Un total de 18 indígenas de la comunidad Embera Katío, en Chocó y Antioquia, han sido víctimas de minas antipersona en lo que va de 2021. En esas regiones, donde se desarrolla una estrategia de desminado humanitario, pues la entrada del Ejército agitaría la situación de orden público, la Procuraduría advierte posibles falencias en la evaluación de las condiciones de seguridad por parte del Alto Comisionado para la Paz.
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“El requerimiento del Ministerio Público se efectuó ante la presencia de minas antipersonal (MAP) y municiones sin explosionar en la zona, que han ocasionado graves afectaciones a miembros del resguardo Jaidukamá, del pueblo indígena Emberá Katío”, agregó la Procuraduría. En oficio enviado al Alto Comisionado para la Paz, se requirió un estudio de condiciones de seguridad en corregimientos y veredas de Ituango (Antioquia), con el fin de identificar áreas de riesgo.
La Procuraduría agregó que, dado el contexto de instalación de minas antipersona, comunidades indígenas se han visto obligadas a desplazamiento forzado masivo y confinamiento. De acuerdo con Descontamina Colombia, del Alto Comisionado, durante 2020 se registraron 165 víctimas de minas antipersona en Colombia. El Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, por su parte, registró 181 víctimas. Además, agregó que el 78% de quienes resultan afectados son de Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Cauca.
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La instalación de minas antipersona ha dejado casos, en 2021, como el de Plinio Dogarí Majoré, un Niño de 13 años quien es miembro del pueblo embera eyabida de Murindó (Antioquia). El pasado 28 de febrero perdió su pierna derecha tras pisar uno de estos artefactos de guerra. Por esas fechas, al menos 2.000 indígenas fueron obligados a confinarse en el occidente antioqueño luego de que se conociera un panfleto y un audio vía WhastApp, en el cual supuestos miembros del Eln advertían sobre la siembra de minas en la zona.
De acuerdo con la Organización Indígena de Antioquia (OIA), desde 2017 las regiones más afectadas por minas antipersona son Murindó, Dabeiba, Frontino e Ituango, además expuestas al fuego cruzado entre el Eln y el Clan del Golfo. Según Descontamina Colombia, entre 1990 y 2019, hubo 11.718 víctimas de esos elementos de guerra, de los cuales 2.550 resultaron afectados en Antioquia. “Las comunidades no pueden hacer casi nada. No pueden hacer sus asambleas, están cerradas”, le dijo Amelicia Santacruz, consejera mayor de la OIA, a El Espectador en marzo de este año.
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“El desminado realizado por el Ejército no se permite, porque en los territorios están los actores armados. Si los militares entran es mucho más peligroso y se pueden presentar combates, que se traducirían en masacres, muertes y desplazamientos. Los actores ilegales no respetan las vidas. Por eso, nosotros proponemos que el desminado lo hagan otros organismos humanitarios”, agregó la consejera mayor Santacruz.
De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el empleo de minas antipersonal durante el transcurso del conflicto armado en Colombia es el reflejo de la degradación humana, pues no solo la víctima se encarga de accionar su propia muerte o lesión, sino también el mismo artefacto yace en el terreno, a la espera indefinida de quien tenga la mala fortuna de pisar allí. Según el libro “La Guerra Escondida”, del mismo centro, a corte de 2017, 7.028 víctimas son de la Fuerza Pública y 4.453 civiles, de los cuales el 30% son niños, niñas y adolescentes.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, por su parte, explicó que el trabajo de exploración y de estrategias de intervención se realiza con los más altos estándares de seguridad. Siendo esa dependencia de Gobierno, según sus palabras, un referente a nivel mundial en desminado. De acuerdo con sus estadísticas, a la fecha hay 405 municipios en Colombia sin reporte de afectación, 271 están libres de sospecha y 138 se encuentran enlistados para priorizar labores.
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