Once años después, la Fiscalía resolvió un caso de corrupción que se registró en La Guajira y dejó un detrimento de más de $18 mil millones en la región. Se trata de un contrato que celebró la Gobernación con el Hospital San Rafael que tenía como objetivo desarrollar un programa de salud para evitar la mortalidad de niños y madres gestantes. El ente acusador encontró que el dinero llegó a arcas de una campaña política. Por estos hechos, a través de un preacuerdo un juzgado de conocimiento condenó a cuatro personas.
Lo que reposa en las investigaciones es que el centro asistencial no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con las obligaciones que se pactaron en el convenio. De acuerdo con Edward Calderón, director especializado contra la corrupción de la Fiscalía, se subcontrataron 10 profesionales de distintas áreas de la salud para dar la apariencia de desarrollar el proyecto. “Estas personas se dedicaron a vincular mediante contratos fachada a 1.459 ciudadanos para que realizaran las consultas, tratamientos y valoraciones, al igual que las visitas de campo a las comunidades afectadas por falta de alimento, agua y medicamentos”, dijo el delegado de la Fiscalía.
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Los beneficiario de los contratos debían cumplir con tres requisitos puntuales. Tener la cédula de ciudadanía para votar en Albania, La Guajira, ser seguidores de la candidata a la Gobernación del momento y aceptar un pago menor al establecido en las órdenes de prestación de servicios. En este caso, la Fiscalía, comprobó que la mayoría de las personas no cumplieron con la actividad para la que fueron contratados, sin embargo, cobraron sus honorarios a través de cheques.
“Los dineros fueron cambiados por efectivo y, posteriormente, guardados en bolsas de basura y entregados a la campaña de la entonces aspirante a la Gobernación de La Guajira. Estos hechos fueron aceptados, mediante preacuerdos, por cuatro de los profesionales que sirvieron de intermediarios para desviar los recursos públicos de la salud. Es así como un juez penal del circuito de Riohacha los declaró responsables del delito de peculado por apropiación en favor de tercero”, resaltó Calderón.
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Entre los condenados se encuentran: Glenis Josefina Ojeda Rivadeneira, quien firmó seis contratos para el subprograma de lactancia por $1.130 millones y contrató a 133 personas. La mujer recibió una pena de 10 años. Mientras que los tres restantes recibieron sentencias por cuatro años. Se trata de Emel Antonio Rodríguez Amaya, señalado de contratar 672 personas para el subprograma de salud mental por $1.230 millones; Mayerlis Soto Carrillo, involucrada en la celebración de seis contratos con el Hospital de Albania por $1.269 millones. A su vez, subcontrató a 244 ciudadanos y Yira Patricia Montaño Manjarrez, quien contrató 244 personas y cobró $1.203 millones.
Por estos hechos de corrupción, en el radar de la Fiscalía también estuvo Emerson Segundo Pinto Camargo, exsecretario de salud de Albania, quien fue condenado, en febrero pasado, a tres años y un mes de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público.
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