Desmovilización de EPL se convirtió en la clave para la expansión de las AUC: JEP

En medio de quebrantos de salud y con un médico en medio de la diligencia, el general (r) del Ejército Iván Ramírez Quintero, quien fungió como comandante de Inteligencia y de la Primera División rindió su última versión voluntaria del año ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso que investiga la victimización que sufrieron los miembros de la Unión Patriótica (UP). El oficial fue increpado por el magistrado Gustavo Salazar, quien resaltó que durante su periodo de comandancia en el Urabá antioqueño las cifras de homicidios aumentaron y la presencia de los paramilitares se fortaleció.

Lea aquí: General (r) Iván Ramírez sale de JEP por renuencia a hablar del Palacio de Justicia

Salazar llamó la atención sobre el oficial porque para 1996 la violencia se recrudeció en algunos espacios de Antioquia donde las tropas al mando de Ramírez Quintero hacían presencia. “Cuando usted estuvo al mando de la Primera División no solo tuvieron presencia de los paramilitares, sino que se expandieron en Sucre, Córdoba y Bolívar. En Urabá esa presencia fue notoria”, le dijo el magistrado al oficial. Impresionado con las cifras que daban cuenta de 474 muertos de la Unión Patriótica, solo para 1996, el oficial dijo que esa situación fue consecuencia de la violencia que padeció el país durante 1993.

En la diligencia también se trajo a colación lo que fue el proceso de desmovilización del Ejército de Liberación Popular (EPL) que, según investigaciones de la JEP, contó con apoyo de los hermanos Castaño, líderes de grupos paramilitares y el Ejército, bajo la comandancia de Ramírez Quintero en la zona de Urabá. “Para la magistratura es claro que todo estaba coordinado por la Brigada XI e informado a la Primera División”, dijo el magistrado Salazar y resaltó que las pruebas muestran que la desmovilización de los EPL “se convirtió en la columna vertebral de la expansión de las AUC”.

“Básicamente lo que entendemos aquí es que nunca hubo una desmovilización, lo que hubo fue un traspaso de miembros de la guerrilla del EPL a los grupos paramilitares y que el Ejército estuvo ahí. Y a pesar de las advertencias y manifestaciones de medios de comunicación no se hizo nada”, explicó el magistrado Salazar en medio de la diligencia. El miembro de la justicia transicional también dijo que de esa desmovilización salió a la luz pública el líder del Clan del Golfo hoy extraditado a Estados Unidos: Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien también reveló detalles del conflicto por su paso por las Farc, el EPL y por último el Clan.

Lea también: General (r) Ramírez Quintero niega persecución de Inteligencia del Ejército a la UP

En poder del magistrado reposan testimonios y documentos de lo que fue la desmovilización del EPL que, hasta la fecha, estaban clasificados como reservados. En medio de la diligencia expuso algunos apartes, pero, a su juicio, quedan en el tintero varias dudas sobre la participación del Ejército en la desmovilización que aparentemente fue organizada por el entonces exministro y excandidato presidencial Horacio Serpa. La exposición de los testimonios salió a la luz en medio de la diligencia que duró un poco más de cinco horas. En ella hizo presencia varios colectivos de víctimas, delegados del Ministerio Público y el abogado del general retirado quien deberá responder en una próxima sesión, en enero, los interrogantes del magistrado.

De acuerdo con Salazar, varios de los que se desmovilizaron del EPL llegaron a robustecer las filas del Bloque Helmer Cárdenas, el Bloque Centauros y el Bloque Calima. “Hay múltiples preguntas sobre el papel de la Brigada XI porque hay atisbos de enorme gravedad sobre lo que ocurrió con 242 hombres donde la mayoría de ellos no se incorporan a la sociedad civil, sino se reincorporan a grupos paramilitares”, cuestionó el magistrado. A juicio del jurista, al tanto de la desmovilización estuvieron pendientes el oficial del Ejército Leonardo Barrero Gordillo, entonces comandante del Batallón Junín, el mayor René Sanabria, el entonces comandante de la Brigada, Francisco Leonardo Ortiz y también el general (r) Rito Alejo del Río.

Lea aquí: General (r) Iván Ramírez reconoció que se reunió con Salvatore Mancuso

Con esos antecedentes, el general Ramírez Quintero, en una sesión de enero que está por definirse la fecha, deberá resolver los cuestionamientos del magistrado, entre esos, la labor que cumplió el exsenador Álvaro Uribe Vélez como entonces gobernador de Antioquia. Y sobre el proceso de desmovilización el magistrado cuestionó: “¿Por qué no se advirtió que estaban siendo llevados a una finca de Carlos Castaño? ¿Cómo es posible que todos los testimonios coinciden en que son llevados en carros de grupos paramilitares? ¿Por qué la Brigada XI no se dio cuenta y advirtió ese peligro? ¿Cómo es posible que desmovilizados de las Farc estuviesen vinculados con los paramilitares?”.

Para el magistrado Salazar no es coincidencia que esa desmovilización sirvió para que las filas de las AUC tomaran fuerza y se robustecieran en Sucre, Córdoba y la zona del Urabá antioqueño. Las víctimas, en este caso, solicitaron la información reservada que hay en el macrocaso para verificar los hechos de violencia que padecieron en esa época. La misma información fue remitida al general (r) Ramírez Quintero, quien en agosto de este año fue expulsado de la JEP por su renuencia a hablar sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia.

El oficial también ha estado en la palestra y ante la justicia porque para el momento en que la guerrilla del M-19 se tomó la sede de las altas cortes, en el centro de Bogotá, era jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y comandante de la extinta Brigada XX. El oficial hoy es señalado de una docena de desapariciones forzadas en esa operación, así como del exterminio del partido Unión Patriótica. Esta no es la primera vez que el oficial rinde su versión. Durante el último semestre se ha presentado en más de tres ocasiones ante la JEP y, entre otras cosas, ha dicho que sostuvo reuniones con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

En medio de quebrantos de salud y con un médico en medio de la diligencia, el general (r) del Ejército Iván Ramírez Quintero, quien fungió como comandante de Inteligencia y de la Primera División rindió su última versión voluntaria del año ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso que investiga la victimización que sufrieron los miembros de la Unión Patriótica (UP). El oficial fue increpado por el magistrado Gustavo Salazar, quien resaltó que durante su periodo de comandancia en el Urabá antioqueño las cifras de homicidios aumentaron y la presencia de los paramilitares se fortaleció.

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Salazar llamó la atención sobre el oficial porque para 1996 la violencia se recrudeció en algunos espacios de Antioquia donde las tropas al mando de Ramírez Quintero hacían presencia. “Cuando usted estuvo al mando de la Primera División no solo tuvieron presencia de los paramilitares, sino que se expandieron en Sucre, Córdoba y Bolívar. En Urabá esa presencia fue notoria”, le dijo el magistrado al oficial. Impresionado con las cifras que daban cuenta de 474 muertos de la Unión Patriótica, solo para 1996, el oficial dijo que esa situación fue consecuencia de la violencia que padeció el país durante 1993.

En la diligencia también se trajo a colación lo que fue el proceso de desmovilización del Ejército de Liberación Popular (EPL) que, según investigaciones de la JEP, contó con apoyo de los hermanos Castaño, líderes de grupos paramilitares y el Ejército, bajo la comandancia de Ramírez Quintero en la zona de Urabá. “Para la magistratura es claro que todo estaba coordinado por la Brigada XI e informado a la Primera División”, dijo el magistrado Salazar y resaltó que las pruebas muestran que la desmovilización de los EPL “se convirtió en la columna vertebral de la expansión de las AUC”.

“Básicamente lo que entendemos aquí es que nunca hubo una desmovilización, lo que hubo fue un traspaso de miembros de la guerrilla del EPL a los grupos paramilitares y que el Ejército estuvo ahí. Y a pesar de las advertencias y manifestaciones de medios de comunicación no se hizo nada”, explicó el magistrado Salazar en medio de la diligencia. El miembro de la justicia transicional también dijo que de esa desmovilización salió a la luz pública el líder del Clan del Golfo hoy extraditado a Estados Unidos: Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien también reveló detalles del conflicto por su paso por las Farc, el EPL y por último el Clan.

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En poder del magistrado reposan testimonios y documentos de lo que fue la desmovilización del EPL que, hasta la fecha, estaban clasificados como reservados. En medio de la diligencia expuso algunos apartes, pero, a su juicio, quedan en el tintero varias dudas sobre la participación del Ejército en la desmovilización que aparentemente fue organizada por el entonces exministro y excandidato presidencial Horacio Serpa. La exposición de los testimonios salió a la luz en medio de la diligencia que duró un poco más de cinco horas. En ella hizo presencia varios colectivos de víctimas, delegados del Ministerio Público y el abogado del general retirado quien deberá responder en una próxima sesión, en enero, los interrogantes del magistrado.

De acuerdo con Salazar, varios de los que se desmovilizaron del EPL llegaron a robustecer las filas del Bloque Helmer Cárdenas, el Bloque Centauros y el Bloque Calima. “Hay múltiples preguntas sobre el papel de la Brigada XI porque hay atisbos de enorme gravedad sobre lo que ocurrió con 242 hombres donde la mayoría de ellos no se incorporan a la sociedad civil, sino se reincorporan a grupos paramilitares”, cuestionó el magistrado. A juicio del jurista, al tanto de la desmovilización estuvieron pendientes el oficial del Ejército Leonardo Barrero Gordillo, entonces comandante del Batallón Junín, el mayor René Sanabria, el entonces comandante de la Brigada, Francisco Leonardo Ortiz y también el general (r) Rito Alejo del Río.

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Con esos antecedentes, el general Ramírez Quintero, en una sesión de enero que está por definirse la fecha, deberá resolver los cuestionamientos del magistrado, entre esos, la labor que cumplió el exsenador Álvaro Uribe Vélez como entonces gobernador de Antioquia. Y sobre el proceso de desmovilización el magistrado cuestionó: “¿Por qué no se advirtió que estaban siendo llevados a una finca de Carlos Castaño? ¿Cómo es posible que todos los testimonios coinciden en que son llevados en carros de grupos paramilitares? ¿Por qué la Brigada XI no se dio cuenta y advirtió ese peligro? ¿Cómo es posible que desmovilizados de las Farc estuviesen vinculados con los paramilitares?”.

Para el magistrado Salazar no es coincidencia que esa desmovilización sirvió para que las filas de las AUC tomaran fuerza y se robustecieran en Sucre, Córdoba y la zona del Urabá antioqueño. Las víctimas, en este caso, solicitaron la información reservada que hay en el macrocaso para verificar los hechos de violencia que padecieron en esa época. La misma información fue remitida al general (r) Ramírez Quintero, quien en agosto de este año fue expulsado de la JEP por su renuencia a hablar sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia.

El oficial también ha estado en la palestra y ante la justicia porque para el momento en que la guerrilla del M-19 se tomó la sede de las altas cortes, en el centro de Bogotá, era jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y comandante de la extinta Brigada XX. El oficial hoy es señalado de una docena de desapariciones forzadas en esa operación, así como del exterminio del partido Unión Patriótica. Esta no es la primera vez que el oficial rinde su versión. Durante el último semestre se ha presentado en más de tres ocasiones ante la JEP y, entre otras cosas, ha dicho que sostuvo reuniones con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

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