en Paz, era necesario poner en conocimiento del Consejo Directivo que la subcuenta “Justicia Restaurativa JEP” debía cerrarse para abrir otras dos nuevas con diferentes enfoques: una con la Unidad de Víctimas, para temas restaurativos, y otra con la ART, para reparaciones tempranas. Es decir, no se podía solo cambiar de titular, sino que era obligatorio cerrar una subcuenta para abrir las otras dos.
La carta del 2 de mayo reconoce que el Gobierno, a través del Fondo Colombia en Paz, garantizó la apertura de la subcuenta “Justicia Restaurativa JEP” “con el propósito de anticipar los escenarios de cumplimiento judicial de las órdenes que serán proferidas por parte de este sistema penal transicional y también para integrar los procesos de reparación a las víctimas con los de reintegración y reincorporación de los comparecientes ante la JEP. Este escenario ha sido útil para lograr la maduración y coordinación de las intervenciones integrales para la paz”. Sin embargo, la Jurisdicción solicita en la carta celeridad para abrir la subcuenta que debía administrar la Unidad para las Víctimas, pues no habría donde consignar la plata.
La carta del 20 de septiembre, por otra parte, tiene un tono más llamativo de preocupación. La misiva se titula “Preocupación por la falta de direccionamiento de los recursos previamente asignados para la imposición y el cumplimiento de sanciones propias y de las medidas de contribución a la reparación por parte de comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz” y, en ella, el magistrado Vidal pone de presente la arquitectura jurídica y financiera del Acuerdo de Paz de 2016 y expone que al Gobierno Nacional le corresponde disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento y financiación. Y agregó que Petro debe procurar por garantizar que la JEP cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de su misionalidad, sobretodo en lo concerniente a la reparación integral de las víctimas.
Ni la carta del 2 de mayo ni la del 20 de septiembre han sido respondidas por la Casa de Nariño, y tampoco se ha abierto una subcuenta en la que se puedan garantizar los más de $316.000 millones destinados a cumplir las sanciones propias.
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